El presunto testaferro de Zapatero cobró del chavista señalado por financiar el PSOE

La investigación judicial de los cobros del expresidente José Luis Rodríguez Zapatero conecta con la presunta financiación irregular del PSOE, según los indicios que obran en ambas causas y los testimonios de fuentes directas recabados por THE OBJECTIVE. Según el auto judicial al que ha tenido acceso este periódico, la empresa Softgestor SL se encuentra en el epicentro de un cruce de transferencias y contratos bajo sospecha que conectan con el empresario venezolano Francisco Flores. Este banquero chavista está vinculado a la operativa empresarial diseñada para financiar presuntamente a la formación socialista, según detalló en sede judicial el empresario Víctor de Aldama y que aparece reflejada en el sobre entregado al magistrado de la Audiencia Nacional Ismael Moreno.

La secuencia aparece reconstruida en informes bancarios, facturas y movimientos mercantiles incorporados al procedimiento judicial. Primero llegan las transferencias desde sociedades públicas venezolanas. Después, el dinero circula entre cuentas españolas vinculadas a una pequeña empresa de consultoría. En el centro de la investigación figura Softgestor SL, una sociedad prácticamente desconocida para el gran público hasta ahora, pero que los investigadores sitúan dentro del ecosistema empresarial conectado al entorno del expresidente José Luis Rodríguez Zapatero y sus relaciones con el chavismo. El magistrado detalla minuciosamente la estructura societaria de la mercantil: «Por lo que a Softgestor se refiere, sus participaciones sociales se reparten entre el administrador único de la mercantil desde su constitución, Carlos Alberto Parra Delgado (65%), y Óscar Fernández García (35%). Sus principales clientes son Bautista Managements LC (100.957,85 euros), Grupo Multiobras M 7 CA (74.870 euros) y FVF Operaciones Globales LS (46.374,16 euros)».

El rastreo de los movimientos bancarios desvela que la entidad recibió fondos de procedencia bajo sospecha para, de inmediato, desviarlos a terceros. El auto judicial constata de forma taxativa que: «En las cuentas bancarias de Softgestor, en fechas 30.10.2020 y 16.09.2021, recibe dos transferencias por importe de 72.600 euros cada una. En cuanto a sus pagos, en el periodo de 2020 a 2024, tienen como destinatarios a Análisis Relevante, por un importe de 145.200 euros (72.600 euros en 2020 y 72.600 euros en 2021); y a Carlos Alfonso Para Delgado, hermano del administrador único Carlos Alberto Para Delgado, por un importe total de 86.756,83 euros».

Contratos clonados idénticos a los de Plus Ultra

La investigación ha destapado además un minucioso intercambio de archivos y contratos de asesoría que los investigadores consideran una mera pantalla para justificar el movimiento del dinero. Tras el volcado de los terminales telefónicos, los agentes han localizado una serie de conversaciones clave entre Julio Martínez Martínez y un contacto guardado en su agenda como «Fco Flores». El 13 de octubre de 2020, Martínez envió un archivo denominado «Contrato AR 15-10-2020.pdf».

Un documento que contenía los datos de la intermediaria Análisis Relevante SL, de Julio Martínez, pero que inicialmente ocultaba el destinatario. Lo más escandaloso para la instrucción es el objeto de dicho contrato, redactado de forma idéntica a los que la trama utilizó con la polémica aerolínea Plus Ultra: «incluye la entrega de un informe mensual sobre las claves relevantes de la situación política, económica y social en el mundo, asesoramiento continuado sobre distintos países y organizaciones internacionales, así como sobre sus políticas concretas (…), asesoramiento continuado en materias relacionadas con la preparación de discursos y presentaciones, siendo idéntica a la de los contratos suscritos entre Análisis Relevante y Plus Ultra». Apenas unos días después, el 18 de octubre de 2020, Francisco Flores devolvió el contrato ya cumplimentado a nombre de Apamate Corporate And Trust, otra firma controlada por el propio Carlos Alberto Parra Delgado, con unos honorarios fijados en euros.

El auto judicial revela cómo se ejecutó la triangulación del dinero de forma inmediata. El 22 de octubre de 2020, Flores envió un nuevo contrato de contenido idéntico, pero situando esta vez a Softgestor como la receptora del servicio. Solo ocho días después, la maquinaria financiera se activó: «El 30.10.2020 Análisis Relevante LS recibe una transferencia por importe de 72.600 euros, cuyo ordenante es Softgestor, constando en el concepto ‘factura 01SG-2020’». Sin embargo, el rastro bancario deja al descubierto las incoherencias de la trama. A pesar de los contratos cruzados, el juez destaca que «en las cuentas bancarias de Análisis Relevante no se detecta transferencia con origen en Apamate». La operativa continuó meses después, en abril de 2021, cuando Julio Martínez remitió a Francisco Flores una nueva factura emitida por Análisis Relevante y dirigida a Softgestor, consolidando un modus operandi que la Justicia ya investiga como una pieza clave de la financiación chavista en España.

Esta reactivación de las pesquisas coincide con un giro inesperado: la muerte a los 55 años de Francisco Flores, el empresario y banquero venezolano estrechamente vinculado a la narcodictadura de Nicolás Maduro. El deceso fue anunciado por el grupo empresarial Kingdom, la fundación ligada a este chavista, que ha explicado con misticismo que el empresario «ha sido llamado a presencia de Dios». Tal y como adelantó El Español, según declaró Aldama ante el juez, este empresario venezolano, presuntamente relacionado con el narcotráfico, contaba con la autorización necesaria para gestionar los cupos de petróleo de PDVSA.

Flores se encontraba en el punto de mira de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil. Las pesquisas policiales le situaban en la cúspide de la presunta financiación ilegal del PSOE a través del negocio del petróleo, una vía de desvío de fondos que, según los indicios recabados por los investigadores y el testimonio de Víctor de Aldama, se utilizó presuntamente para regar de dinero al Partido Socialista y al propio expresidente del Gobierno José Luis Rodríguez Zapatero.

La red de conexiones que desvela esta investigación político-judicial se extiende de forma directa hasta los despachos más influyentes de Caracas y Madrid. Según ha podido saber THE OBJECTIVE, Carlos Alberto Parra Delgado figura formalmente como apoderado de la sociedad FVF Operaciones (con sede en la calle Mar de Kara, 17). Esta compañía no es una pieza cualquiera: se trata de una filial controlada al 100% por la Federación Venezolana de Fútbol (FVF), un organismo bajo la presidencia de Jorge Andrés Giménez Ochoa. Las conexiones personales de Giménez Ochoa resultan críticas para entender el alcance de la trama, dada su extrema cercanía con Yussef Abou Nassif, actual novio de la vicepresidenta venezolana Delcy Rodríguez. Cabe recordar que Giménez Ochoa formó parte del núcleo duro que acompañó a la dirigente chavista en su viaje a España en enero de 2020, ignorando la prohibición expresa de entrada que pesaba sobre la mandataria en todo el espacio europeo y dando origen al Delcygate.