La presión de la regularización en Andalucía dispara la reventa de citas hasta los 600 euros

La obtención de una cita para iniciar el proceso de regularización extraordinaria de inmigrantes ha comenzado a presentar costes desorbitados en distintos puntos de España. Un trámite que es gratuito puede alcanzar hasta los 600 euros en función de la urgencia, la provincia o el intermediario. La práctica ilícita se ha detectado en paralelo al despliegue de una medida que afecta a más de medio millón de personas.

En provincias como Huelva, la presión sobre el sistema se ha intensificado en las últimas semanas. La apertura de la fase presencial ha trasladado parte de la gestión a oficinas públicas como la de Correos después de que Extranjería haya quedado fuera de la recepción directa de solicitudes. Este cambio ha multiplicado los puntos de acceso, pero también la demanda.

Según ha sabido THE OBJECTIVE, fuentes policiales y del entorno administrativo han detectado un aumento en el acaparamiento de citas y su posterior reventa. El fenómeno se repite en distintos puntos del país. Conforme se ha concretado la gestión, la demanda de este tipo de citas ha aumentado y con ello el precio que las personas en situación irregular están dispuestas a pagar.

Acumulación de citas

Como ocurrió previamente y se informó desde este mismo medio, el modus operandi se repite. El sistema de cita previa permite reservar turnos a través de una plataforma online. En condiciones normales, el acceso es libre y gratuito. Sin embargo, cuando se habilitan nuevas fechas, estas desaparecen en cuestión de segundos.

Fuentes policiales consultadas explican que detrás de este comportamiento se encuentra el uso de programas automatizados capaces de reservar múltiples citas de forma simultánea. Estas herramientas permiten sortear las limitaciones técnicas del sistema y concentrar un volumen elevado de turnos en manos de un mismo operador que puede incluso colapsar la web.

Una vez obtenidas, las citas se ofrecen a terceros. El contacto se realiza a través de redes sociales, aplicaciones de mensajería o en establecimientos físicos como locutorios. El mensaje promete una «cita garantizada». El precio varía en función de la demanda y del tipo de trámite.

Precios inasumibles

Las cantidades detectadas oscilan entre los 50 y los 600 euros. En los casos más elevados, el servicio incluye la gestión completa del proceso, desde la reserva de la cita hasta la cumplimentación de formularios. En otros, se limita a la cesión del turno.

El pago se realiza por diferentes vías, como transferencias internacionales o plataformas digitales, según fuentes consultadas, con el objetivo de dificultar el rastreo. En algunos casos, las citas se modifican una vez vendidas para adaptarlas a los datos del comprador, lo que complica el seguimiento del fraude.

También se han identificado ofertas de servicios complementarios, como empadronamientos o documentación necesaria para completar el expediente, lo que refleja la manera de operar de mafias que extienden el alcance del negocio más allá de la simple reserva de citas.

Saturación en la Policía

A todo ello se le suma otro factor: la insuficiencia de recursos por parte de la Policía Nacional en el ámbito de Extranjería, donde se tramitan los expedientes derivados del proceso. En Cádiz, sindicatos policiales han advertido de que las plantillas actuales no tienen dimensión como para asumir el volumen de solicitudes previsto. El proceso de regularización concentra en un periodo reducido un número elevado de expedientes, lo que incrementa la carga de trabajo en las unidades de Extranjería.

Las fuentes consultadas señalan que, sin refuerzos, el sistema puede generar retrasos en la tramitación. Esta situación coincide con un aumento de la demanda de citas, lo que tensa aún más el acceso a los canales oficiales.

El problema no se limita a Andalucía. En otras provincias se han detectado dinámicas similares, con diferencias en los precios pero con un mismo patrón: dificultad para acceder a citas y aparición de intermediarios. En Castilla y León, medios locales alertan de citas por 700 euros.

Fuentes policiales consultadas subrayan que estas prácticas son conocidas desde hace años y que suelen intensificarse en momentos de alta demanda administrativa.

Trabas en el control

Desde el entorno policial se apunta a la dificultad de perseguir este tipo de conductas. La reventa de citas no siempre encaja de forma clara en un delito, especialmente cuando se presenta como un servicio de gestión administrativa.

La identificación de los responsables se complica por el uso de herramientas digitales que ocultan la procedencia de las reservas. A esto se suma que, en muchos casos, los afectados no presentan denuncia tras completar el trámite.

El arranque del proceso presencial ha puesto en marcha el dispositivo en más de 400 oficinas repartidas por todo el país. En concreto, más de 370 oficinas de Correos, más de 60 de la Seguridad Social y cinco oficinas de Extranjería —Madrid, Alicante, Valencia, Almería y Murcia— ya están atendiendo solicitudes. El Ministerio de Inclusión insiste en que no se atenderá sin cita previa y que los horarios se han habilitado de forma específica para no interferir con el resto de trámites.