La Fiscalía pide imputar a una concejal del PSOE cercana a Montero por fraude electoral
Solicita que se le efectúe una prueba caligráfica por haber intervenido presuntamente en el amaño de 2019
Rocío López, actual concejala en el Ayuntamiento de Albaida del Aljarafe, junto a María Jesús Montero.
La Justicia ya no espera al PSOE. La Fiscalía ha dado un golpe de mano en la investigación sobre el presunto fraude electoral en Albaida del Aljarafe y ha solicitado formalmente la imputación de Rocío López, teniente de alcalde y pieza clave del engranaje socialista en Sevilla. El Ministerio Público no solo apunta a la sospecha, sino que reclama medidas contundentes: ha exigido una prueba caligráfica para determinar si la propia concejal fue quien de puño y letra intervino en la tramitación irregular de al menos 32 solicitudes de voto por correo destinadas a dopar los resultados de los socialistas en 2019.
El cerco judicial sobre López, una edil estrechamente vinculada a la guardia de corps de María Jesús Montero, se ha vuelto asfixiante. Según el escrito al que ha tenido acceso en exclusiva THE OBJECTIVE, la fiscal del caso ve indicios de criminalidad lo suficientemente sólidos como para que la concejal de Educación, Festejos, Turismo y Patrimonio responda ante el juez por haber pilotado una maquinaria diseñada para burlar los controles del sistema electoral.
El rastro de los votos: directos al domicilio de la edil
La clave que ha hecho saltar por los aires la defensa socialista es de una torpeza administrativa de dimensiones épicas: los votos viajaban directamente al salón de casa de la edil. Según el escrito al que ha tenido acceso en exclusiva THE OBJECTIVE, la investigación ha confirmado que solicitudes de sufragio de ciudadanos que ni siquiera residían en su vivienda tenían como destino consignado el domicilio particular que comparten Rocío López y su marido, B.D.A.
El caso del testigo F.M.P. es el hilo del que ha tirado la Justicia para desenredar la madeja. Este ciudadano, que residía a más de 50 kilómetros de Albaida tras separarse de su pareja, declaró ante la jueza que su documentación electoral terminó en el buzón de la edil. La justificación para esta carambola logística fue que el votante «no quería que los papeles llegaran a casa de su exmujer». Una excusa que sirvió para que el matrimonio López-D.A. centralizara en su propia mesa camilla la soberanía popular de terceros.
Pero el hedor de la trama se vuelve insoportable cuando entra en juego el factor de la necesidad. La Guardia Civil ha desbrozado un escenario propio de las redes clientelares más oscuras: se buscaba a personas en situación de extrema vulnerabilidad y desempleo para ofrecerles el «oro y el moro» —concretamente contratos de trabajo en el Ayuntamiento— a cambio de entregar su DNI y su papeleta. Un joven testigo relató ante los agentes de la Benemérita un testimonio que pone los pelos de punta: ni siquiera tuvo que pisar una oficina de Correos. Le bastó con entregar su identificación y firmar unos documentos que le puso delante el marido de la edil —imputado en el procedimiento— para que el resto del proceso fuera «gestionado» íntegramente por terceros vinculados al partido. Los investigadores sostienen que esta práctica no fue un hecho aislado, sino un mecanismo sistemático diseñado para burlar los controles del sistema electoral.
El premio del sanchismo: ascenso y foto con Montero
Lo que en cualquier formación política con un mínimo de higiene democrática habría supuesto el cese fulminante, en el PSOE de Sevilla se ha traducido en un ascenso meteórico. Lejos de apartar a la investigada, el partido decidió premiarla en su último Congreso Provincial nombrándola secretaria de Infancia en la nueva ejecutiva provincial. La decisión ha generado un profundo malestar institucional, pero el PSOE ha preferido redoblar la apuesta. La imagen de Rocío López, sonriente y en primera línea de combate junto a la vicepresidenta del Gobierno, María Jesús Montero, es la metáfora perfecta del blindaje sanchista. Una foto que hoy, tras la petición de imputación de la Fiscalía, adquiere un tinte de absoluta temeridad política y ha sido interpretada por la oposición como un gesto de impunidad ante hechos de extrema gravedad.
Mientras la jueza instructora recaba pruebas caligráficas para verificar si la letra de la teniente de alcalde manchó las solicitudes bajo sospecha, la Policía Judicial ha detectado que este modus operandi podría no ser exclusivo de Sevilla. Se investigan prácticas similares en Almería, Murcia, Tenerife, Melilla y Ciudad Real, donde el patrón se repite con una precisión matemática: captación de votantes vulnerables, gestión opaca en Correos y cargos públicos pilotando la operación. En Albaida del Aljarafe, la Justicia ya le ha pedido el carné a la edil que prefería que los votos, en lugar de en las urnas, descansaran en su mesilla de noche. Con la Fiscalía pidiendo su imputación inmediata, el PSOE se enfrenta ahora al espejo de sus propias promesas de regeneración, mientras el cerco sobre Rocío López se cierra definitivamente.