El Gobierno se niega a desvelar el contrato de alquiler de los edificios de la SEPI que usa el IE

Los muros de la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI) no solo son de hormigón, sino de una opacidad administrativa que choca frontalmente con las promesas de regeneración democrática del Ejecutivo. Según ha podido confirmar THE OBJECTIVE, el Gobierno, a través del Portal de Transparencia, ha decidido ocultar el contrato de arrendamiento que vincula a la empresa pública con el Instituto de Empresa (IE), la entidad que contrató a la mujer del presidente, Begoña Gómez, apenas dos meses después de que Pedro Sánchez se instalara en la Moncloa.

La negativa no es una cuestión de forma, sino de fondo. En una resolución a la que ha tenido acceso este periódico, el organismo deniega la luz sobre las condiciones de alquiler del llamado Campus Velázquez —un complejo de edificios públicos en la cotizada calle María de Molina de Madrid— bajo un argumento que las fuentes consultadas tildan de «pobre excusa»: que la publicidad de estos datos «afecta fundamentalmente a los intereses económicos y comerciales de Sepides» y que desvelar las cifras podría comprometer la «estrategia de comercialización» de la entidad.

Sin embargo, tras ese parapeto burocrático se esconde una realidad que ocho fuentes distintas de la sociedad estatal califican de «trato de favor escandaloso». Una investigación de este diario, que se ha prolongado durante más de dos años, apunta a que el IE no solo disfrutó de la cercanía de la mujer del presidente como directora del IE Africa Center, sino de una bonificación en el uso de suelo público que ninguna otra empresa privada logró durante lo peor de la pandemia.

El «precio irrisorio» y el factor Begoña Gómez

Mientras el país se encontraba sumido en la incertidumbre del confinamiento, la SEPI, dependiente del Ministerio de Hacienda de María Jesús Montero, permitía una «revisión sustancial» de las rentas del IE. Dos expresidentes del ente público y varios directivos de Sepides confirman a este periódico que el precio pasó de los 23 euros por metro cuadrado a «un precio escandaloso de cuatro euros». La diferencia se traduce en un agujero para las arcas públicas de aproximadamente medio millón de euros al mes; unos cinco millones de euros anuales que el Estado dejó de percibir en beneficio de la escuela de negocios. «Lo alquiló por un precio irrisorio», confiesa un alto directivo de la SEPI a este periódico. Esta quita, según las mismas fuentes, fue una «imposición» política que se fraguó durante la presidencia interina de Bartolomé Lora, el hombre que guardaba el sitio a Vicente Fernández Guerrero, el fiel escudero de Montero que tuvo que apartarse temporalmente por sus líos judiciales.

La resolución de Transparencia adquiere relevancia tras las declaraciones de Víctor de Aldama en el Tribunal Supremo, que ha desvelado la intrahistoria de los terrenos de María de Molina. Según Aldama, el asesor de José Luis Ábalos, Koldo García, le dio una orden directa y tajante: debía parar la compra de los terrenos de la SEPI por los que él ya había registrado una oferta de 250 millones de euros.

El motivo, según el testimonio de Aldama, era que la mujer del presidente, Begoña Gómez, «los quería para ella». No para su patrimonio personal, matizan las fuentes, sino para blindar la permanencia y consolidación del Instituto de Empresa en esos inmuebles. «Me llamó Koldo y me dijo que teníamos que retirarla», aseguró Aldama ante el juez, evidenciando que el aparato del Estado trabajó para que el IE no tuviera que competir con ofertas privadas que pusieran en riesgo su campus estrella. A finales de 2018 o principios de 2019, Koldo ya había advertido a Aldama de que el Complejo Campos Velázquez iba a salir a la venta tras una llamada de María Jesús Montero a Ábalos. El interés de la «mujer del jefe» fue el muro infranqueable que frenó cualquier operación de mercado convencional.

La investigación de este diario apunta directamente a la estructura de poder diseñada por la vicepresidenta María Jesús Montero. Quien firmó la modificación a la baja de los contratos de alquiler fue Antonio Cervera, entonces presidente de Sepides. Cervera no es un técnico cualquiera, sino un hombre de la absoluta confianza de Montero, con quien ya trabajó en la Junta de Andalucía como director general de Patrimonio. El premio a la gestión de Cervera llegó en 2023, cuando Montero lo promocionó a director general de Costes de Personal en el Ministerio de Hacienda. Es este círculo de confianza andaluz el que ha gestionado el patrimonio inmobiliario del Estado durante los años en que Begoña Gómez ejercía como pieza clave en el IE. Cabe recordar que Sepides fue una de las entidades registradas por la UCO en diciembre de 2025 tras la detención de Vicente Fernández Guerrero, otro de los peones de Montero en el tablero público.

La contradicción del IE y el «error» de Transparencia

Ante la gravedad de los datos, el Instituto de Empresa ha intentado sofocar el incendio negando la rebaja. Según su versión oficial, solo se produjeron modificaciones ligadas al IPC y lo que recibieron fue «un crédito de 5 millones de euros al 5% de interés» que cancelaron a finales de 2020. Admiten que solicitaron una moratoria ante la imposibilidad de pagar los «cerca de 90 millones de euros anuales» que abonan como principal inquilino de Sepides, pero sostienen que la carencia les fue denegada. Esta versión choca frontalmente con el testimonio de las ocho fuentes de la SEPI consultadas por THE OBJECTIVE, que hablan de una quita real y efectiva en el precio por metro cuadrado. Pero hay un detalle en la resolución de Transparencia que resulta, cuando menos, llamativo.

Pese a denegar el contrato, el informe de Transparencia incluye una anotación que parece un intento de blindaje preventivo: afirma que los alquileres de los bloques III, IV y VI del Complejo Campos Velázquez, con una superficie de 21.000 metros cuadrados, «están en condiciones de mercado y sujetos a revisiones periódicas». Una afirmación que, a ojos de exdirectivos de la SEPI, es una «media verdad» que oculta la excepcionalidad de lo ocurrido en los años 2020 y 2021.