Tener antecedentes policiales no será causa de exclusión en la regularización de inmigrantes

Tener antecedentes policiales no tendrá como consecuencia automática la denegación de la solicitud de regularización para los inmigrantes. Según el real decreto aprobado el pasado martes por el Consejo de Ministros, el requisito más estricto para acceder al permiso de trabajo y residencia durante al menos un año será contar con un certificado de carencia de antecedentes penales expedido por el país de origen del solicitante. Sin embargo, a la hora de valorar los perfiles de quienes hayan cometido delitos pero no tengan una condena, el texto es más ambiguo.

La novedad que incluye el texto, desconocida hasta el pasado miércoles, cuando se publicó en el Boletín Oficial del Estado, es que supuestamente cada solicitante —que deberá haber residido en el país al menos cinco meses consecutivos antes del 1 de enero de 2026— contará con un informe elaborado por la Policía sobre sus antecedentes. No obstante, la existencia de antecedentes en ese informe «no supondrá, por sí misma y de forma automática, causa de denegación de la autorización», dice Migraciones. En ese caso, prosigue el texto, el órgano competente para tramitar la solicitud valorará de «forma casuística y circunstanciada que la persona extranjera no suponga una amenaza para el orden público, la seguridad interior, la salud pública o las relaciones internacionales de ninguno de los Estados miembros de la Unión Europea».

En otras palabras, una vez valorado ese informe de antecedentes, el funcionario de la Administración —que no agente policial— decidirá si la comisión de unos delitos u otros cumple o no con ese requisito de peligro para la seguridad del país, siempre y cuando el inmigrante cuente previamente con un certificado oficial que demuestre no tener antecedentes penales (condenas) en España y los países donde haya vivido en los cinco años a su entrada a territorio español. En este sentido, el decreto, que no pasará por el Congreso de los Diputados y se activa este jueves, también detalla que deben ser delitos previstos en el ordenamiento jurídico español.

La externalización del proceso

El real decreto aprobado por el Gobierno deja fuera de toda la tramitación de expedientes a la Policía Nacional. El Ministerio de Migraciones ha decidido externalizar gran parte del proceso. Oficinas de Extranjería —dependientes del departamento dirigido por Elma Saiz—, Seguridad Social y de Correos se encargarán de recepcionar solicitudes y verificar requisitos, con la ayuda de Tragsa, empresa pública integrada en la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI). La UTEX —una oficina centralizada de Migraciones en Vigo para agilizar expedientes de grandes ciudades— será la encargada de resolver todas las solicitudes.

De esta forma, salvo futuros cambios, las oficinas policiales de extranjería y los profesionales del Cuerpo quedarán apartados de los citados trámites y solo actuarán cuando los funcionarios encargados de verificar la documentación observen algún tipo de anomalía o irregularidad. Una decisión que ha creado malestar en el Cuerpo. A juicio de los sindicatos policiales, este organigrama «supone una desnaturalización del control administrativo, reduce las garantías en un proceso especialmente sensible e incrementa el riesgo de errores, fraudes o deficiencias en la verificación de identidad y antecedentes». 

Se trata de «una cesión de funciones críticas en materia de seguridad que debería recaer exclusivamente en profesionales cualificados y con experiencia en control migratorio», advierte Jupol, el sindicato mayoritario de Policía. Mandos policiales dudan de la capacidad de los funcionarios de Migraciones para evaluar para cada caso y subrayan a este periódico que el trámite puede convertirse en «coladero de seguridad», más aún cuando el Gobierno permitirá presentar a los solicitantes documentos caducados. «¿Servirá un ticket de compra como medio de prueba? ¿El certificado de antecedentes será auténtico? ¿Sabrán identificar si una factura de teléfono es falsa?», cuestionan estas fuentes.

