Malestar en la Policía tras ser apartada de la regularización masiva: «Habrá más fraudes»
El área de Elma Saiz se ocupará del grueso de la tramitación. El Cuerpo solo actuará si Migraciones advierte anomalías
El ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska. | EP
La aprobación del real decreto que regularizará de forma extraordinaria a más de medio millón de inmigrantes en situación irregular en España dejará al margen a la Policía Nacional en funciones clave de la tramitación de los expedientes. El Ministerio de Migraciones ha decidido externalizar gran parte del proceso. Oficinas de Extranjería —dependientes del departamento dirigido por Elma Saiz—, Seguridad Social y de Correos se encargarán de recepcionar solicitudes y verificar requisitos, con la ayuda de Tragsa, una empresa pública integrada en la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI). La UTEX —una oficina centralizada de Migraciones en Vigo para agilizar expedientes de grandes ciudades— será la encargada de resolver todas las solicitudes.
De esta forma, salvo futuros cambios, las oficinas policiales de extranjería y los profesionales del Cuerpo quedarán apartados de los citados trámites y solo actuarán cuando los funcionarios encargados de verificar la documentación observen algún tipo de anomalía o irregularidad. Una decisión que ha creado malestar en el Cuerpo. A juicio de los sindicatos policiales, este organigrama «supone una desnaturalización del control administrativo, reduce las garantías en un proceso especialmente sensible e incrementa el riesgo de errores, fraudes o deficiencias en la verificación de identidad y antecedentes».
Se trata de «una cesión de funciones críticas en materia de seguridad que debería recaer exclusivamente en profesionales cualificados y con experiencia en control migratorio», advierte Jupol, el sindicato mayoritario de Policía. Mandos policiales dudan de la capacidad de los funcionarios de Migraciones para evaluar para cada caso y subrayan a este periódico que el trámite puede convertirse en «coladero de seguridad», más aún cuando el Gobierno permitirá presentar a los solicitantes documentos caducados. «¿Servirá un ticket de compra como medio de prueba? ¿El certificado de antecedentes será auténtico? ¿Sabrán identificar si una factura de teléfono es falsa?», cuestionan estas fuentes. La verificación de estos documentos será, además, a contrarreloj, habida cuenta de que el Gobierno quiere culminar la regularización en un plazo de tres meses.
Certificado oficial de antecedentes
Respecto a los antecedentes, el Ejecutivo ha echado marcha atrás y va a exigir a todos los solicitantes un certificado oficial expedido por su país de origen; no valdrá en ningún caso una declaración responsable, como sí contemplaban otros borradores del decreto, tal como recomendó el Consejo de Estado en su informe. Si el solicitante no cuenta con un documento oficial que acredite que no ha cometido delitos en los cinco años anteriores al proceso, no podrá obtener su permiso de residencia. No obstante, en su afán por que este proceso sea masivo, el Ejecutivo ampliará los plazos y acudirá, a la hora de pedir esas credenciales, a la vía diplomática para agilizar el proceso.
Esto último implica que si el solicitante no ha conseguido el certificado de antecedentes en un mes desde que lo pide, el Gobierno, a través del Ministerio de Presidencia, tratará de recabarlo y habrá tres meses para ello. Si este intento fracasa, el inmigrante dispondrá de otros 15 días para conseguirlo de nuevo. Aun así, los sindicatos policiales advierten de que una persona puede no contar con antecedentes pese a haber sido detenida recientemente debido a los plazos judiciales y a que muchos procedimientos tardan meses, e incluso años, en resolverse.
En esta línea, el Sindicato Unificado de Policía (SUP) reitera que «sin verificación real de antecedentes», especialmente en casos en los que existen limitaciones de acceso a información internacional, el sistema pierde capacidad para detectar perfiles de riesgo. «Si el control de antecedentes se debilita, se dificulta la detección de estos perfiles, reduciendo la capacidad preventiva de la Policía y afectando directamente a la seguridad ciudadana».
¿Cómo se demuestra la residencia?
El Gobierno ha incluido otra modificación en el decreto, a petición también del organismo presidido por Carmen Calvo, en relación con aquellos aspirantes que habían solicitado en España la protección internacional. Una figura para aquellos ciudadanos extranjeros que huyen de sus países por razones políticas, culturales, de violencia o discriminatorias. En estos casos, el Ejecutivo iba a exigirles renunciar a ese procedimiento para poder optar a la regularización. Un punto que también fue duramente criticado por Interior, habida cuenta de que se trata de dos procedimientos completamente distintos. Ahora, el nuevo texto solo exige que desistan de la petición de asilo si logran previamente el permiso de residencia.
Además de no contar con antecedentes, las otras condiciones que exigirá el Gobierno son más sencillas de cumplir: encontrarse en España antes del 1 de enero de 2026, haber estado al menos cinco meses en el país y cumplir con uno de estos tres requisitos: tener alguna vinculación laboral; vivir con la familia aquí, siempre que esta cuente con menores; o encontrarse en situación de vulnerabilidad, esto es, que sean solicitantes de protección internacional. La forma de demostrar ese tiempo de residencia en el país también ha abierto un gran abanico de posibilidades del que ha alertado la Policía.
En primer lugar, porque, frente a lo que recomendó el Consejo de Estado, Migraciones permitirá presentar documentos expirados. De esta forma, el Gobierno seguirá dando como buena la presentación del pasaporte, cédula de inscripción o título de viaje en vigor o caducados. Y en segundo lugar, porque la residencia habitual se podrá acreditar «mediante la aportación de cualquier prueba válida en derecho» con información que permita identificar a la persona que desea obtener los papeles.
Unas «pruebas» que no concreta el decreto aprobado por el Gobierno y que han dado pie a las mafias a vender todo tipo de documentos que prueben falsamente la residencia de los solicitantes, según advierten fuentes policiales conocedoras de estos hechos. Por ejemplo, tickets en toda clase de establecimientos. Fuentes ministeriales aclaran que valdrán documentos como el padrón, informes de citas médicas, certificados de asistencia a servicios sociales, contratos de alquiler o billetes de transporte.