Denuncian un fraude en Almería para obtener la 'vulnerabilidad' y acceder a la regularización

El Sindicato Unificado de Policía (SUP) ha denunciado un posible caso de fraude en la provincia de Almería con la certificación de vulnerabilidad que están emitiendo asociaciones y oenegés, autorizadas por el Ministerio de Migraciones, a cientos de inmigrantes en situación irregular. La obtención de este título es clave a la hora de acceder al proceso de regularización que inició el Gobierno hace tres semanas. Para obtener el permiso de residencia, según reza la norma, los solicitantes deben cumplir uno de estos tres supuestos: acreditar vulnerabilidad, haber trabajado en España o haber vivido con la unidad familiar. Además, también deben tener un certificado de carencia de antecedentes penales y demostrar haber residido al menos cinco meses antes del 1 de enero de 2026 en el país. 

Según revela la organización policial, las asociaciones estarían facilitando estos certificados mediante el simple rellenado del modelo oficial previsto en el procedimiento, incorporando los datos básicos del solicitante, sello y firma de la entidad, sin contener una valoración social previa real, entrevistas o un seguimiento individualizado que acredite la situación de vulnerabilidad del inmigrante. Esta situación se amplía hasta en 12 supuestos, entre los que están «aislamiento social»; «situación de sinhogarismo»; «carencia de ingresos suficientes»; «riesgo de exclusión económica»; «dificultad de acceso a empleo» o «riesgos psicosociales».

Lo grave, siempre según la denuncia del SUP, es que en algunos casos, la obtención de estos documentos «estaría vinculada a aportaciones económicas de entre 80 y 100 euros, formalizadas como supuestas cuotas de afiliación o donaciones, mediante la entrega de un número de socio. En otras palabras, los inmigrantes estarían comprando el certificado de vulnerabilidad mediante el pago de una cuota de afiliación. Un mecanismo, advierte el sindicato, que sitúa estas prácticas «en una zona de difícil encaje legal y compleja persecución, al no presentarse como un pago directo por el certificado».

Un «mero formulario sellado»

Estas prácticas «están desvirtuando completamente el sentido del certificado de vulnerabilidad, concebido como una herramienta de valoración social individualizada y no como un trámite automático o formal», advierte la organización decana de policías. El problema, prosiguen, es que, al margen de que pueda haber «cobros encubiertos», es que «se puede estar accediendo a un certificado sin una evaluación real», lo que convierte «un instrumento social en un mero formulario rellenado y sellado». 

Esta situación se produce en un contexto de alta saturación del sistema, dificultad para obtener citas y presión derivada de los plazos, lo que está empujando a los solicitantes a recurrir a vías alternativas ante la falta de acceso ágil al procedimiento. Las colas que se han formado en las inmediaciones de embajadas y oenegés para conseguir los documentos que exige la regularización han desenredado caos e incluso incidentes de orden público en los que ha tenido que intervenir la Policía Nacional, tal como publicó THE OBJECTIVE.

Caos en la embajada de Gambia

El caso más llamativo fue el de la embajada de Gambia en Madrid, donde 300 personas esperaban su turno para ser atendidas en un contexto de gran tensión por el escaso margen —48 horas— que había dado el país africano para gestionar las peticiones de sus nacionales. La angustia de los inmigrantes por acceder a las instalaciones obligó a desplegar primero a la Unidad de Intervención Policial (UIP) —los antidisturbios— y, con posterioridad, a la Unidad de Prevención y Reacción (UPR) y al Grupo Operativo de Respuesta (GOR).

El momento de mayor caos se vivió cuando varios de los que esperaban decidieron escalar la sala del recinto diplomático para entrar por la fuerza y pedir su cita para tramitar sus documentos, tal como se advierte en la imagen que ilustra este artículo. Los agentes de la Policía tuvieron que permanecer en la zona durante varios días, porque, ante la previsión de lo que podía suceder, muchos nacionales hicieron noche durante tres jornadas para estar los primeros en la fila de la embajada africana, ubicada en el distrito de Ciudad Lineal.

Colas en Murcia, Alicante y Málaga

Situación similar se vivió también en Murcia, frente a las dependencias de una ONG donde se llegaron a concentrar el pasado martes hasta 1.000 personas. Todas ellas buscaban lo mismo: obtener el certificado que acredite su situación de vulnerabilidad. Las discusiones en la cola para ser atendidos obligaron al despliegue de la UPR y otras unidades de refuerzo y al desplazamiento de unidades del Servicio de Urgencias de Atención Primaria (SUAP) de esa ciudad para atender, entre otros requerimientos médicos, un ataque de epilepsia, según informa la Confederación Española de Policías (CEP).

En oficinas de otras ONG en Elche (Alicante) y Málaga, millares de personas también se concentraron para obtener los informes y, aunque no hubo ningún incidente grave, fuentes policiales revelan escenas de tensión entre los inmigrantes. En el caso de la sede malagueña, un grupo de inmigrantes intentó saltarse el orden de espera en la fila, lo que provocó altercados entre los congregados. Finalmente, los antidisturbios tuvieron que actuar para restablecer el orden. Por otro lado, la Policía también ha efectuado varias detenciones en los últimos días en peleas o atentados contra agentes de la autoridad. La mayoría de ellos, en las oficinas de Extranjería de Almería.