Indignación en Galicia por los opositores del amaño que obtendrán plaza: «Nos han jodido»
El Ministerio de Seguridad Social ha permitido que los aprobados accedan a las vacantes pese a las pesquisas de Fiscalía
Un grupo de opositores, en una imagen de archivo. | EP
Indignación entre los nuevos funcionarios del cuerpo de administrativos de la Seguridad Social que superaron a finales de 2024 sus exámenes en la sede de Galicia —donde la Fiscalía investiga un presunto amaño que disparó las calificaciones de 33 personas— por su inminente futuro en el departamento dirigido por Elma Saiz. A la espera de que el ministerio publique la resolución de destinos de estos empleados públicos, el malestar se multiplica entre los gallegos que querían obtener la plaza en su comunidad autónoma y ahora se verán posiblemente obligados a irse a otra región, después de conocer que el número de vacantes asciende a 65 y más de la mitad serán presumiblemente para aquellos que obtuvieron irregularmente las mejores notas.
Un escenario que ha desencadenado la propia Seguridad Social después de rechazar los recursos de decenas de afectados que pedían como medida la suspensión temporal del proceso selectivo mientras el fiscal culminaba sus pesquisas respecto a la oposición. El ministerio consideró, sin embargo, que debía prevalecer «el interés general y de terceros», habida cuenta de que la suspensión frustraría «las legítimas aspiraciones de quienes verían dilatada innecesariamente su nombramiento e incorporación a sus destinos obtenidos […] con consecuencias personales, familiares y laborales perjudiciales para sus intereses», según defendió en un escrito.
Ahora, la realidad es que la continuidad del proceso ha perjudicado a quienes querían determinados destinos. Una situación por la que decenas de funcionarios están barajando acciones legales, una vez se publiquen los destinos, aseguran fuentes próximas a los afectados. «Mucha gente lleva negando esta posibilidad todo el proceso, pero ahora que ven que la Administración no ha hecho nada… se han dado cuenta. La realidad es que los que amañaron las oposiciones nos van a joder la plaza. Ellos son 33, y quedan otras 30 plazas para los que aprobamos en Galicia, que somos muchos más, claro», revela uno de estos funcionarios.
El dictamen de la Seguridad Social
El reparto de vacantes va a provocar un efecto dominó, aseguran estas mismas fuentes. «Los que pensaban que podrían quedarse en Galicia se irán a otras regiones próximas, por ejemplo, León, donde ahora se temerá que los gallegos se queden con esas plazas y así con el resto de delegaciones», critican. Los aspirantes afectados consideraron que el escándalo del presunto amaño ponía en duda la transparencia de la oposición. Por este motivo pidieron al ministerio que frenase el proceso —de 1.250 plazas por el sistema general de acceso libre—. Para la Seguridad Social, no obstante, las presuntas irregularidades en La Coruña no podían extenderse al resto de sedes y de opositores que en un principio han obtenido sus calificaciones de forma rigurosa.
La única medida que ha tomado el ministerio es extremar la vigilancia en las próximas oposiciones para que no vuelva a repetirse un capítulo similar. Según señaló en la última convocatoria, el tribunal «podrá hacer uso de equipos de tecnología avanzada que permitan detectar la utilización de dispositivos electrónicos ocultos de forma fraudulenta durante la realización de los exámenes». Una medida muy demandada por los aspirantes afectados tras el escándalo de las últimas oposiciones.
Pinganillos, hoteles y 20.000 euros
La Fiscalía investiga las pruebas que se hicieron en la sede de La Coruña después de que las 34 mejores notas del primer ejercicio tipo test correspondieran a aspirantes examinados en la citada provincia, tal como reveló THE OBJECTIVE. Celanova (Orense) se ha convertido en el centro de las pesquisas del fiscal después de que este periódico desvelase que 12 habitantes (de 5.700 vecinos), todos ellos con nexos comunes, lograran altas calificaciones en las oposiciones de la Seguridad Social, Hacienda y ADIF.
Por si esta concentración no resultase lo suficientemente anómala, siete de los aspirantes que obtuvieron sobresalientes en la oposición de la Seguridad Social en Galicia figuraban también como aprobados en listados oficiales de distintos procesos estatales, según el cruce de resoluciones hecho por este diario. En otras palabras, estas siete personas, todas ellas examinadas en La Coruña, tenían una plaza de funcionario ya en el cuerpo de Auxilio Judicial, dependiente del ministerio de Justicia; en ADIF; o en la Administración General del Estado (AGE).
Estas irregularidades en los procesos selectivos esconderían detrás un supuesto entramado corrupto que vendería plazas en organismos públicos a cambio de grandes sumas de dinero. Todo bajo el mismo modus operandi: reuniones en hoteles, pagos de entre 20.000 y 60.000 euros dependiendo de la oposición y la entrega de pinganillos para el chivatazo de las pruebas, según han revelado fuentes conocedoras de estos hechos. La venta de plazas para ser funcionario del Estado no solo se limitaría a la Seguridad Social; entre la cartera de opciones se incluirían también Instituciones Penitenciarias, Hacienda, la Administración General del Estado (AGE) y la Policía Nacional.