España absorbe 4,7 millones de inmigrantes en cuatro años, los mismos que en toda la burbuja

España ha incorporado 4,7 millones de inmigrantes en apenas cuatro años, una cifra que prácticamente reproduce el volumen registrado durante toda la expansión de la burbuja inmobiliaria, cuando entre 2000 y 2007 llegaron 4,9 millones de personas. Lo que entonces se distribuyó a lo largo de ocho años se ha concentrado ahora en la mitad de tiempo, según se desprende de un reciente informe de BBVA Research analizado por THE OBJECTIVE.

Durante la burbuja inmobiliaria, España incorporó algo más de 600.000 inmigrantes al año. En la etapa actual, esa cifra se ha duplicado. La economía no solo recurre a la inmigración, sino que lo hace con mayor intensidad y en menos tiempo, lo que altera la escala del fenómeno y su impacto sobre el conjunto del sistema económico.

España supera ya los diez millones de residentes nacidos en el extranjero, lo que representa cerca del 20% de la población total si se incluyen los nacionalizados. La población extranjera se ha consolidado como el principal motor del crecimiento demográfico en un país donde el saldo natural —nacimientos menos defunciones— es negativo de forma estructural. Su contribución al empleo, al crecimiento y al relevo generacional resulta clave, aunque el aumento acelerado de población incrementa la demanda de vivienda y de servicios públicos.

Inmigrantes y economía

En términos económicos, la inmigración explica cerca del 47% del aumento del Producto Interior Bruto (PIB) entre 2022 y 2025, según un trabajo reciente del Instituto Santalucía. Sin embargo, este crecimiento no responde tanto a mejoras en la productividad como a la incorporación de más trabajadores al mercado laboral.

Según el propio análisis del Banco de España recogido en el informe de BBVA Research, alrededor del 76% de los puestos de trabajo generados desde 2019 han sido ocupados por personas nacidas fuera de España, confirmando el papel central de estos flujos en la expansión del mercado laboral. Este patrón no solo explica el dinamismo del empleo en los últimos años, sino también la creciente dependencia de la economía de la incorporación de trabajadores extranjeros para sostener su ritmo de crecimiento.

Mientras tanto, la concentración en sectores como los servicios, los cuidados o la hostelería —caracterizados por una menor productividad media— condiciona el impacto del aumento de la población activa sobre el crecimiento. La ampliación del número de ocupados no siempre se traduce en mejoras equivalentes en eficiencia. Aun así, la mayoría de los estudios coincide en que la inmigración no reduce el empleo ni los salarios de los trabajadores nativos en términos agregados.

Más nacionalizados y regularización

El perfil de los flujos también ha evolucionado respecto al ciclo de comienzos de siglo. Si entonces predominaban los inmigrantes vinculados a la construcción, procedentes principalmente de Europa del Este y Latinoamérica, en la etapa actual se observa una mayor diversificación. Marruecos y Rumanía siguen siendo los principales países de origen, pero en los últimos años han ganado peso nacionalidades como Colombia, Venezuela, Perú y Honduras, impulsadas tanto por factores económicos como políticos.

Junto a esto, mientras que durante la burbuja la llegada de inmigrantes fue progresiva, en el periodo 2021-2024 el ritmo se ha acelerado hasta superar el millón anual. Esta velocidad apunta a una mayor dependencia de estos flujos para sostener el equilibrio demográfico y la actividad económica.

A este contexto se suma la evolución del acceso a la nacionalidad. Desde 2018, España ha concedido más de 1,7 millones de nacionalidades por residencia y a partir de la Ley de Memoria Democrática. Solo en 2025 se resolvieron más de 256.000 expedientes, mientras que las solicitudes rozaron las 295.000. A cierre de ese año, el sistema acumulaba más de 256.000 expedientes pendientes, lo que refleja la creciente presión sobre los servicios públicos y la actividad de los funcionarios.

Impacto demográfico

En paralelo, el Gobierno ha activado en 2026 un proceso de regularización dirigido a personas que ya se encontraban en España antes de ese año, con el objetivo de ordenar su situación administrativa y aflorar empleo en la economía sumergida. Las estimaciones disponibles apuntan a que el volumen potencial de beneficiarios podría situarse en varios cientos de miles de personas, en línea con procesos anteriores. Este tipo de medidas suele aumentar la afiliación y la recaudación, aunque también implica un incremento adicional de la población activa y de la demanda de vivienda si no se acompaña de una mayor oferta.

España afronta un envejecimiento sostenido que limita su capacidad de crecer y refuerza la necesidad de recurrir a la inmigración, frente a otras vías. La similitud con el ciclo de la burbuja no está solo en el volumen de entradas, sino en la persistencia de un modelo que se apoya en la incorporación de población para sostener la actividad económica.

La diferencia es que ahora el mismo volumen se concentra en mucho menos tiempo, lo que intensifica los efectos del ajuste y reduce el margen de adaptación del sistema. En ámbitos como la vivienda, donde la oferta no crece al ritmo de la demanda, el impacto del crecimiento demográfico se traslada directamente a los precios y al acceso, especialmente en las zonas con mayor dinamismo económico.