El Gobierno usará Correos para vender deuda pública con el indicador en máximos históricos

El Consejo de Ministros ha aprobado el contrato-programa plurianual que regulará las condiciones de prestación de los Servicios de Interés Económico General (SIEG) encomendados a la empresa pública Correos hasta 2030. Este acuerdo dota de un marco normativo estricto al desarrollo derivado de la modificación de la Ley Postal 43/2010, aprobada por las Cortes Generales el pasado mes de julio de 2025. Entre sus nuevas atribuciones, Correos expandirá su catálogo para el ciudadano, permitiendo entre otras cosas en el corto plazo la suscripción y adquisición de títulos de deuda pública del Estado en las oficinas de su red, formada por 2.400 puntos. Estas obligaciones se han situado en 1,7 billones de euros, alcanzando un techo histórico, según los datos oficiales. No obstante, aunque el volumen de deuda está en niveles récord, el peso de la deuda sobre la riqueza del país (la ratio deuda/PIB) baja progresivamente. Esto se debe a que la economía y el PIB están creciendo a un ritmo mayor que el endeudamiento.

Este salto operativo en Correos se encuentra alineado con las directrices de su Plan Estratégico 2024-2028, orientado a consolidar la viabilidad económica de la empresa mediante la diversificación, el bienestar público y la cohesión territorial, ha informado la corporación amarilla en un comunicado. Cuenta con 3.000 millones de euros de inversión.

El operador público postal refuerza de esta manera su función de prestador de servicios públicos esenciales que el libre mercado no es capaz de ofrecer sin una intervención reguladora estatal directa. De este modo, la planificación estratégica e institucional para el próximo quinquenio se organiza estructuralmente en torno a cuatro grandes bloques de competencias que tienen como propósito prioritario vertebrar socialmente el territorio nacional, mitigar la exclusión financiera y combatir el aislamiento burocrático de las zonas afectadas por el reto demográfico.

El primer pilar garantiza la accesibilidad general a las comunicaciones postales ordinarias en las áreas rurales mediante la protección y el mantenimiento operativo de toda su red de oficinas físicas, sucursales y puntos de atención locales. El segundo bloque establece un sistema de inclusión financiera activa a través de servicios bancarios básicos; esto asegura de forma obligatoria el acceso y la distribución de dinero en efectivo en aquellos pequeños municipios y núcleos poblacionales que cuentan con menos de 500 habitantes y que carecen de sucursales bancarias tradicionales por el abandono del sector financiero privado.

El tercer eje sitúa a Correos bajo el ambicioso modelo de «ventanilla única» universal, descentralizando los servicios administrativos estatales para permitir a los ciudadanos la presentación de instancias oficiales, el registro de documentos, el pago de tasas y tributos obligatorios, el cobro de subvenciones públicas y la tramitación directa de gestiones con el organismo competente. Finalmente, el cuarto bloque establece la puesta a disposición inmediata de las autoridades de todos los medios materiales y personales de la compañía en situaciones de crisis nacional, seguridad pública o emergencias climáticas.

Sucursales como cajeros automáticos

La formalización de este acuerdo da continuidad y respaldo legal a una serie de actividades sociales que el operador postal ya realizaba de manera proactiva en el territorio nacional. Entre estas acciones previas destacan la gestión y digitalización de trámites administrativos y la provisión de liquidez financiera a través del servicio especializado Correos Cash. Asimismo, el operador público ha desempeñado un papel de vital importancia logística en la asistencia civil frente a catástrofes, gestionando las solicitudes de ayudas públicas urgentes para los damnificados por los devastadores efectos de la DANA y los recientes temporales que golpearon con dureza diversas zonas de Andalucía y Extremadura. Adicionalmente, el personal de las oficinas atiende de forma directa la gestión material y de información en los procedimientos específicos articulados por el Ejecutivo para la regularización de inmigrantes.

El presidente de la entidad estatal, Pedro Saura, destacó que el Ejecutivo ratifica de este modo el valor estratégico de la red postal para el país. Saura admitió abiertamente que esta diversificación operativa contribuirá sustancialmente a compensar, aunque solo de manera parcial, la severa contracción de ingresos que sufre el sector tradicional debido a la sustitución digital de la correspondencia física. El directivo remarca que, gracias a su cercanía, capilaridad y modernización tecnológica, Correos se consolida de forma definitiva como el aliado indispensable de la Administración para garantizar la igualdad de oportunidades y la justicia social de todos los ciudadanos españoles, independientemente de su lugar de residencia.