Bolaños aumenta un 67% el gasto destinado a la destrucción de documentos confidenciales

El Ministerio de la Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, que capitanea Félix Bolaños, ha puesto en marcha un nuevo contrato para la recogida de residuos y destrucción de documentación confidencial en sus sedes centrales. Su coste supone un incremento relevante con respecto a ejercicios anteriores, según ha constatado THE OBJECTIVE. El expediente, con un valor estimado de 347.243 euros sin IVA —hasta 375.000 euros con impuestos y prórrogas—, contempla una duración inicial de 12 meses y la posibilidad de extenderse hasta tres años adicionales. Esto sitúa el coste anual en el entorno de los 93.000 euros y un aumento del 67% frente a los contratos previos, que se movían en el entorno de los 50.000-60.000 euros anuales.

La tramitación parte de la Subsecretaría del Ministerio de la Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes y se articula a través de la Dirección General de Servicios y la Oficialía Mayor, unidades encargadas de la gestión interna de los edificios, los recursos materiales y los servicios generales.

El servicio para eliminar documentos confidenciales se prestará en 13 sedes situadas en la Comunidad de Madrid, entre ellas varios inmuebles de la calle San Bernardo, así como dependencias en Marqués de Duero, Bolsa, Jacinto Benavente, Ocaña, Ayala, Luis Cabrera, Alberto Bosch y la Avenida de Burgos, además de instalaciones en Torrelaguna. Se trata, en su mayoría, de edificios administrativos vinculados históricamente al área de Justicia, donde se concentra una parte significativa de la actividad ordinaria del Departamento.

Falta de medios en el ministerio de Bolaños

El objeto de la licitación va más allá de la destrucción de documentos e incluye la recogida selectiva, el transporte, el almacenamiento, la clasificación y el tratamiento de residuos tanto peligrosos como no peligrosos generados por la actividad de estas sedes. El servicio prevé, por ejemplo, retiradas periódicas de documentos sensibles —con una frecuencia mínima de una cada dos semanas—, su traslado a plantas autorizadas y la emisión de certificados que acrediten tanto la destrucción como el reciclaje del material resultante.

La memoria justificativa del contrato subraya la necesidad de esta contratación en términos normativos y operativos. El ministerio de Bolaños debe cumplir con la legislación vigente en materia de residuos, tanto estatal como autonómica, y garantizar el tratamiento adecuado de los materiales generados en sus dependencias. La Oficialía Mayor certifica en el expediente que no dispone de personal ni de recursos materiales suficientes para asumir directamente estas funciones, que requieren perfiles especializados inexistentes en la plantilla actual. Esta declaración de insuficiencia constituye el fundamento jurídico para la externalización del servicio y evidencia una dependencia estructural de proveedores externos en un ámbito sensible.

Aunque la destrucción de documentación y la gestión de residuos no son servicios nuevos en el ministerio, su contratación se había realizado tradicionalmente mediante expedientes de menor dimensión, centrados en prestaciones más acotadas. Los importes anuales se situaban en niveles significativamente inferiores y el alcance no incluía de forma integrada todas las categorías de residuos ni un número tan elevado de sedes. El nuevo contrato unifica y amplía estas funciones.

Información confidencial y sensible

El expediente del ministerio de Bolaños se tramita por procedimiento abierto, lo que en teoría favorecerá la concurrencia, aunque la experiencia reciente en la contratación pública apunta a una participación limitada en este tipo de servicios especializados. La combinación de requisitos técnicos, cobertura geográfica y exigencias normativas tiende a concentrar la oferta en un número reducido de operadores, lo que reduce la presión competitiva sobre los precios. Este patrón, identificado de forma recurrente en distintos ámbitos de la contratación estatal, adquiere especial relevancia cuando se trata de servicios vinculados a la gestión de información sensible o a infraestructuras administrativas críticas.

El adjudicatario deberá llevar un registro detallado de los residuos gestionados, incluyendo su origen, naturaleza, destino y método de tratamiento, y mantener esa documentación a disposición de las autoridades competentes durante un periodo de al menos cinco años. En el caso de la documentación confidencial, el pliego de Bolaños exige sistemas de recogida mediante contenedores cerrados, precintados en el momento de la retirada y trazabilidad completa hasta su destrucción final, en línea con la normativa de protección de datos y de seguridad de la información.

En los últimos meses, la gestión de contratos públicos y de determinados documentos ha estado bajo un escrutinio creciente a raíz de distintas investigaciones judiciales y policiales relacionadas con adjudicaciones y sobrecostes en otros ámbitos de la Administración. Sin establecer una relación directa con este expediente, la coincidencia temporal refuerza la importancia de los mecanismos de transparencia, concurrencia y control en la contratación pública, especialmente cuando afecta a servicios recurrentes y a la gestión de documentación sensible.

Externalización de servicios

El nuevo contrato del departamento de Bolaños refleja un cambio de presupuesto y de enfoque en la gestión interna del ministerio. La integración de servicios, la ampliación del número de sedes y la previsión de una duración de hasta cuatro años apuntan a una estrategia de estabilización y aseguramiento de estas prestaciones. Al mismo tiempo, el reconocimiento de la falta de medios propios confirma que la externalización no es una solución coyuntural, pese a lo sensible del material, sino una parte central del modelo.