Exteriores ha destinado más de 5,2 millones de euros a combatir la corrupción en Mozambique
La Aecid ha puesto en marcha cinco expedientes desde 2022 para externalizar la gestión y seguimiento de programas
La presidenta de Aecid, Eva Granados, y el ministro de Exteriores, José Manuel Albares. | Aecid
El Ministerio de Asuntos Exteriores, a través de la Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo (Aecid), ha destinado más de 5,2 millones de euros a contratos diseñados para luchar contra la corrupción en Mozambique, según los expedientes publicados en la Plataforma de Contratación del Sector Público analizados por THE OBJECTIVE. Las adjudicaciones, que comenzaron en 2022, forman parte de un mismo programa de cooperación internacional, pero se han articulado mediante contratos independientes que cubren funciones recurrentes de coordinación, seguimiento, comunicación y asistencia técnica.
En 2022 se formalizaron dos contratos, los mismos que en 2023. Este último año los importes sumaron 2,9 millones. Mientras, en 2026 se ha adjudicado un nuevo expediente por 1,13 millones. En conjunto, cinco contratos vinculados al proyecto «Apoyo al combate a la corrupción en Mozambique», gestionados por la Aecid a través de su Oficina Técnica en el país africano.
El diseño de estos contratos responde a un modelo externalizado en el que la Administración no ejecuta directamente las actuaciones, sino que delega la estructura operativa del proyecto en terceros. Las prestaciones contratadas para luchar y cooperar contra la corrupción son de carácter técnico e intelectual —planificación, gestión, evaluación o supervisión—, lo que implica que una parte sustancial del gasto se destina a sostener el funcionamiento del propio programa. La documentación oficial reconoce expresamente la falta de medios internos, lo que convierte la contratación externa en un elemento estructural, no excepcional.
Corrupción en España
Este enfoque se refuerza con un sistema de adjudicación en el que predominan los criterios cualitativos frente al precio. La experiencia del equipo, la metodología o la capacidad de gestión concentran la mayor puntuación, ampliando el margen de discrecionalidad en la selección de adjudicatarios y reduciendo la presión competitiva, especialmente en contratos que se repiten sobre un mismo proyecto.
El programa contra la corrupción acumulaba retrasos de hasta 24 meses antes de su reactivación, lo que sitúa la contratación externa como una herramienta para reconducir su ejecución y cumplir con los compromisos adquiridos con la Unión Europea. En la práctica, la asistencia técnica no solo ejecuta el proyecto, sino que permite sostener su viabilidad operativa.
Este patrón no es aislado dentro de la cooperación española. Distintos análisis han señalado problemas recurrentes de planificación, fragmentación del gasto y debilidad en los mecanismos de control. La sucesión de contratos para funciones similares y la dependencia de estructuras externas configuran un modelo en el que la ejecución se apoya en capas de gestión más que en intervención directa.
La gestión de la Aecid
El propio Tribunal de Cuentas ha puesto el foco en la gestión de la Aecid en sus fiscalizaciones recientes, donde advierte de carencias en la planificación estratégica, debilidades en los sistemas de seguimiento y una limitada evaluación de resultados en los proyectos de cooperación. Sus informes señalan dificultades para medir el impacto real de las actuaciones financiadas, así como insuficiencias en los mecanismos de control interno, lo que reduce la capacidad de verificar si los fondos ejecutados cumplen de forma efectiva los objetivos previstos.
El alcance del gasto asociado al programa no se limita a los grandes contratos de asistencia técnica. La cooperación española ha financiado también actuaciones complementarias de menor escala. Así, hay ayudas a proyectos audiovisuales vinculados a Mozambique —entre ellas, subvenciones cercanas a 80.000 euros para producciones cinematográficas—. Aunque su peso presupuestario es reducido frente al volumen total, este tipo de iniciativas refleja cómo los fondos se distribuyen en múltiples instrumentos, no siempre directamente alineados con los objetivos estructurales del programa.
A esta dinámica se suma la limitada eficacia de los mecanismos de supervisión. El Tribunal de Cuentas ha advertido de forma reiterada del bajo grado de cumplimiento de sus recomendaciones, en torno al 30%, lo que evidencia una capacidad reducida para corregir deficiencias en la gestión del gasto público. Esta debilidad condiciona la eficacia real de los proyectos financiados.
Contratación pública
Los informes de supervisión de la contratación pública apuntan además a riesgos asociados a la baja concurrencia y al peso de los criterios subjetivos. Cuando estos factores se combinan con la reiteración de adjudicaciones sobre un mismo programa, el sistema tiende a consolidar relaciones continuadas con determinados adjudicatarios, reduciendo la competencia efectiva y desplazando la evaluación hacia el cumplimiento formal de los procedimientos.
El conjunto de los expedientes analizados refleja así un modelo de ejecución intensivo en asistencia técnica, fragmentado en contratos sucesivos y dependiente de estructuras externas. Aunque este esquema permite desplegar proyectos complejos en el corto plazo, reproduce debilidades de planificación y control ya señaladas por los órganos de supervisión y limita la capacidad de traducir el gasto en resultados medibles sobre el terreno.