El Gobierno maneja un registro de 1,2 millones de inmigrantes irregulares en la sanidad pública
La regularización masiva se dirige a unas 500.000 personas, frente al volumen real que gestiona el sistema sanitario
Oficina del Padrón del Ayuntamiento de Valencia. | EP
El Gobierno maneja un registro de 1.224.576 inmigrantes en situación irregular con acceso a la sanidad pública. Esta cifra está incluida en la memoria del Real Decreto 180/2026 y es la utilizada para calcular el impacto de la norma. El decreto, analizado por THE OBJECTIVE, tiene por objeto regular el procedimiento administrativo para reconocer ese derecho sanitario y fija en 24,3 millones de euros anuales las cargas asociadas.
La nueva cifra de inmigrantes irregulares surge en paralelo a la regularización extraordinaria impulsada por el Gobierno, la mayor en más de dos décadas. El plan permitirá solicitar autorización de residencia y trabajo entre abril y el 30 de junio de 2026. La iniciativa se dirige a personas que hayan llegado a España antes del 1 de enero de 2026, acrediten al menos cinco meses de permanencia continuada y carezcan de antecedentes penales.
El Ejecutivo situó inicialmente en 500.000 personas el volumen de inmigrantes que podrían acogerse a la regularización. El nuevo reglamento de Extranjería ha sido aprobado este martes por el Consejo de Ministros, tras haber sido elaborado sobre la base del dictamen del Consejo de Estado. Este órgano consultivo ha puesto importantes reparos al texto del Gobierno hasta el punto de formular varias objeciones esenciales.
Regularización masiva de inmigrantes
El proceso de regularización ha generado un fuerte debate político. Mientras el Gobierno defiende la medida como una respuesta a demandas sociales y económicas y la considera uno «de los grandes hitos» de la legislatura, los principales partidos de la oposición han anunciado su intención de recurrir la norma por distintas vías, incluidas acciones judiciales y parlamentarias.
El Real Decreto 180/2026 regula el acceso previo al sistema sanitario y la norma establece un marco común para todas las comunidades autónomas e introduce requisitos como la declaración responsable y un documento acreditativo sin caducidad. La cifra de 1.224.576 personas no formaba parte de las primeras fases del proyecto y aparece en la etapa final de tramitación del decreto. El proceso comenzó con una consulta pública el 12 de julio de 2025, cuando el volumen de población afectada se manejaba en términos aproximados.
El detalle del número de afectados se incorpora en las versiones posteriores de la memoria económica. El borrador sometido a audiencia pública el 29 de septiembre de 2025 y las revisiones sucesivas introducen una base poblacional mayor hasta fijar la cifra definitiva utilizada para calcular el impacto del sistema.
Acceso a la sanidad pública
Desde la aprobación de la Ley 7/2018 de universalidad del Sistema Nacional de Salud, los extranjeros en situación irregular pueden acceder al sistema sanitario y son incorporados mediante procedimientos administrativos gestionados por las comunidades autónomas y el Instituto Nacional de Gestión Sanitaria (Ingesa).
Ese proceso quedó definido en la resolución de 20 de junio de 2019, que regula el procedimiento de solicitud, registro y expedición del documento acreditativo. En ese marco, los servicios de salud autonómicos asignan a los solicitantes un Código de Identificación Personal Autonómico (CIPA), que permite su identificación dentro del sistema sanitario.
Posteriormente, esa información se comunica al Ministerio de Sanidad, que asigna el Código de Identificación Personal del Sistema Nacional de Salud e integra a los beneficiarios en la Base de Datos de Población Protegida del Sistema Nacional de Salud. Dentro de esta base, los inmigrantes en situación irregular quedan registrados en el Título 85, correspondiente a personas extranjeras no registradas o autorizadas.
Seguimiento de extranjeros en situación irregular
Este circuito administrativo permite identificar a las personas atendidas y mantener su seguimiento dentro del sistema, generando un volumen acumulado de beneficiarios. Desde 2018, la incorporación progresiva de estos colectivos ha configurado un registro que refleja el alcance del sistema asistencial.
Como toda base de datos administrativa, este registro no equivale necesariamente a población residente efectiva en cada momento. Puede incluir situaciones no actualizadas en tiempo real, como personas que ya no se encuentran en España o posibles duplicidades derivadas de la gestión entre distintos servicios autonómicos, lo que introduce matices en la interpretación de la cifra total.
El texto también introduce un cambio relevante al establecer que el documento acreditativo no tendrá caducidad, a diferencia del modelo anterior, que obligaba a renovaciones periódicas. Esta modificación elimina la revisión automática de los expedientes y transforma el sistema en un registro más estable, vinculado a la permanencia en el sistema sanitario.
Coordinación entre administraciones
Además, el decreto fija un procedimiento homogéneo en todo el territorio, obligando a las comunidades autónomas e Ingesa a coordinar la identificación, registro y comunicación de los beneficiarios. Esto implica la integración sistemática de los datos en la base estatal. Allí se centraliza la información de las personas atendidas con cargo a fondos públicos.
La diferencia entre las cifras manejadas en la regularización y las recogidas en el sistema sanitario responde a la distinta naturaleza de las fuentes: mientras las primeras se basan en estimaciones, las segundas proceden de registros administrativos construidos a partir de la actividad asistencial.
En este contexto, el Real Decreto 180/2026 se apoya en esa base para ordenar el procedimiento y unificar criterios en todo el territorio. El resultado es un sistema más estructurado que permite identificar y gestionar a estos colectivos de forma continuada, al tiempo que convive con el proceso de regularización.