La regularización de Sánchez acerca a Almería a un 30% de población extranjera
El proceso incorporará decenas de miles de residentes y tensiona la capacidad administrativa y laboral de la provincia
Ciudadanos marroquíes acuden al consulado rifeño en Almería para documentarse ante la regularización. | Marian León (EP)
Almería está a las puertas de un cambio demográfico que pronto empezará a reflejarse en las cifras. Con más de 780.000 habitantes, la provincia superará los 800.000 en los próximos meses, en un contexto marcado, entre otros factores, por la regularización ya en marcha del Gobierno de Pedro Sánchez.
El proceso se apoya en una estructura demográfica ya consolidada en la provincia de Almería. En varios municipios, la población extranjera tiene un peso estructural ligado a la agricultura intensiva y a la economía de servicios. El fenómeno no es nuevo y presenta una distribución desigual en la provincia, con intensidades distintas según el territorio.
Las estimaciones disponibles por fuentes oficiales y medios locales sitúan el volumen potencial de expedientes en varias decenas de miles de casos, en una aproximación de entre 30.000 y 45.000 personas, cuya incorporación alteraría las cifras de la estadística provincial sin impactar de manera directa su realidad social. La incorporación al padrón sería progresiva, no simultánea, lo que ayuda a entender por qué el impacto inicial sobre la población total es más contenido.
En este contexto, la población total registrada —ligeramente por encima de los 780.000 habitantes según los últimos datos del INE— podría situarse por encima de los 800.000 en los próximos ciclos de actualización, una vez completadas las fases de resolución administrativa. La población extranjera, que ya representa en torno al 22%-23% del total provincial, se vería incrementada de forma gradual hasta acercarse a la franja del 28%-30%.
La distribución tampoco es uniforme. Mientras algunos municipios del Poniente almeriense concentran gran parte de la actividad vinculada al empleo agrícola intensivo, otras zonas presentan un escenario más estable en términos demográficos. A la espera de datos oficiales, todo apunta a un desequilibrio entre zonas de la provincia.
El sistema productivo en el foco
La economía almeriense depende desde hace años de la mano de obra extranjera en sectores como la agricultura intensiva, el manipulado hortofrutícola, la construcción y la hostelería. Esta realidad se concentra especialmente en determinadas zonas de fuerte actividad agrícola.
Los datos de afiliación a la Seguridad Social reflejan que más del 25% de los trabajadores registrados en la provincia son de origen extranjero, lo que supone más de 85.000 personas. La proporción sitúa a Almería entre los territorios con mayor presencia relativa de trabajadores extranjeros en su estructura laboral.
Desde el plano económico, distintas fuentes del ámbito jurídico y laboral apuntan a que la integración de los nuevos trabajadores en el sistema no depende únicamente del proceso administrativo, sino también de la capacidad real de absorción del mercado de trabajo en determinados sectores. En actividades en las que la estacionalidad, la rotación de mano de obra y la presión de costes han sido históricamente elevadas, la regularización podría tener sus consecuencias. Este posible desfase entre el registro administrativo y la dinámica empresarial abre un escenario en el que la formalización no siempre se traduce de forma inmediata en contratación estable.
Puesta a prueba de la Administración
El proceso de regularización ha puesto de manifiesto tensiones en la capacidad de tramitación del sistema administrativo, especialmente en las fases iniciales de documentación y acreditación. Según ha podido observar THE OBJECTIVE, la concentración de solicitudes ha generado estos días episodios de saturación en distintos puntos de atención, compensados posteriormente por la implantación de mecanismos de cita previa y tramitación telemática.
Expertos han apuntado en las últimas jornadas que la actualización de los registros no se produce de forma simultánea en todos los niveles administrativos, lo que introduce un desfase entre la realidad social del territorio y su reflejo estadístico, especialmente durante las fases intermedias del procedimiento.
El procedimiento permanece abierto hasta finales de junio, tras lo cual se iniciará la fase de resolución administrativa, con plazos de varios meses para la emisión de respuestas individuales. Será en ese momento cuando el impacto completo del proceso se traslade a las estadísticas oficiales de población y afiliación laboral.