La posibilidad de regularizar a presos alarma a la Policía: «Complicará las expulsiones»

La posibilidad de que presos preventivos extranjeros puedan regularizar su situación en España a través del decreto aprobado por el Gobierno es una evidencia más de que el proceso será más laxo a la hora de evaluar los antecedentes policiales que tengan los solicitantes. Tal como contó THE OBJECTIVE, el requisito más estricto para que los inmigrantes en situación irregular puedan obtener el permiso de residencia es que cuenten con un certificado oficial de carencia de antecedentes penales expedido por su país de origen. Sin embargo, a la hora de valorar los perfiles de quienes hayan cometido delitos pero no tengan una condena, el texto es más ambiguo.

La novedad que incluye la norma, desconocida hasta su publicación en el Boletín Oficial del Estado, es que supuestamente cada solicitante —que deberá haber residido en el país al menos cinco meses consecutivos antes del 1 de enero de 2026— contará con un informe elaborado por la Policía sobre sus antecedentes. No obstante, la existencia de antecedentes en ese informe «no supondrá, por sí misma y de forma automática, causa de denegación de la autorización», dice Migraciones. En ese caso, prosigue el texto, el órgano competente para tramitar la solicitud valorará de «forma casuística y circunstanciada que la persona extranjera no suponga una amenaza para el orden público, la seguridad interior, la salud pública o las relaciones internacionales de ninguno de los Estados miembros de la Unión Europea».

En otras palabras, un funcionario del Ministerio de Migraciones decidirá si la comisión de unos delitos u otros cumple o no con ese requisito de seguridad del país. Eso sí, siempre y cuando el inmigrante cuente previamente con un certificado oficial que demuestre no tener antecedentes penales (condenas) en España y los países donde haya vivido en los cinco años a su entrada a territorio español. En estas circunstancias, según la nota que distribuyó el lunes la Secretaría General de Instituciones Penitenciarias por orden de Interior, los presos que estén en prisión provisional, es decir, que no hayan sido todavía condenados, podrán presentar también su solicitud.

Tramitación rápida en las prisiones

En la comunicación interna, a la que ha tenido acceso este periódico, el departamento dirigido por Ángel Luis Ortiz insta a los centros a informar de la regularización a la población reclusa extranjera y a facilitarles «toda la documentación» que les sea necesaria a los internos que deseen cursar la solicitud. Si bien, dice Prisiones, el proceso «prevé un estudio y valoración que no forma parte de las competencias penitenciarias», la Secretaría General ha decidido realizar «una serie de indicaciones al respecto, al objeto de garantizar una adecuada información a la población interna extranjera y, en su caso, facilitar copia de la documentación que pudiera constar a la Administración». 

Además, pide a la dirección de las prisiones dependientes de Interior y a los centros de inserción social que se impliquen en informar del proceso de regularización a los presos mediante «la difusión del mismo en tablones de anuncios, bibliotecas o escuelas de los centros, así como facilitarles el «apoyo lingüístico pertinente». «Toda la comunicación que requiera la persona solicitante será facilitada a la mayor brevedad», dice el escrito. Esto, a juicio de las fuentes penitenciarias consultadas, convertirá a los trabajadores sociales de las cárceles en tramitadores del proceso y agilizará las peticiones de los presos frente a los extranjeros que estos días hacen colas en busca de información y los documentos necesarios. 

¿Peligro para la seguridad pública?

Aunque la circular de Interior no lo dice expresamente, los presos preventivos serán los únicos reclusos para acceder a la regularización y así lo ha confirmado este martes el ministro Fernando Grande-Marlaska. El resto de personas susceptibles de regularización en todo el ámbito van a ser sometidas a una valoración en términos de si cada una de ellas supone un riesgo para la seguridad nacional, seguridad pública u orden público, que va a realizar la Policía Nacional. Desde luego, ese informe es sustancial a la hora de determinar el derecho o no a la residencia», ha dicho Marlaska, respecto al dossier policial que tendrá cada solicitante. 

El Partido Popular considera esta posibilidad «gravísima» y sostiene que el hecho de que el preso esté en prisión provisional ya implica que no cumple con el extremo que sostiene el titular de Interior. «Un preso preventivo es aquel al que un juez ha enviado a la cárcel por riesgo de fuga, destrucción de pruebas o reiteración delictiva. Es decir, alguien sobre quien pesa una sospecha de delito grave», subrayó la vicesecretaria de Coordinación Sectorial del PP, Alma Ezcurra.

La dirigente popular recuerda que la norma señala que los antecedentes policiales servirán a los funcionarios de Migraciones para valorar si el solicitante supone un riesgo para la seguridad y, en el caso de los reclusos, «no es descabellado pensar que alguien que está en prisión preventiva lo es». 

Complica las expulsiones

En la Policía, por otro lado, existe cierta preocupación ante la opción de que personas privadas de libertad puedan acceder a los procesos de regularización, una medida que introduce una evidente contradicción en el modelo actual de gestión migratoria. En este sentido, el Sindicato Unificado de la Policía (SUP) advierte de que la prisión preventiva «responde a una decisión judicial basada en indicios de delito y en la existencia de riesgos como fuga o reiteración» e «ignorar ese contexto en un procedimiento administrativo supone tensionar los propios criterios de seguridad que el sistema dice proteger». 

Por otro lado, fuentes policiales advierten de que conceder la residencia legal a los presos extranjeros «complicará aún más las expulsiones», ya que los reclusos no podrán ser enviados a su país, como sucede con los inmigrantes en situación irregular que son condenados. Estas fuentes argumentan que tanto la expulsión por vía administrativa como judicial exigen valorar el arraigo, y el arraigo se construye en base a la residencia legal. Cabe destacar, además, que los policías de Extranjería no serán quienes valorarán los perfiles delictivos; los encargados de resolver los expedientes serán funcionarios de Migraciones.

Esta situación se produce, además, en un escenario especialmente delicado: España presenta un desfase estructural entre las órdenes de expulsión dictadas y las realmente ejecutadas. En los últimos años, solo una parte mínima de las expulsiones acordadas llega a materializarse, debido a problemas de identificación, falta de cooperación consular o saturación administrativa. En este contexto, facilitar la regularización a presos supondrá un cambio de lógica: «Que las personas que, en otros escenarios, estarían en el circuito de expulsión pasan a integrarse en un procedimiento administrativo sin que previamente se haya resuelto ese déficit estructural», señala el SUP.