En paralelo, la Comisaría General de Extranjería y Fronteras, además de investigar posibles falsedades documentales advertidas por otros funcionarios, se encargará de confeccionar los citados informes sobre antecedentes policiales de los solicitantes, aunque la incertidumbre es total, habida cuenta de que todavía no se ha recibido ninguna instrucción de cómo proceder, advierten fuentes policiales. Preocupa sobre todo la celeridad con la que el Gobierno quiere culminar la regularización, en tres meses. Y todo ello mientras las unidades policiales especializadas acumulan meses de saturación por la falta de agentes y la avalancha de trámites, según denuncian las organizaciones policiales. 

La ayuda del Gobierno

Si bien el departamento dirigido por Elma Saiz ha seguido las recomendaciones del Consejo de Estado y va a exigir a todos los solicitantes un certificado oficial expedido por su país de origen, no valdrá en ningún caso una declaración responsable, como sí contemplaban otros borradores del decreto. El Gobierno, en su afán por que la regularización sea masiva, ha ampliado los plazos y tomará partido para acelerar los trámites de los antecedentes.

Esto último implica que si el solicitante no ha conseguido el certificado de antecedentes en un mes desde que lo pide, el Ejecutivo, a través del Ministerio de Presidencia, tratará de recabarlo y tendrá tres meses para ello. Si este intento fracasa, el inmigrante dispondrá de otros 15 días para conseguirlo de nuevo. Aun así, los sindicatos policiales advierten de la complejidad de verificar ciertos certificados oficiales de terceros países en vías de desarrollo.

Deja fuera a los apátridas

El Gobierno ha incluido otra modificación en el decreto, a petición también del organismo presidido por Carmen Calvo, en relación con aquellos aspirantes que habían solicitado en España la protección internacional. Una figura para aquellos ciudadanos extranjeros que huyen de sus países por razones políticas, culturales, de violencia o discriminatorias. En estos casos, el Ejecutivo iba a exigirles renunciar a ese procedimiento para poder optar a la regularización. Un punto que también fue duramente criticado por Interior, habida cuenta de que se trata de dos procedimientos completamente distintos. Ahora, el nuevo texto solo exige que desistan de la petición de asilo si logran previamente el permiso de residencia. 

El texto, por otro lado, ha dejado fuera a la mayoría de los saharauis al no incluir como posibles solicitantes a los apátridas, condición que tienen muchos ciudadanos de la antigua colonia que residen en España. El colectivo sí figuraba en los borradores, pero se cayó del texto definitivo después de que el Consejo de Estado recomendara no incluirlos en la misma disposición que los solicitantes de asilo al tener un estatuto propio. Asociaciones prosaharauis y miembros de Sumar consideran una exclusión intencionada para contentar a Marruecos.

Demostrar el tiempo de residencia

Además de no contar con antecedentes, las otras condiciones que exigirá el Gobierno son más sencillas de cumplir: encontrarse en España antes del 1 de enero de 2026, haber estado al menos cinco meses en el país y cumplir con uno de estos tres requisitos: tener alguna vinculación laboral; vivir con la familia aquí, siempre que esta cuente con menores; o encontrarse en situación de vulnerabilidad, esto es, que sean solicitantes de protección internacional. La forma de demostrar ese tiempo de residencia en el país también ha abierto un gran abanico de posibilidades del que también ha alertado la Policía. 

En primer lugar, porque, frente a lo que recomendó el Consejo de Estado, Migraciones permitirá presentar documentos expirados. De esta forma, el Gobierno seguirá dando como buena la presentación del pasaporte, cédula de inscripción o título de viaje en vigor o caducados, frente a la posición de Interior, que también defendía que en un proceso tan sensible y complejo no convenía añadir más obstáculos. Y en segundo lugar, porque la residencia habitual se podrá acreditar «mediante la aportación de cualquier prueba válida en derecho» con información que permita identificar a la persona que desea obtener los papeles. 

Unas «pruebas» que el decreto aprobado por el Gobierno no concreta y que han dado pie a las mafias a vender todo tipo de documentos que prueben falsamente la residencia de los solicitantes, según advierten fuentes policiales. Valdrán todo tipo de documentos: el padrón, informes de citas médicas, certificados de asistencia a servicios sociales, contratos de alquiler o tarjetas de transporte.