El Gobierno ha dado la nacionalidad española a 1,7 millones de extranjeros desde 2018
La vía de residencia concentra el grueso de las concesiones de ciudadanía, mientras la Ley de Memoria aporta 400.000
Félix Bolaños, ministro de Justicia, y Ángel Víctor Torres, responsable de Política Territorial y Memoría Democrática. | EP
Los diferentes gobiernos de Pedro Sánchez han dado la nacionalidad española más de 1,7 millones de extranjeros desde 2018. Este importante volumen de concesiones de nacionalidad suma dos grandes canales de acceso a la ciudadanía que han ganado peso de forma simultánea en los últimos años. El primero, y con diferencia el más relevante, es la nacionalidad por residencia. El segundo, de carácter extraordinario, es el abierto por la Ley de Memoria Democrática para descendientes de españoles exiliados. La nacionalidad, que se puede obtener por varias vías, no solo cambia el estatus legal, también abre la puerta, si se cumplen los otros requisitos, a votar en las elecciones generales.
A este volumen hay que añadir un factor estructural que alimenta el acceso a la nacionalidad por la vía más rápida. Entre 2018 y 2024 se han registrado 165.000 matrimonios mixtos en España —entre españoles y extranjeros—, según el Instituto Nacional de Estadística (INE). Este tipo de uniones permite solicitar la nacionalidad tras un año de residencia frente a los diez exigidos con carácter general, lo que convierte a estos vínculos en un canal directo de entrada al sistema. Aunque no todos derivan automáticamente en concesiones, su magnitud y continuidad en el tiempo refuerzan la tendencia de crecimiento sostenido de las nacionalidades.
Entre 2018 y 2025, las concesiones de nacionalidad por residencia superan 1,3 millones, según el cruce de datos del Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones y del Ministerio de Justicia, analizado por THE OBJECTIVE. La serie muestra un cambio de escala progresivo que culmina en el último tramo. Tras varios años de comportamiento irregular, el sistema encadena desde 2023 más de 200.000 concesiones anuales, con 242.374 en 2023, 221.466 en 2024 y 221.284 en 2025. El promedio del periodo ronda las 165.000 concesiones anuales, pero el ritmo reciente consolida un umbral superior.
Aluvión de solicitudes de nacionalidad
La digitalización del procedimiento, los refuerzos externalizando contratos y los planes de choque han permitido absorber el atasco histórico de expedientes que arrastraba la Administración. Al mismo tiempo, el número de nuevas solicitudes ha crecido de forma sostenida. En 2023 se registraron 199.703 peticiones, que aumentaron a 246.663 en 2024 y alcanzaron 295.107 en 2025, el nivel más alto de la serie. El incremento supera el 70% en tres años y explica la aparición de una nueva bolsa de expedientes en trámite.
A cierre de 2025, el sistema acumulaba 256.393 solicitudes pendientes, concentradas en su mayoría en ese mismo ejercicio. La comparación con las resoluciones permite entender la dinámica. En 2025 se resolvieron 256.219 expedientes, una cifra cercana al volumen pendiente, pero que incluye solicitudes de años anteriores. El dato más significativo es que el sistema es capaz de resolver en un año buena parte de lo que entró el ejercicio previo. De las solicitudes registradas en 2024, apenas 19.230 seguían pendientes un año después. El problema aparece cuando el volumen de entrada supera la capacidad de absorción a corto plazo.
El procedimiento de nacionalidad por residencia está regulado en el Código Civil y exige, con carácter general, diez años de residencia legal continuada. La normativa introduce, sin embargo, reducciones relevantes. Los ciudadanos de países iberoamericanos, Filipinas y Guinea Ecuatorial pueden solicitarla tras dos años de residencia, lo que acelera su acceso al sistema. Otros supuestos, como el matrimonio con un ciudadano español o el nacimiento en territorio nacional, también reducen los plazos.
Requisitos, pruebas y documentos
El proceso administrativo combina verificación documental, acreditación de integración y control de antecedentes. Los solicitantes deben superar pruebas de idioma y conocimientos constitucionales, además de acreditar su residencia legal. La resolución puede ser favorable, denegatoria o derivar en archivo. En 2025, junto a las concesiones, se registraron 24.910 denegaciones y más de 10.000 expedientes archivados, lo que muestra que el sistema no se limita a aprobar solicitudes, sino que aplica un filtro administrativo completo.
A este volumen se añade un segundo canal que amplía de forma sustancial el acceso a la ciudadanía. La Ley de Memoria Democrática ha abierto una vía específica para descendientes de españoles exiliados, gestionada principalmente a través de consulados. El Gobierno sitúa en 400.000 las nacionalidades concedidas por este mecanismo hasta finales de 2025. Se trata de un proceso en curso, con un elevado número de solicitudes -más de 2,3 millones-, diferente al de la nacionalidad por residencia.
El marco migratorio refuerza esta tendencia. La regularización extraordinaria prevista por el Gobierno podría afectar hasta 700.000 personas, que obtendrían autorización de residencia. Este paso es determinante, ya que la residencia legal constituye el requisito previo para solicitar la nacionalidad por esta vía. Si se mantienen los plazos reducidos para determinados colectivos, una parte relevante de ese contingente podrá acceder al procedimiento en un plazo relativamente corto, lo que anticipa un nuevo aumento de las solicitudes.
Otras vías para obtener la nacionalidad
Existen además otras vías de acceso a la nacionalidad, aunque con un peso mucho menor en términos cuantitativos. La nacionalidad por opción beneficia a hijos de españoles o personas bajo su patria potestad. La carta de naturaleza permite concesiones discrecionales en supuestos excepcionales. También existe la adquisición por posesión de estado, de carácter residual. Ninguna de estas modalidades altera el volumen global del sistema, pero completan el marco jurídico del acceso a la ciudadanía.
En paralelo, el acceso a la residencia legal —requisito previo para la nacionalidad por residencia— se ha mantenido en niveles elevados en los últimos años. Instrumentos como la golden visa, basada en inversión, han tenido un impacto limitado en volumen, pero muestran otras vías para obtener residencia y nacionalidad.
La evolución desde 2018 confirma un cambio estructural en la política de nacionalidad en España. La combinación de altos niveles de entrada, plazos reducidos para determinados colectivos y la apertura de nuevas vías extraordinarias ha situado el proceso en una dimensión sostenida y creciente. Las 1,7 millones de nacionalidades concedidas desde que Pedro Sánchez llegó a La Moncloa reflejan un aumento sostenido del ritmo de concesiones, que se mantiene en niveles récord en los últimos ejercicios.