El Gobierno avala la subvención a la Policía dominicana mientras la asesoraba Bono

El Gobierno ha defendido la ayuda de 250.000 euros concedida a la Policía de República Dominicana en el marco de la cooperación internacional, una subvención que se aprobó durante el periodo en el que el exministro socialista José Bono participaba como asesor en la reforma del cuerpo. La coincidencia temporal entre ambas actuaciones ha llegado al Congreso a través de una batería de preguntas con respuesta escrita que plantean la posible existencia de un conflicto de interés.

La ayuda fue tramitada en 2021 por la Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo (Aecid), según adelantó THE OBJECTIVE, dentro de una convocatoria destinada a reforzar la gobernabilidad y mejorar la capacidad de prevención e investigación de la Policía dominicana. El programa se enmarcaba en el proceso de transformación institucional impulsado por el presidente Luis Abinader tras su llegada al poder en 2020. El objetivo era dar respuesta a una profunda crisis de credibilidad del cuerpo policial.

En paralelo a ese proceso, José Bono —exministro de Defensa y expresidente del Congreso— participaba como asesor en el diseño de la reforma policial dominicana. Esta coincidencia es la clave del debate: la concesión de fondos públicos españoles se produce en el mismo momento en el que una figura con relevancia institucional en España interviene en el rediseño del cuerpo beneficiario.

Bono, asesor en Dominicana

La pregunta a la que ha accedido THE OBJECTIVE ha sido registrada en el Congreso por diputados del Grupo Parlamentario Vox. En ella se plantea si el Ejecutivo considera que pudo existir conflicto de interés o incluso tráfico de influencias. Insiste en que la ayuda coincidió con la participación de Bono en el proceso de reforma policial. También se pregunta al Gobierno sobre los criterios que motivaron la subvención, en un contexto en el que —según los diputados— las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado en España afrontan carencias materiales y de infraestructuras.

La respuesta del Gobierno evita entrar en esos aspectos. En su contestación, el Ejecutivo se limita a subrayar que todas las subvenciones concedidas por Aecid se rigen por la Ley General de Subvenciones y por la normativa específica de cooperación internacional. En el caso concreto de la ayuda a la Policía dominicana, asegura que fue aprobada conforme a los criterios establecidos en la regulación vigente. Añade que el procedimiento cumplió con todos los requisitos legales.

Además, el Ejecutivo afirma que no tiene constancia de la comisión de ilícitos penales relacionados con la subvención. Esta precisión introduce un elemento clave en la respuesta oficial. El Gobierno no detecta irregularidades desde el punto de vista jurídico, pero tampoco aporta información adicional que permita aclarar la relación entre la ayuda y el papel desempeñado por Bono en el proceso de reforma policial.

Aecid bajo foco por ayudas controvertidas

La polémica surge en un contexto más amplio en el que distintas actuaciones de Aecid han sido objeto de debate político y mediático. La agencia, responsable de canalizar la cooperación española, gestiona programas en terceros países con un alto componente institucional. Esto, en ocasiones, ha suscitado críticas por la selección de proyectos, su impacto real o la falta de control sobre los resultados.

En ese marco, varias iniciativas han sido cuestionadas por su oportunidad o por la dificultad de evaluar su eficacia, especialmente en programas vinculados a reformas estructurales o fortalecimiento institucional. La naturaleza de estas ayudas —que no siempre implican contraprestación directa ni resultados medibles a corto plazo— complica su fiscalización pública. Además, abre espacio a controversias políticas cuando coinciden con intereses o actores relevantes.

El exministro Bono no solo ha participado como asesor en procesos institucionales en República Dominicana. El exresponsable de Defensa ha consolidado una red de vínculos en el país que combina relaciones políticas, jurídicas y empresariales. Diversas informaciones de este medio han documentado la existencia de sociedades vinculadas a su entorno profesional en territorio dominicano, algunas de ellas domiciliadas en sedes compartidas con despachos jurídicos y sin estructura operativa visible, como empleados o actividad declarada relevante.

Luis Abinader y la nacionalidad de Bono

Bono recibió la nacionalidad dominicana tras la llegada al poder de Luis Abinader. La decisión tuvo lugar en un momento en el que el país impulsaba reformas estructurales clave, entre ellas la del sistema policial. Este reconocimiento reforzó su integración en el entorno político y administrativo dominicano y su proximidad a los procesos de transformación institucional. La coincidencia entre la ayuda y la asesoría se produce en un momento en el que Bono ya mantenía una presencia activa en República Dominicana, tanto en el plano institucional como a través de su entorno profesional.