Investigan a dos mandos policiales por detener ilegalmente a un médico por dar bajas a agentes

Un juzgado de Santa Cruz de La Palma (Canarias) ha admitido a trámite una querella contra un general y un coronel de la Guardia Civil y un comandante togado del Cuerpo Jurídico Militar por presuntos delitos de coacciones, acoso, prevaricación, allanamiento de morada y vejaciones. La denuncia, a la que ha tenido acceso THE OBJECTIVE, parte de un médico que denuncia haber sido detenido ilegalmente y acusado falsamente de haber emitido partes irregulares de bajas médicas a guardias civiles, todos ellos integrados en la demarcación controlada por los dos jefes del Instituto Armado ahora investigados. El caso llegó primero a los tribunales ordinarios, donde se archivó por falta de pruebas. No obstante, en un segundo intento por condenar al facultativo, los mandos llevaron los mismos hechos a la justicia militar, pese a que el acusado era civil. La causa tuvo el mismo resultado y quedó sobreseída.

El proceso, según la querella, se inició en octubre de 2023, cuando se registró en el Juzgado de Primera Instancia e Instrucción de Guardia Santa Cruz de la Palma un escrito firmado por un mando de la Guardia Civil, que daba cuenta de que el citado médico, que además de trabajar para el Servicio Canario de Salud —tiene un consultorio privado—, estaría falsificando documentos para dar bajas laborales a agentes, contraviniendo lo que dicta la legislación. Ante esto, el juez decidió abrir diligencias. No obstante, el fiscal no vio en los hechos descritos «ningún hecho punible» y dio la posibilidad a los investigadores de «ampliar las pesquisas para presentar mayores indicios de delito». 

Cinco meses después, en marzo de 2024, la Policía Judicial de Guardia Civil de Los Llanos de Aridane presentó un atestado en el mismo juzgado en el que, motu proprio, inició una serie de actuaciones entre las que se encontraba la detención de facultativo «sin orden judicial» en su consulta médica y delante de los pacientes que esperaban, por los mismos hechos que, dice el escrito, el fiscal había dicho previamente que no constituían «la comisión de delito de clase alguna». Una serie de hechos que, además, fueron divulgados en la prensa, donde se destacó que los guardias civiles incluso efectuaban viajes de ocio al mismo tiempo que el profesional sanitario estaba tramitando sus partes de baja médica.

«Les faltaba personal»

El estallido público del caso, según denuncia el afectado, dio lugar a que el Juzgado de Instrucción número 1 de Santa Cruz de La Palma continuase el procedimiento, que se prolongó en más de 200 folios de diligencias. Una «ansiedad de la Guardia Civil» que se justificó bajo el pretexto de que «tenían muchas bajas y les faltaba personal» en todo el archipiélago canario. Finalmente, en julio de 2024, el juez decidió archivar la causa porque, según señaló, «no se apreciaba debidamente la perpetración del delito que había dado motivo a la formación de la causa, entendiendo que el propio facultativo que expide el parte de la baja es el que decide si hace la exploración médica o no, y más cuando está basada en informes de especialistas».

En su declaración, según sostienen fuentes jurídicas, el médico explicó al fiscal del caso que las bajas siempre las ordenaba bajo indicación del psiquiatra, que «estipulaba cada dos meses si los pacientes debían seguir de baja o no». En este caso, aseguró, «no podía negarse a hacer partes a pacientes que tenían ansiedad y depresión certificada» por el citado profesional de salud mental. «[Se limitaba] a hacer los partes, enviando copia a la sanidad militar y sus servicios psicológicos, que son los que fiscalizan y controlan las bajas del personal». Una serie de responsables que, destacó el facultativo, «nunca se pusieron en contacto con él por ninguna irregularidad». 

En la parte dispositiva, el magistrado dictó el archivo de la causa, pero dejó abierta la puerta a que se pudiesen seguir acciones disciplinarias para depurar responsabilidades por la presentación de partes de bajas médicas sin la firma o sin la fecha, tal como atestiguaba un informe del Servicio Canario de Salud. Esta matización, sin embargo, sirvió a los mandos que investigaron al médico para llevar el caso a la justicia militar y reabrir el caso contra él por otra vía. Una maniobra que el querellante califica de prevaricadora y destinada a criminalizar su trabajo y facilitar así sanciones contra los agentes del Instituto Armado. Finalmente, el Juzgado Togado Militar número 51 dictó el sobreseimiento ante la falta de pruebas contra el facultativo. 

«217 acusaciones falsas» de la Guardia Civil

En un escrito, el querellante denuncia haber sido víctima de «217 acusaciones falsas de delito de falsificación de documento público»; así como de una detención ilegal en la que «le quitaron la cartera y el móvil, causándole el mayor dolor posible al esposarle en la vía pública, tratándole como un delincuente confeso en la puerta de su lugar de trabajo». El médico critica que los agentes le impidieron tomar su medicación del corazón que tenía en la consulta, tras lo que hubiese sido posible que «se infartara», acusándoles de un trato denigrante «con insultos y amenazas» tanto durante su arresto como en posteriores ocasiones, cuando los agentes volvieron en otras ocasiones a su consulta con motivo del proceso judicial que se seguía contra él.