La Policía denuncia «caos» y «problemas de seguridad» en embajadas por la regularización

El proceso que inició hace dos semanas el Gobierno para regularizar a medio millón de personas en situación irregular en España ha mostrado en los últimos días su otra cara. La concentración de miles de personas en las inmediaciones de embajadas, consulados y ONG, que esperan durante horas —incluso días— para conseguir los documentos que exige Migraciones —como el certificado de antecedentes penales o de vulnerabilidad—, ha desencadenado «caos» e «incidentes de orden público» en diversos puntos del país, según denuncian fuentes policiales. Esto ha exigido un refuerzo de agentes para proteger la seguridad de quienes forman las colas y evitar los «enfrentamientos y peleas que ya se han producido en distintos puntos del país».

El caso más llamativo fue el de la embajada de Gambia en Madrid, donde 300 personas esperaban su turno para ser atendidas en un contexto de gran tensión por el escaso margen —48 horas— que había dado el país africano para gestionar las peticiones de sus nacionales. La angustia de los inmigrantes por acceder a las instalaciones obligó a desplegar primero a la Unidad de Intervención Policial (UIP) —los antidisturbios— y, con posterioridad, a la Unidad de Prevención y Reacción (UPR) y al Grupo Operativo de Respuesta (GOR).

El momento de mayor caos se vivió cuando varios de los que esperaban decidieron escalar la sala del recinto diplomático para entrar por la fuerza y pedir su cita para tramitar sus documentos, tal como se advierte en la imagen que ilustra este artículo. Los agentes de la Policía tuvieron que permanecer en la zona durante varios días, porque, ante la previsión de lo que podía suceder, muchos nacionales hicieron noche durante tres jornadas para estar los primeros en la fila de la embajada africana, ubicada en el distrito de Ciudad Lineal.

Colas en Murcia, Elche y Málaga

Situación similar fue la que se vivió en Murcia, frente a las dependencias de una ONG donde se llegaron a concentrar el pasado martes hasta 1.000 personas. Todas ellas buscaban lo mismo: obtener el certificado que acredite su situación de vulnerabilidad. Las discusiones en la cola para ser atendidos obligaron al despliegue de la UPR y otras unidades de refuerzo y al desplazamiento de unidades del Servicio de Urgencias de Atención Primaria (SUAP) de esa ciudad para atender, entre otros requerimientos médicos, un ataque de epilepsia, según informa la Confederación Española de Policías (CEP).

En oficinas de otras ONG en Elche (Alicante) y Málaga, millares de personas también se concentraron para obtener los informes y, aunque no hubo ningún incidente grave, fuentes policiales revelan varias escenas de tensión entre los inmigrantes. En el caso de la sede malagueña, un grupo de inmigrantes intentó saltarse el orden de espera en la fila, lo que provocó altercados entre los congregados. Finalmente, los antidisturbios tuvieron que actuar para restablecer el orden. Por otro lado, la Policía también ha efectuado varias detenciones en los últimos días en peleas o atentados contra agentes de la autoridad. La mayoría de ellos, en las oficinas de Extranjería de Almería.

Falta de efectivos

Los sindicatos policiales denuncian que estas intervenciones para mantener el orden público por la regularización estaban teniendo un «efecto colateral» en el trabajo ordinario policial: que se desvíen recursos humanos «que deberían estar orientados a la prevención de la delincuencia, la investigación de hechos delictivos y el auxilio directo al ciudadano», según el CEP. «Esta reasignación forzada de medios no solo tensiona aún más unas plantillas ya ajustadas, sino que impacta de forma directa en las capacidades de la Policía Nacional. En todo caso, el esfuerzo de los compañeros para proteger la seguridad ciudadana está siendo impecable y digno de reconocimiento de auxilio directo al ciudadano».

A juicio de las organizaciones policiales, las escenas que están viendo durante los últimos días en delegaciones diplomáticas o en organizaciones del tercer sector son el resultado de la «gestión insuficiente» del Gobierno, que «termina trasladando el problema a la vía pública y generando situaciones de riesgo tanto para quienes acuden a estos puntos como para el conjunto de los ciudadanos».

La Policía, al margen de la tramitación

Estos escenarios se producen, además, en un contexto de gran malestar en la Policía tras verse apartada de la tramitación del proceso de regularización. El Ministerio de Migraciones ha decidido externalizar gran parte del proceso. Oficinas de Extranjería —dependientes del departamento dirigido por Elma Saiz—, Seguridad Social y de Correos se encargan de recepcionar solicitudes y verificar requisitos. Después, la UTEX —una oficina centralizada de Migraciones en Vigo para agilizar expedientes de grandes ciudades— es la encargada de resolver todas las solicitudes. 

Las oficinas policiales de extranjería y los profesionales del Cuerpo han quedado apartados de los citados trámites y solo actuarán cuando los funcionarios encargados de verificar la documentación observen algún tipo de anomalía o irregularidad. Una decisión que ha creado malestar en el Cuerpo. A juicio de los sindicatos policiales, este organigrama «supone una desnaturalización del control administrativo, reduce las garantías en un proceso especialmente sensible e incrementa el riesgo de errores, fraudes o deficiencias en la verificación de identidad y antecedentes». 

La Comisaría General de Extranjería y Fronteras, que se encarga, en caso de ser advertida, de verificar posibles falsificaciones de documentos, también está elaborando los informes de antecedentes policiales de cada uno de los solicitantes, tal como exige la norma aprobada por el Gobierno. Para obtener el permiso de residencia es necesario no tener antecedentes penales, es decir, una condena. No obstante, respecto a los policiales, el texto es más ambiguo y dependerá del citado informe y de lo que decida el funcionario de Migraciones.