El Tribunal de Cuentas detecta irregularidades en la fundación que preside Nadia Calviño

El Tribunal de Cuentas ha detectado incumplimientos de la normativa de contratación, deficiencias en el cumplimiento de la normativa de personal y una elevada brecha de género, con los hombres ganando de media un 47% más que las mujeres, en la Fundación Internacional y para Iberoamérica de Administración y Políticas Públicas (FIIAPP) que preside la vicepresidenta primera del Gobierno, Nadia Calviño, y que cuenta con varios ministros y secretarios de Estado en su patronato.

La FIIAPP es una fundación del sector público estatal que se dedica a la cooperación internacional en materia de administración y políticas públicas. Se vio salpicada por la trama del ‘Tito Berni’ porque la juez de instrucción pidió contratos con el proyecto europeo GARSI-Sahel para formación de gendarmes del que se ocupaba el general de la Guardia Civil Francisco Espinosa Navas, colaborador del diputado canario que acabó dimitiendo. La vicepresidenta negó en el Congreso toda vinculación, tras encargar un informe interno que no encontró nada.

La institución fiscalizadora ha analizado la gestión económica financiera de la fundación en los años 2020 y 2021, en los que la FIIAPP destinó 109 millones de euros a proyectos de cooperación técnico-pública en el marco de la Agenda 2030 y formalizó un total de 349 contratos por valor de 83 millones de euros, además de otros 455 contratos menores por un importe de 4 millones.

Retrasos para presentar cuentas

Según el resumen del informe recogido por Europa Press, el Tribunal decidió iniciar esta fiscalización de la FIIAPP debido, fundamentalmente, a los retrasos registrados en la rendición de sus cuentas anuales, pues en 2020 superó los plazos legales en 528 días y en 2021 en casi un año (338 días). Según su investigación, el motivo principal de los retrasos fue «el desordenado y deficiente proceso de cambio de aplicación contable desde 2018».

Aunque las cuentas han sido avaladas, el examen ha permitido destapar «incumplimientos de la normativa de contratos, determinadas deficiencias en el cumplimiento de la normativa de personal y algunos incumplimientos en materia de transparencia e igualdad».

Entre los incumplimientos de la Ley de Contratos figuran la falta de garantía de que se hubiera adjudicado el contrato a la oferta con la mejor relación calidad-precio, la no exigencia de garantía económica definitiva, la falta de acreditación de solvencia financiera y técnica de los adjudicatarios, la no justificación de la recepción del servicio o suministro y, en el caso de los contratos menores, fraccionamientos indebidos.

En materia de personal, el Tribunal también ha detectado que la FIIAPP superó en 2021 los límites establecidos para la contratación de personal temporal.

Falta de controles internos

Además, se denuncia que la Fundación no realizó en el periodo fiscalizado actuaciones de control sobre el área de contratación y la gestión técnica y económica de proyectos, precisamente el área en la que, según los resultados obtenidos en la fiscalización del Tribunal, era más necesario aplicar procedimientos de revisión y control interno. También existía un elevado grado de descentralización de las funciones de gestión contable y de gestión y seguimiento de la contratación.

Por estos motivos, el Tribunal de Cuentas recomienda a la FIIAPP «intensificar los controles en el cumplimiento de la normativa contractual, así como desarrollar la normativa interna de gestión de proyectos», «mejorar los procesos del sistema de información contable» y «fortalecer su sistema de control interno».

Se recomienda igualmente la mejora de los sistemas y procedimientos de gestión y control interno ya que se han observado «deficiencias en los sistemas de planificación y programación y de medición de los resultados obtenidos en su cumplimiento y en la gestión de los proyectos que ejecuta».

Asimismo, se ha descubierto que en la Fundación pública hay una brecha salarial entre géneros del 47%, que viene derivada de que los puestos de personal designado por otras administraciones públicas para la realización de proyectos, que representan los segmentos superiores de retribución, recaen mayormente en hombres.