Los policías que volcaron los teléfonos de 'Kitchen' desvinculan al ex 'dos' de Interior

Los dos agentes de la Policía Nacional que se encargaron de volcar los teléfonos sustraídos al extesorero del Partido Popular Luis Bárcenas han negado que remitieran posteriormente el contenido de estos dispositivos al ex número dos del Ministerio del Interior, Francisco Martínez. Estos policías, que entonces trabajaban en la Unidad Central de Apoyo Operativo (UCAO), integrada en la Comisaría General de Información (CGI), han declarado como testigos ante el tribunal de la Audiencia Nacional que enjuicia el caso Kitchen, la supuesta trama parapolicial que se orquestó con el objetivo de robar la información sensible que tuviera la familia Bárcenas sobre la financiación irregular al PP y pagos a sus dirigentes.

El testimonio de estos dos funcionarios policiales cobra especial relevancia, habida cuenta de que contradice la versión del que fuera jefe de la UCAO, el comisario Enrique García Castaño, alias El Gordo, el cual señaló en la fase de instrucción que el destino de toda la información que se obtuvo ilegalmente, esto es, sin autorización judicial, se entregó a la cúpula del entonces Ministerio del Interior dirigido por Jorge Fernández Díaz, para el que la fiscalía, al igual que para Martínez, pide 15 años de prisión por, entre otros, delitos de encubrimiento, malversación y contra la intimidad. El Gordo, que se libró del juicio tras sufrir un ictus en 2022, mantuvo que llevó ese volcado al despacho del ex secretario de Estado de Seguridad en compañía de otros agentes.

Esos mismos policías han desmontado ese mismo extremo durante la sexta sesión del juicio. Ambos —el agente más técnico, Adriano Culebras, y su superior inmediato, Emiliano Burdiel— han explicado que recibieron la orden de volcar los terminales de García Castaño y que, una vez se culminó ese trabajo, se entregó en un pendrive a este comisario, sin que conociesen la finalidad de esas gestiones. A preguntas del fiscal, así como de las defensas de los expolíticos, han precisado que El Gordo avisó primero a Burdiel para hacer un volcado de unos teléfonos y este último llamó a Culebras para preparar todo el dispositivo, que se desarrolló en el interior de un restaurante VIPS, en la zona de Velázquez en Madrid.

Las dudas sobre el confidente

Según la versión de los funcionarios policiales, el jefe de la UCO se presentó allí con el confidente que había facilitado los teléfonos e inmediatamente después se entregaron al agente especializado en esa labor para que procediese al volcado de los mismos. Un trabajo que duró aproximadamente una hora y cuya información el agente guardó en su «ordenador de dotación», para procesarla al día siguiente en «la base policial». Ese confidente, en un principio, sería Sergio Ríos, el exchofer de Bárcenas, imputado también en el caso, y que habría colaborado con la Policía Nacional en el espionaje ilegal.

En ese momento, han precisado los agentes, no se interesaron por quién era el confidente, habida cuenta «de que ese no era su trabajo» y el contacto con colaboradores de distintas unidades se enmarcaba dentro del trabajo operativo que suele desarrollar ese departamento policial de la UCAO. Posteriormente, no obstante, los agentes han explicado que ataron cabos y «pensaron que podía ser él —haciendo referencia a Sergio Ríos—», el conductor del excontable del PP, por las fotografías que se publicaron en la prensa sobre la operación Kitchen. Pese a ello, los funcionarios policiales han insistido en que «no tenían ninguna certeza».

La visita al despacho de Martínez

En relación con los terminales de Luis Bárcenas, el agente Adriano Culebras ha relatado que al día siguiente del volcado en el establecimiento, extrajo la información útil de los móviles en la oficina y después generó «un caso potable y un PDF» para entregar todo el material a Emiliano Burdiel, que a su vez se la facilitó al comisario Enrique García Castaño. Después, ha señalado Burdiel, le pidió a su subordinado que borrase todo el contenido, siguiendo lo que marca el protocolo, y los policías no volvieron a saber nada más de este encargo, han asegurado ambos testigos ante los magistrados de la Audiencia Nacional.

