El Gobierno reclama 54.600 euros a la Fundación Gitana por irregularidades
Cultura detecta inconsistencias en dietas y gastos, y descarta indicios de delito pese a las investigaciones abiertas
Bandera gitana. | EP
El Ministerio de Cultura, liderado por Ernest Urtasun, ha exigido la devolución de 54.596,97 euros a la Fundación Instituto de Cultura Gitana tras detectar irregularidades en la justificación de subvenciones públicas en varios ejercicios. Según una resolución oficial obtenida por THE OBJECTIVE, solicitada a Cultura, el departamento ha tramitado cuatro procedimientos de reintegro parcial correspondientes a 2020, 2022, 2023 y 2024, tras identificar gastos que no quedaron correctamente justificados.
Los importes reclamados ascienden a 16.094 euros en 2020, 18.299 en 2022, 18.879 en 2023 y 1.394 en 2024, en distintas fases de devolución o revisión. El propio ministerio atribuye estas actuaciones a «inconsistencias detectadas» en la documentación presentada por la fundación en el proceso de justificación de los fondos públicos. Cultura explica que, tras los controles realizados, cuando «se considera que determinados gastos no quedan correctamente justificados, se solicita el reintegro parcial por la cuantía correspondiente», una situación que, según dice, se ha producido en varios ejercicios recientes.
Pese a ello, el ministerio descarta que estas irregularidades tengan relevancia penal. En la resolución afirma de forma expresa que «no consideró que existieran evidencias de delito, por lo que no se estimó pertinente una comunicación con la Fiscalía», a pesar de que informes internos previos habían recomendado dar ese paso.
No obstante, el propio documento confirma que el caso ha derivado en actuaciones externas. Cultura reconoce que ha sido requerido para aportar documentación en el marco de «diligencias de investigación preprocesal», evidenciando que la situación se encuentra bajo análisis por parte de instancias externas. Por otro lado, la Fundación Instituto de Cultura Gitana, entidad pública adscrita al ministerio, recibe financiación estatal desde su creación en 2007 y en los últimos años ha contado con transferencias de hasta 350.000 euros anuales, dentro de un sistema de subvenciones que ahora está siendo revisado tras las irregularidades detectadas.
Presuntos delitos de apropiación indebida o falsedad documental
Estas actuaciones se producen después de que el diario ABC revelara la existencia de informes internos que apuntaban a un presunto fraude sistemático en el cobro de dietas y en la justificación de subvenciones dentro de la Fundación, con prácticas que, según esos documentos, se remontarían incluso a 2009. Entre las irregularidades detectadas figuraban kilometrajes difícilmente justificables, dietas duplicadas en un mismo día o desplazamientos incompatibles con la presencia simultánea en distintos lugares.
Según publicó el medio, los técnicos llegaron a advertir de la posible existencia de delitos como apropiación indebida o falsedad documental y recomendaron trasladar el caso a la Fiscalía, algo que finalmente no hizo el ministerio. En paralelo, Cultura sí adoptó medidas internas, como la destitución en junio de 2025 del entonces director de la Fundación, Diego Fernández, por una «pérdida de confianza» vinculada a estos hechos, aunque en ese momento no se hicieron públicos los motivos.
La resolución ahora conocida confirma que el ministerio optó por una vía administrativa basada en reintegros y control económico, en lugar de una actuación penal directa. Además de los procedimientos de devolución, Cultura señala que ha reforzado los mecanismos de supervisión, con nuevas instrucciones internas para la justificación de gastos y un sistema de control más estricto sobre las transferencias públicas. También ha dado traslado de las incidencias a la Intervención General de la Administración del Estado (IGAE), que ha iniciado actuaciones de control sobre la entidad.