España concentra uno de cada tres nuevos inmigrantes en la UE y suma 700.000 en un año
La población extranjera en los países miembros ha crecido en más de 24 millones de personas desde 2010
Varias personas hacen cola en la Embajada de Argelia. | Diego Radamés (EP)
El número de inmigrantes en la Unión Europea ha alcanzado un máximo histórico de 64,2 millones en 2025, tras sumar 2,1 millones más en el último año. La incorporación de 700.000 por parte de España eleva su proporción a un tercio del incremento en el último año, convirtiéndola en uno de los principales focos migratorios del bloque, tanto por volumen como por ritmo de crecimiento. Son datos del centro privado de investigación Rockwool Foundation (RF) en colaboración con el CReAM (Centre for Research and Analysis on Migration), a partir de estadísticas de Eurostat y Naciones Unidas, y que reflejan una tendencia estructural al alza en la última década.
En el caso español, el crecimiento ha sido especialmente intenso, hasta alcanzar los 9,5 millones de personas nacidas en el extranjero. El dato pone de manifiesto un cambio demográfico relevante y consolida el peso de la inmigración dentro de la población total, la cual se sitúa cerca de los 50 millones.
La regularización extraordinaria de inmigrantes aprobada por el Gobierno podría elevar aún más estas cifras en los próximos años. El Ejecutivo prevé regularizar a unas 500.000 personas, aunque distintas estimaciones apuntan a que el número de solicitudes podría acercarse al millón.
Volumen total y llegadas en la UE
El informe distingue entre el volumen total de población extranjera y las llegadas registradas en el último año. En términos absolutos, Alemania, con una población total en torno a los 84 millones, se mantiene como principal destino en la UE, con cerca de 18 millones de inmigrantes, seguida de Francia, con una población total de 68 millones, de la cual 9,6 millones son inmigrantes; en España, según el informe, en torno al 20% de la población del país es inmigrante, 9,5 millones; mientras que Italia, con un total de 88 millones, ocupa el cuarto puesto con aproximadamente unos 6,9 millones de inmigrantes en el país, lo que confirma la concentración del fenómeno en las principales economías del bloque.
En cuanto a los flujos de inmigrantes —llegadas de personas nacidas en el extranjero que fijan su residencia en el país—, España lideró las llegadas en 2024 con alrededor de 1,22 millones de personas, por delante de Alemania (1,03 millones), mientras que Italia (410.000) y Francia (353.000) registraron cifras significativamente inferiores.
España también se sitúa entre los principales países receptores de solicitudes de asilo en la Unión Europea, junto a los países anteriormente mencionados. En 2025, estos cuatro Estados concentraron cerca de tres cuartas partes de todas las peticiones registradas en el bloque, en un contexto en el que el número total de solicitudes ascendió a 669.365, según el informe. En concreto, España encabeza el indicador: alrededor de 141.000 solicitudes. Le siguen Italia (127.000), Francia (116.000) y, a la cola, Alemania (113.000).
El número de extranjeros nacidos fuera del espacio Schengen ha pasado de unos 40 millones en 2010 a más de 64 millones en la actualidad, consolidando una tendencia sostenida al alza en la última década impulsada tanto por factores económicos, como la demanda de mano de obra, como por conflictos internacionales y crisis humanitarias.
La tendencia del efecto llamada
La regularización de inmigrantes aprobada por el Consejo de Ministros anticipa que nuestro país mantenga la tendencia de estos datos. Los opositores a la medida alertan del efecto llamada y de la capacidad de absorción de los servicios públicos, especialmente en ámbitos como la vivienda, la sanidad y la educación, donde ya se han registrado tensiones en algunas comunidades.
La iniciativa ha generado un fuerte rechazo en regiones como Madrid, cuyo Gobierno autonómico, liderado por Isabel Díaz Ayuso, ha presentado un recurso ante el Tribunal Supremo al considerar que la medida podría vulnerar la normativa europea, afectar a la seguridad nacional y tensionar aún más los servicios públicos. Su portavoz, Miguel Ángel García Martín, advierte de que la regularización «se traducirá en la quiebra de la convivencia, la saturación y el desguace de los servicios públicos» y podría generar «un efecto llamada».
Desde Bruselas, el comisario europeo de Interior y Migración, Magnus Brunner, ha pedido «cautela» a los Estados miembros al adoptar decisiones de este tipo, subrayando que la gestión de la inmigración tiene efectos directos en el conjunto del espacio Schengen y advirtiendo de que una mala coordinación podría poner en riesgo la libre circulación si se debilita el control de las fronteras exteriores.