En su última declaración, García Castaño aseguró que llevó en un portátil todo ese contenido al despacho de Francisco Martínez. Sin embargo, los citados agentes han precisado, como lo hicieron en fase de instrucción, que si bien acudieron a verse con el secretario de Estado de Seguridad, fue por una cuestión totalmente distinta y que no guardaba relación con Kitchen «Creo recordar que estuve allí al menos dos veces […]. Había un problema con un indexador y se le entregó un portátil por información no relevante para este caso […] Era un problema con el idioma», ha explicado Culebras. «Fuimos por un tema que no tiene nada que ver con lo que estamos hablando. Había problemas con un buscador», ha señalado después el otro agente, a preguntas del fiscal.

En la misma línea, el pasado miércoles, en la cuarta sesión del juicio, el comisario Mariano Hervás, quien fuera el número dos de la UCAO y estuviese al cargo de las vigilancias a la mujer de Rosalía Iglesias, la mujer de Bárcenas, durante un mes del verano de 2013, confirmó que él también acudió a las dependencias de la Secretaría de Estado de Seguridad, pero «por una operación que estaba bajo secreto. Había que analizar millones de datos del extranjero y para esto [llevaron] el ordenador». Los policías Hervás, Burdiel y Culebras han desmentido así lo señalado por El Gordo.

El papel de ‘El Gordo’

Cabe destacar que la mayoría de los policías de la Unidad Central de Apoyo Operativo que han declarado en el juicio durante esta última semana han señalado que la orden de realizar las vigilancias a la familia Bárcenas y al despacho de abogados del extesorero del PP, entre los años 2013 y 2015, partió directamente de García Castaño. Los agentes, además, han precisado que no supieron en ningún momento si el chófer estaba geolocalizado y, por tanto, participaba en el espionaje. Un inspector jefe de la UCAO, no obstante, sí precisó que cuando perdían al objetivo, «llamaban al jefe de la UCAO y poco después les mandaba una ubicación» para volver a dar con la ubicación de Rosalía Iglesias. «Yo le llamaba y me daba la localización», aseguró este jefe policial.

En el caso de este mando, al igual que en el de su superior, Mariano Hervás, la orden fue que había que seguir a la mujer de Bárcenas porque «había problemas de encontrar el dinero» y había que buscar «testaferros y posibles locales donde se pudieran ocultar estos fondos». En el caso de Hervás, García Castaño le dijo que el mandato venía directamente del director adjunto operativo (DAO) de la Policía, Eugenio Pino, acusado también en el caso Kitchen. En ese momento, según precisaron ambos policías, no preguntaron más sobre los seguimientos, porque era bien público que la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) de la Policía mantenía una investigación abierta contra el matrimonio Bárcenas.

Las vigilancias de Asuntos Internos

Pero la sorpresa llegó cuando supieron que las vigilancias desplegadas desde la UCAO no eran las únicas. Otros dos agentes destinados en 2013 en la Unidad de Asuntos Internos de la Policía, dirigida por el comisario Marcelino Martín Blas, que también se sienta en el banquillo, contaron el pasado martes que la orden para llevar a cabo los seguimientos, sin embargo, era distinta a la de sus compañeros. «Recibí una orden de mi jefe, Martín Blas, que me dio en su despacho, que me dijo que Rosalía Iglesias estaba en peligro y que teníamos que proceder a darle protección sin que fuéramos detectados», sostuvo uno de ellos ante la Audiencia Nacional.

Para el principal investigador del caso Kitchen, el inspector Gonzalo Fraga, que declaró durante más de ocho horas entre el lunes y el martes, sin embargo, la trama tenía un objetivo muy claro: sustraer sin cobertura legal material «comprometedor» de altos cargos del PP para que nunca saliera a la luz, habida cuenta de que nunca se informó de esa investigación paralela a los agentes de la UDEF, fiscales y al juez que estaban entonces investigando al extesorero popular y el caso Gürtel.