El Congreso aprueba castigar con hasta dos años de cárcel las terapias de conversión LGTBI

El Pleno del Congreso ha aprobado por mayoría absoluta la reforma del Código Penal para penalizar las llamadas terapias de conversión dirigidas a eliminar o negar la orientación sexual, identidad sexual o expresión de género, la cual seguirá su tramitación en el Senado. La iniciativa del PSOE ha superado el trámite en el Congreso con 178 votos a favor, 32 en contra (Vox) y 138 abstenciones, aunque formaciones como Junts, Sumar, PNV, EH Bildu, Podemos y Compromís han reclamado «más ambición» para avanzar en otras medidas de apoyo.

La norma propone castigar «con pena de prisión de seis meses a dos años y multa de ocho a veinticuatro meses, al que aplique o practique sobre una persona, aun con su consentimiento o el de su representante legal, actos, métodos, programas, técnicas o procedimientos de aversión o conversión».

Hasta ahora, esas prácticas, que ya estaban prohibidas, se sancionaban con multas de 10.001 a 150.000 euros como infracción administrativa muy grave en la ley trans, pero no figuraban como delito en el Código Penal.

El texto aprobado establece la prohibición de otorgar ayudas públicas a personas físicas, entidades jurídicas y asociaciones que hayan sido condenadas por sentencia firme por cometer, incitar o promover actos discriminatorios o de violencia. «Las personas no somos errores, no tenemos que cambiar nuestra forma de vivir, de pensar o de querer», ha aseverado la ministra de Igualdad, Ana Redondo, en el debate, donde ha defendido avanzar en el desarrollo de la Constitución.

Rifirrafe en el Pleno: «Soy del PP y soy maricón»

Durante la defensa de la posición del PP, el diputado Jaime Miguel de los Santos ha protagonizado un encendido debate en el que ha argumentado que la ley es necesaria porque las terapias son un delito contra los derechos humanos, pero ha lamentado el «sectarismo de algunos». «Soy del PP, soy maricón y me siento muy orgulloso de ambas cosas», ha afirmado el parlamentario popular, quien ha criticado que el debate se produzca en vísperas del Orgullo, sugiriendo que se utiliza políticamente al colectivo.

El portavoz del PSOE, Víctor Gutiérrez, ha reprochado al diputado popular que haya buscado el protagonismo en el hemiciclo y ha aseverado que la ley ha llegado al Parlamento gracias a la lucha de las víctimas. «Usted es una vergüenza para el colectivo LGTBI+, yo también soy maricón, pero orgulloso de estar en el lado correcto de la historia», ha replicado con dureza el diputado socialista.

Se corta corta: piden reparación y apoyo a las víctimas

Desde Junts, Pilar Calvo ha abogado por seguir trabajando en la Cámara Alta para conseguir una mejor ley y el consenso necesario para que todo el colectivo se sienta respaldado. «Prohibir no es solo sancionar», ha argumentado la diputada de EH Bildu Isabel Pozueta, quien ha confiado en que la ley sea un punto de partida para avanzar en medidas de reparación.

Teslem Andala Ubbi (Sumar) ha respaldado la vía penal al estimar que la vía administrativa no era suficiente y ha prometido seguir batallando por el acompañamiento. Podemos ha votado a favor porque «cualquier avance es mejor que nada, aunque se queda corta», según ha asegurado la diputada Noemí Santana en su intervención.

Para la parlamentaria del PNV, Maribel Vaquero, el daño de estas prácticas no reside únicamente en los métodos empleados, sino en el propio mensaje que transmiten. Vox se ha opuesto a la norma y la ha calificado de «absoluto despropósito» y un ataque directo a la libertad individual, según ha expresado la diputada María de la Cabeza Ruiz. «Quieren meter en prisión a un padre que lleva a su hijo al psicólogo o a los sacerdotes a los que los homosexuales piden ayuda voluntariamente», ha añadido la parlamentaria.

La reparación, en una moción aprobada en el mismo pleno

Precisamente, en esta misma sesión se ha aprobado una moción del grupo parlamentario mixto sobre el apoyo a estas víctimas, incidiendo en que no es suficiente con la vía de la penalización. «Las víctimas necesitan más que una condena penal, necesitan recursos y acompañamiento social para reconstruir sus vidas», manifestó la diputada de Compromís Águeda Micó.

La moción aboga por designar ayudas económicas específicas y soluciones habitacionales para impulsar la detección precoz ante situaciones familiares complejas. La moción ha salido adelante en el Pleno corporativo por un estrecho margen de 174 votos a favor, 169 en contra y 5 abstenciones.