El Gobierno repartió en 2025 más de 1,6 millones de euros a «Indígenas en América»

En la actividad frenética de reparto de dinero público en la que se ha enfrascado la Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo (Aecid) desde la llegada de Pedro Sánchez al poder he podido detectar que, a pesar de que países como EEUU o Suecia han emprendido labores auditoras y recortes en su actividad de cooperación, año tras año en España se vende como un logro aumentar la milmillonaria cantidad que se destina (presuntamente) a este menester. El año pasado, más de 4.500 millones de sus impuestos, y subiendo.

Una de las secciones, o más bien pretextos, usados por esta agencia para repartir dinero por el mundo alude a una condición racial humana etérea denominada por la propia agencia «Plan Indígena». Este plan, definido por la propia Aecid en términos inconcretos, pretende garantizar no se sabe qué derechos fundamentales en estos grupos humanos. El dinero que supuestamente va a estos grupos humanos se canaliza a través de una variada red de entes públicos y privados entre los que destacan las ONG.

Veamos algunos ejemplos de estas partidas todas de 2025:

1. Formación y capacitación de traductores e intérpretes indígenas. Chiapas, México. 200.000 euros.

2. Fortalecimiento y protección de indígenas LGBTQIA+ pueblo guaraní. Brasil. 150.000 euros.

3. Fortalecimiento integral de capacidades y asesoría legal para líderes y defensoras indígenas. Perú. 150.000 euros.

4. Plan de acción para los pueblos indígenas de Iberoamérica (Fase VI). Todo el Caribe. 355.000 euros.

Podría seguir, pues son muchísimas subvenciones públicas dinerarias sin contraprestación (formato jurídico que se usa para estas donaciones) destinadas a menesteres como los mencionados durante años a este «Plan Indígena». Como curiosidad, he de mencionar que ante una publicación anterior en este medio sobre una de las partidas mencionadas en este artículo, una conocida verificadora certificó que efectivamente la subvención era real y que el ente presuntamente receptor no les había contestado. La situación es tan disparatada que ni los entes afines a la ideología del Gobierno se creen lo que el propio Ejecutivo está haciendo en cooperación.

Pero la clave informativa de toda esta marea de subvenciones que salen de la caja única está en la nula comprobación del envío efectivo ni mucho menos de su posible utilidad a los fines que codifican sus convocatorias. ¿Por y para qué reina esta manifiesta opacidad en todo lo que tiene que ver con el dinero destinado a cooperación internacional para el desarrollo?