El Ministerio del Interior desconoce el número de agresiones que hay en los CIE
La Policía admite que carece de datos precisos sobre los incidentes ocurridos en los centros de internamiento
El ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska.
El Ministerio del Interior no dispone de cifras concretas sobre las agresiones registradas en los Centros de Internamiento de Extranjeros (CIE). Así lo reconoce en una resolución administrativa del Portal de Transparencia a la que ha tenido acceso THE OBJECTIVE. El documento, firmado por la Dirección General de la Policía, responde a una petición en la que se le solicitaban datos detallados sobre agresiones en estos centros, tanto las dirigidas por parte de los extranjeros a los funcionarios y/o trabajadores de los centros, como de los propios trabajadores a los internos y entre los mismos internos. Se solicitaba con un desglose por años desde 2016 y, en medida de lo posible, por nacionalidad de los implicados. Sin embargo, la Administración no facilita esa información.
Aunque las bases de datos policiales permiten realizar búsquedas relacionadas con la criminalidad, no están diseñadas para ofrecer este tipo de información estructurada, según la Administración. En concreto, el Ministerio del Interior admite que estos sistemas «no permiten extraer con fiabilidad la información» solicitada, pese a contar con distintos filtros de búsqueda para intentar acceder a la información solicitada.
Esta limitación se debe, según la propia Administración, a que las herramientas estadísticas de la Policía Nacional están orientadas a necesidades operativas y no a la elaboración de informes detallados para otros fines, lo que impide disponer de un registro accesible que permita cuantificar con precisión este tipo de incidentes en los CIE.
Condena al Ministerio del Interior
Esta dificultad para acceder a datos sobre estos centros no es nueva. En el año 2024, el Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM) condenó al Ministerio del Interior por no facilitar información sobre los CIE solicitada por el Servicio Jesuita de Migrantes (SJM), obligándole a entregar datos sobre quejas registradas y recursos sanitarios disponibles.
La organización denunció entonces que la información proporcionada por la Administración había sido incompleta, pese a tratarse de un derecho regido en la Ley de Transparencia.
Desde hace varios años, distintas entidades sociales insisten en que el acceso a la información pública sobre los CIE resulta esencial para analizar las condiciones de internamiento y evaluar la política migratoria. Organizaciones como el SMJ sostienen que las cifras oficiales permiten conocer tanto los recursos disponibles como la realidad de las personas retenidas en estos centros.
En paralelo, distintos incidentes registrados en los últimos años han puesto de manifiesto los problemas de seguridad en torno a estos centros. En 2023, un hombre fue detenido en Málaga por una agresión sexual violenta y enviado a un CIE tras comprobarse que se encontraba en situación irregular en España, evidenciando el papel de estas instalaciones dentro del sistema de control migratorio.
También ha habido diferentes altercados en el interior de los propios centros. Ese mismo año, varios internos lograron fugarse del CIE de Valencia utilizando una cuerda fabricada con sábanas, mientras que en Madrid diez agentes de la Policía Nacional resultaron heridos al intervenir para frenar un intento de fuga.
Estos episodios, junto a la falta de datos detallados sobre agresiones, dificultan tener una visión completa de la conflictividad en los CIE y del alcance real de los incidentes que se producen en su interior.