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La vieja cúpula de Interior 'salva' a la de 'Kitchen' sobre el pago con fondos reservados a la trama

Rajoy, Zoido y dos ex secretarios de Estado de Seguridad liberaron de responsabilidades a Fernández Díaz y Martínez

La vieja cúpula de Interior ‘salva’ a la de ‘Kitchen’ sobre el pago con fondos reservados a la trama

Rajoy, durante su declaración en la Audiencia Nacional. | TO

Si por algo destacó la décima sesión del juicio por el caso Kitchen en la Audiencia Nacional fue por el inesperado cierre de filas que hicieron las viejas cúpulas del Ministerio del Interior —con Mariano Rajoy a la cabeza— con el exministro Jorge Fernández Díaz y quien fuera su número dos, el ex secretario de Estado de Seguridad Francisco Martínez. Ambos se sientan en el banquillo por la trama parapolicial que supuestamente se gestó bajo su mando para robar información a Bárcenas y su mujer y que pudo afectar al Partido Popular sobre la contabilidad B que se investigaba en Gürtel. Sin embargo, las declaraciones que se sucedieron este jueves de distintos ex altos cargos de Interior podrían cambiar el curso de los acontecimientos para estos acusados, para los que la Fiscalía pide 15 años de prisión.

Una de las claves sobre la presunta participación de Fernández Díaz y Martínez en Kitchen es el uso que hicieron de fondos reservados del Ministerio para pagar a confidentes captados por mandos policiales para obtener información ilegalmente de la familia Bárcenas. Según Fiscalía, el comisario Enrique García Castaño, alias El Gordo, logró que el exchófer del extesorero, Sergio Ríos, colaborase, pagándole 2.000 euros al mes de esos fondos de los que estaban al tanto presuntamente en la cúpula del Ministerio.

Esa posibilidad, sin embargo, quedó al margen cuando preguntaron al expresidente del Gobierno y también exministro del Interior Mariano Rajoy sobre la gestión de ese dinero durante su declaración como testigo. Echando un capote a quienes formasen parte de su Ejecutivo, Rajoy descartó que un titular de Interior esté al tanto de operaciones concretas o pendientes de la captación de confidentes. «Sería absurdo». Explicó que ni él en su época en el Ministerio ni Jorge Fernández Díaz se encargaban de los fondos reservados; y que Martínez solo firmaba las partidas destinadas a Policía Nacional y Guardia Civil, pero no entraba en a qué destinaba cada cuerpo esas cantidades.

Rajoy afrontaba una de sus declaraciones más complicadas, después de que fuese señalado por el excontable Luis Bárcenas el lunes por la caja B [aseguró que tenía una grabación del expresidente hablando sobre la información extracontable en la que se le escuchaba destruir pruebas]. Pero el exlíder del Ejecutivo no solo negó ese episodio sobre la contabilidad irregular del partido y el espionaje con sus habituales formas, sino que defendió que «estaba convencido de que la operación policial que se realizó se adecuó a la legalidad». «Recordemos que se descubrió que Bárcenas tenía 48 millones en una cuenta de Suiza y eso, casualmente, jamás se investigó».

El expresidente del PP respaldó sin ambages no solo a los mandos policiales, sino a los miembros de la cúpula de su Ministerio del Interior, que le escuchaban sentados detrás de sus abogados. «Aquí, en todo este tema, no hubo una operación política. Hubo una operación policial, cuyo objetivo fundamental era coger el dinero de Bárcenas y sus testaferros», dijo Rajoy, manteniendo la tesis de varias defensas. Estos letrados afirman que en la Policía se recibió el encargo de encontrar el dinero que tenía el extranjero la familia Bárcenas, toda vez que la Unidad Central de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) de la Policía investigaba al extesorero. Y fue este extremo el que motivó las vigilancias y los seguimientos.

Lo que falla en esa teoría es que desde la UDEF jamás se pidió ayuda en ese sentido a las unidades policiales que se encargaron de esas tareas: la Unidad de Asuntos Internos y la Unidad de Apoyo Operativo (UCAO) de la Comisaría General de Información, y así lo han confirmado distintos agentes a lo largo del juicio. Tampoco lo sabían el fiscal y el juez instructor, que en ese momento inventaban el caso Gürtel.

Zoido, Ulloa y Nieto

En la misma línea, a medida que avanzaba la vista oral, el predecesor de Martínez, Ignacio Ulloa, y después José Antonio Nieto, que le tomó el testigo con la llegada al Ministerio de Juan Ignacio Zoido, declararon que, si bien los fondos reservados dependían de ellos, desde su departamento no se hacían pagos, solo se realizaban las gestiones. Nieto incluso fue más allá y calificó de «complicado» que la Policía pudiese pagar a confidentes del entorno de los Bárcenas con ese dinero. «Yo no conozco ese asunto, no estaba en esa etapa; pero eso es tremendamente difícil tal y como está estructurada la gestión de los fondos, cómo se ordenan y cómo se controlan. Además, se da cuenta semestralmente a la Comisión de Secretos Oficiales en el Congreso de todos los movimientos. Veo muy difícil que esa situación se llevase a término». 

El exministro Juan Ignacio Zoido también liberó durante su interrogatorio las responsabilidades de Fernández Díaz. «Yo no hice ninguna investigación interna sobre el uso de fondos reservados porque no tenía la obligación de hacer una auditoría del anterior ministro». Además, ha precisado que la figura del secretario de Estado de Seguridad es la que «gestiona ese dinero desde que se estipuló en una ley de 1991», y se decidió que fuese así durante su mandato.

La visita al despacho de Martínez

Hace una semana, los dos agentes de la Policía Nacional que se encargaron de volcar los teléfonos sustraídos al extesorero del Partido Popular negaron que remitieran posteriormente el contenido de estos dispositivos al ex número dos del Ministerio del Interior Francisco Martínez. Estos policías, que entonces trabajaban en la UCAO, desmontaron así la versión mantenida por su jefe, el comisario García Castaño, que señaló en la fase de instrucción que el destino de toda la información que se obtuvo ilegalmente se entregó en un portátil al entonces secretario de Estado de Seguridad.

Los citados policías precisaron, a preguntas del fiscal, que si bien acudieron a verse con el secretario de Estado de Seguridad en fechas posteriores al volcado de los móviles, fue por una cuestión totalmente distinta y que no guardaba relación con Kitchen «Creo recordar que estuve allí al menos dos veces […]. Había un problema con un indexador y se le entregó un portátil por información no relevante para este caso […]. Era un problema con el idioma», explicó el primer agente. «Fuimos por un tema que no tiene nada que ver con lo que estamos hablando. Había problemas con un buscador», señaló después el otro.





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