Los sindicatos policiales avisan de los riesgos en la revisión de antecedentes a inmigrantes

Los principales sindicatos de la PolicíA, SUP y Jupol, critican que la regularización extraordinaria de migrantes que previsiblemente aprobará este martes el Consejo de Ministros se haya confeccionado «de espaldas» a los profesionales de la seguridad con un proceso de tramitación «externalizado» que incrementa, advierten, los riesgos de fraude, errores o deficiencias en la verificación de identidad y antecedentes de los solicitantes. Carecer de antecedentes en sus países de origen es uno de los requisitos que exigirá el Gobierno. No obstante, no valdrá una declaración responsable como sí contemplaban otros borradores si el solicitante no lo consigue, tal como exigió el Consejo de Estado. Aún así, se ampliarán los plazos y el Ejecutivo tomará parte a la hora de pedir esos credenciales por vías diplomáticas para agilitar el proceso.

En sendos comunicados, las dos organizaciones policiales recriminan al Gobierno que saque adelante este real decreto «sin refuerzo policial, consenso ni planificación operativa» y tildan de «grave» que el Ejecutivo haya optado por «apartar» en buena parte del proceso a las oficinas de Extranjería de la Policía Nacional. Jupol avisa que si la recogida y gestión inicial de solicitudes recae en entidades externas como oficinas de Correos o estructuras ajenas al sistema policial, se reducirán las garantías en un proceso especialmente sensible.

En un principio, según las fuentes consultadas, serán las oficinas de Extranjería, dependientes de Función Pública, o las UTEX, integradas en el Ministerio de Migraciones, las que se encarguen de todo el trámite. El departamento dirigido por Elma Saiz, ademas, también pretende implicar en el procedimiento a Tragsa, la empresa pública integrada en la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI), dedicada al desarrollo rural y la conservación de la naturaleza. Una entidad que también ha despertado dudas en cuanto a su idoneidad para colaborar en las complejas tareas administrativas que conllevará el proceso. Sea como fuere, solo en caso de que los funcionarios detecten alguna anomalía será cuando la Policía Nacional actúe para realizar las verificaciones o investigaciones pertinentes.

Antecedentes penales

Respecto a los antecedentes penales, el sindicato mayoritario de la Policía recuerda que una persona puede no contar con antecedentes pese a haber sido detenida recientemente, debido a los plazos judiciales y a que muchos procedimientos tardan meses, e incluso años, en resolverse.

En esta línea, el Sindicato Unificado de Policía (SUP) reitera que «sin verificación real de antecedentes», especialmente en casos donde existen limitaciones de acceso a información internacional, el sistema pierde capacidad para detectar perfiles de riesgo. «Si el control de antecedentes se debilita, se dificulta la detección de estos perfiles, reduciendo la capacidad preventiva de la Policía y afectando directamente a la seguridad ciudadana», señalan.

Ambos sindicatos exigen al Ministerio del Interior y al Gobierno de España que aclaren de manera urgente qué refuerzo de efectivos se destinará a las unidades de Extranjería y Fronteras, qué medios tecnológicos y humanos se van a habilitar, qué protocolos se seguirán para la comprobación de identidad y antecedentes y qué impacto operativo tendrá esta decisión en las comisarías de todo el territorio nacional.

«El problema no es la regularización en sí misma, sino cómo se lleva a cabo. Sin control efectivo de antecedentes, sin coordinación europea y sin refuerzo de medios, se corre el riesgo de debilitar el sistema y trasladar la presión a las fuerzas de seguridad», concluyen desde el SUP.

Presión del sistema policial

Prueba de esta falta de planificación, advierten los sindicatos, es que la Policía ya ha detectado problemas en diferentes localidades del territorio nacional, donde el anuncio de esta regularización ha generado un incremento de la presión en oficinas de extranjería, colas, saturación de servicios administrativos y tensión en determinados entornos, así como la actividad delictiva de las mafias relacionadas con la inmigración.

Las previsiones reales de esta regularización, por otro lado, superan ampliamente las cifras anunciadas por el Gobierno. Frente a los aproximadamente 500.000 beneficiarios señalados oficialmente, se estima que más de un millón de inmigrantes en situación irregular podrían acogerse de forma directa a esta medida, según la Fundación de las Cajas de Ahorros (Funcas). Esta cifra podría superior dos millones de personas si se tienen en cuenta los procesos de reagrupación familiar derivados. Un escenario que incrementaría de forma exponencial la presión sobre la Policía Nacional y sobre el conjunto del sistema.

Además de no contar con antecedentes, las otras condiciones que exigirá el Gobierno son más sencillas de cumplir: encontrarse en España antes del 1 de enero de 2026, haber estado al menos cinco meses en el país y cumplir con uno de estos tres requisitos: tener alguna vinculación laboral; vivir con tu familia aquí, siempre que esta cuente con menores; o encontrarse en situación de vulnerabilidad. La forma de demostrar haber estado en el país también ha abierto un gran abanico de posibilidades del que ha alertado la Policía, teniendo en cuenta además que el Gobierno permitirá como prueba documentos que estén caducados.