La Fiscalía sitúa al marido de una edil del PSOE como cabecilla de la compra de votos en Sevilla
Solicita la imputación de la teniente de alcalde de Albaida del Aljarafe (Sevilla), cercana a María Jesús Montero
Rocío López, actual concejala en el Ayuntamiento de Albaida del Aljarafe, junto a María Jesús Montero.
El cerco judicial sobre el presunto fraude electoral en Albaida del Aljarafe (Sevilla) se estrecha y apunta ya a una estructura perfectamente definida. La Fiscalía ha dado un paso más en la investigación y sitúa al marido de la teniente de alcalde socialista, Rocío López, como principal responsable de la trama. En un escrito al que ha tenido acceso THE OBJECTIVE, el Ministerio Público no deja lugar a dudas sobre su papel: B.D.A., actualmente imputado, estaba «a la cabeza de una trama de compra de votos por correo que afectaría a varios vecinos de la localidad». La acusación fiscal refuerza así la tesis manejada desde hace meses tanto por la Guardia Civil como las acusaciones personadas en la causa: que el presunto amaño del voto por correo en las elecciones municipales de 2019 no fue un hecho aislado ni fruto de irregularidades puntuales, sino el resultado de un mecanismo organizado con reparto de funciones y objetivos concretos.
El avance de la investigación ha ido dibujando un esquema en el que el papel de B.D.A. resulta central. Según los investigadores, sería el encargado de captar a los votantes, gestionar la documentación y garantizar que los sufragios terminaran beneficiando al PSOE. Todo ello, presuntamente, a cambio de promesas de empleo público que en muchos casos nunca llegaron a materializarse. Uno de los testimonios clave que sustentan esta línea de investigación es el de un joven vecino del municipio, cuya declaración ante la Guardia Civil fue adelantada por este periódico. Su relato encaja con el patrón descrito por los agentes y aporta detalles concretos sobre el funcionamiento de la supuesta trama.
Según explicó, fue contactado con una oferta clara: un contrato de trabajo en el Ayuntamiento a cambio de ceder su voto por correo. La operativa, según su testimonio, era sencilla y no requería siquiera su presencia en una oficina de Correos. Bastaba con entregar la documentación. «Me ofreció un puesto de trabajo en el Ayuntamiento por tiempo de un mes, a cambio de firmar el impreso de voto por correo a favor del PSOE», declaró sin titubeos. A partir de ese momento, su participación en el proceso electoral terminó. Según afirmó, nunca llegó a votar personalmente: lo hizo un tercero por él, utilizando su documentación.
El atestado elaborado por la Unidad Orgánica de Policía Judicial de la Guardia Civil recoge con precisión este testimonio. En él se detalla cómo el joven entregó su DNI y la documentación firmada a B.D.A., quien se encargó de tramitar todo el proceso. Los agentes sintetizan su declaración de forma clara: «Expone que no votó personalmente en ningún momento. Manifiesta que B.D.A. le ofreció un puesto de trabajo en el Ayuntamiento por tiempo de un mes, a cambio de firmar el impreso de voto por correo a favor del PSOE». El informe añade un elemento relevante, que «entregó toda la documentación firmada, junto con su DNI original, a B.D.A., quien se lo devolvió dos días después». El propio testigo confirmó que no acudió a Correos en ningún momento, lo que supone una vulneración directa de los requisitos legales para el voto por correo.
La promesa de empleo, además, nunca se cumplió. Según relató ante los investigadores, en un primer momento le indicaron que debía esperar a que surgiera una vacante que nunca se materializó. Finalmente, encontró trabajo por su cuenta, sin intervención del Ayuntamiento. Cuando los agentes le preguntaron si había gestionado personalmente su voto, su respuesta fue tajante: «Toda la documentación se la dio a B.D.A. en mano, junto con su DNI. Él gestionó todo. Yo no fui a Correos ni voté personalmente». Frente a estas acusaciones, B.D.A. ha negado cualquier implicación. En su declaración ante la Guardia Civil —en calidad de investigado y, por tanto, pudiendo faltar a la verdad— aseguró que nunca ofreció empleo alguno a cambio de votos, que no habló con el testigo de cuestiones políticas y que no gestionó documentación electoral. También subrayó que su puesto en el Ayuntamiento —oficial de primera en Jardinería— no le otorgaba capacidad para ofrecer contratos.
Sin embargo, tanto los investigadores como la Fiscalía sostienen una versión muy distinta. Para el Ministerio Público, su papel dentro de la trama no solo existió, sino que fue determinante. La expresión utilizada en el escrito —«a la cabeza de una trama»— refleja el grado de responsabilidad que se le atribuye. El foco no se limita únicamente a su figura. La Fiscalía también ha solicitado la imputación de su esposa, Rocío López, teniente de alcalde del municipio y dirigente próxima al entorno de María Jesús Montero. La acusación considera que existen indicios suficientes para que responda ante el juez por su presunta participación en un sistema diseñado para alterar el voto por correo.
Uno de los elementos que más ha comprometido la defensa de la edil es el destino de las solicitudes de voto. Según la investigación, numerosos envíos no se dirigían al domicilio de los electores, sino a la vivienda particular que comparte con su marido. Este hecho, considerado clave por los investigadores, se ha interpretado como una prueba de control sobre el proceso. Las solicitudes de voto de ciudadanos que no residían en ese domicilio terminaban concentrándose en el mismo punto, lo que permitiría gestionar de forma centralizada la documentación electoral.
El caso de otro testigo, identificado como F.M.P., ha resultado especialmente revelador. Este ciudadano, que residía fuera del municipio, declaró ante la jueza que su documentación electoral acabó en el buzón de la edil. La explicación ofrecida para justificar esta situación fue que el votante «no quería que los papeles llegaran a casa de su exmujer». Para los investigadores, este argumento no hace sino evidenciar el funcionamiento de la trama. La centralización de los votos en un domicilio particular habría permitido controlar todo el proceso, desde la recepción de la documentación hasta su posterior tramitación. Mientras tanto, la causa sigue abierta y a la espera de nuevas diligencias. La posible imputación de la teniente de alcalde y la consolidación de la figura de su marido como supuesto cabecilla marcan un punto de inflexión en la investigación.