El Gobierno endurece la regularización y exigirá un certificado oficial de antecedentes

El Gobierno ha seguido las recomendaciones del Consejo de Estado y ha endurecido el real decreto que regularizará de forma extraordinaria a más de medio millón de inmigrantes en situación irregular. Uno de los principales cambios en el texto que ha aprobado este martes el Consejo de Ministros es sobre el requisito de antecedentes penales. Si el solicitante no cuenta con un documento oficial que acredite que no ha cometido delitos en los cinco años anteriores al proceso, no podrá obtener su permiso de residencia. 

De este modo, el Ministerio de Migraciones ha cedido también a a una de las exigencias de Interior, que viene advirtiendo desde hace meses del gran riesgo que suponía la declaración responsable de antecedentes, en caso de que el inmigrante irregular no consiguiese un certificado oficial de su país de origen, como proponían otros borradores del decreto. No obstante, en su afán por que este proceso sea masivo, el Ejecutivo ampliará los plazos y tomará parte a la hora de pedir esos credenciales por la vía diplomática para agilizar el proceso. 

Esto último implica que, si el solicitante no ha conseguido el certificado de antecedentes en un mes desde que lo pide, el Gobierno, a través del Ministerio de Presidencia, tratará de recabarlo y se dará tres meses para ello. Si este intento fracasa, el inmigrante dispondrá de otros 15 días para conseguirlo de nuevo. Lo que no se permitirá en ningún caso es que sea él mismo quien pueda dar fe de su carencia de condena por la comisión de algún delito. Los sindicatos policiales venían advirtiendo desde hace meses que esa flexibilización podría suponer «un coladero de seguridad». 

Se admitirán documentos caducados

El Gobierno ha incluido otra modificación en el decreto, a petición también del Consejo de Estado, en relación con aquellos aspirantes que habían solicitado en España la protección internacional. Una figura para aquellos ciudadanos extranjeros que huyen de sus países por razones políticas, culturales, de violencia o discriminatorias. En estos casos, el Ejecutivo iba a exigirles renunciar a ese procedimiento para que poder optar a la regularización. Un punto que también fue duramente criticado por Interior, habida cuenta de que se trata de dos procedimientos completamente distintos. Ahora, el nuevo texto solo exige que desistan de la petición de asilo si logran previamente el permiso de residencia. 

Además de no contar con antecedentes, las otras condiciones que exigirá el Gobierno son más sencillas de cumplir: encontrarse en España antes del 1 de enero de 2026, haber estado al menos cinco meses en el país y cumplir con uno de estos tres requisitos: tener alguna vinculación laboral; vivir con tu familia aquí, siempre que esta cuente con menores; o encontrarse en situación de vulnerabilidad, esto es, que sean solicitantes de protección internacional. La forma de demostrar ese periodo de tiempo en el país también ha abierto un gran abanico de posibilidades del que ha alertado la Policía, teniendo en cuenta además que el Gobierno permitirá como prueba documentos que estén caducados. 

Migraciones no ha cedido ante esa otra exigencia del Consejo de Estado, que recomendaba la que solo sirvieran para este proceso documentos en vigor. De este forma, el Gobierno seguirá  dando como buena la presentación del pasaporte en vigor o caducado, cédula de inscripción o título de viaje en vigor o caducados.

La tramitación, al margen de la Policía

Por otro lado, el procedimiento dejará al margen de la tramitación a la Policía Nacional, que solo actuará si los funcionarios encargados de supervisar toda la documentación detectan alguna anomalía. Los principales sindicatos de la PolicíA, SUP y Jupol, critican que la regularización extraordinaria de migrantes se ha confeccionado «de espaldas» a los profesionales de la seguridad con un proceso de tramitación «externalizado» que incrementa, advierten, los riesgos de fraude, errores o deficiencias en la verificación de identidad y antecedentes de los solicitantes. 

En sendos comunicados, las dos organizaciones policiales recriminan al Gobierno que saque adelante este real decreto «sin refuerzo policial, consenso ni planificación operativa» y tildan de «grave» que el Ejecutivo haya optado por «apartar» en buena parte del proceso a las oficinas de Extranjería de la Policía Nacional. Jupol avisa que si la recogida y gestión inicial de solicitudes recae en entidades externas como oficinas de Correos o estructuras ajenas al sistema policial, se reducirán las garantías en un proceso especialmente sensible.

En un principio, según las fuentes consultadas, será la UTEX de Vigo, integradas en el Ministerio de Migraciones, la que se encarguen de la resolución de los expedientes. Precisamente se activarán ventanillas para recibir solicitudes en Correos, Seguridad Social y oficinas de Extranjería, dependientes de Función Pública.

El departamento dirigido por Elma Saiz, ademas, también implicará en el procedimiento a Tragsa, la empresa pública integrada en la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI), dedicada al desarrollo rural y la conservación de la naturaleza. Una entidad que también ha despertado dudas en cuanto a su idoneidad para colaborar en las complejas tareas administrativas que conllevará el proceso. Sea como fuere, solo en caso de que los funcionarios detecten alguna anomalía será cuando la Policía Nacional actúe para realizar las verificaciones o investigaciones pertinentes.