Justicia agiliza la nacionalidad de 256.000 inmigrantes en pleno aluvión de solicitudes
Neoris desbanca a Indra y se hace con un contrato al que se invitó a 30 empresas para acelerar trámites de ciudadanía
Ilustración de Alejandra Svriz.
El Ministerio de Justicia, que capitanea Félix Bolaños, ha adjudicado un contrato de refuerzo para agilizar los trámites de nacionalidad de 256.393 inmigrantes que a 31 de diciembre del 2025 estaban pendientes de resolver. La mayoría de estos futuros nacionalizados tendrá derecho a voto en las elecciones generales previstas, en principio, para el verano de 2027.
La cifra, procedente de la Subdirección General de Nacionalidad, analizada por THE OBJECTIVE, se concentra en solicitudes recientes: más de 218.000 corresponden a 2025. Esto confirma que el atasco ya no es heredado, sino fruto del incremento de entradas. En este contexto, Justicia ha impulsado un contrato para dar servicio de desarrollo, mantenimiento y soporte a usuarios de los sistemas de Nacionalidad, que tendrá una vigencia de dos años. La adjudicación se ha hecho por 1,7 millones de euros.
El contrato fue adjudicado a Neoris España y ha sido tramitado como contrato basado en un acuerdo marco, un modelo que limita la competencia a empresas previamente seleccionadas. El Gobierno invitó a 30 grandes empresas y uniones temporales de empresas (UTE) tecnológicas y de consultoría, pero nueve, entre ellas Deloitte y la UTE formada por Telefónica e Hiberus, quedaron excluidas desde el primer momento. Fujitsu ni siquiera respondió a la licitación y otras siete —incluida Oesía, amenazada por Rusia por sus desarrollos tecnológicos en la industria de defensa— se autoexcluyeron.
Contrato ante un aluvión de inmigrantes
Finalmente, accedieron 13 empresas y UTE, pero la imbatible oferta económica de Neoris dejó fuera a Indra, Ernst & Young, Accenture y Capgemini, que hizo la segunda mejor propuesta. El resultado final estuvo marcado por el factor económico. La oferta ganadora se situó claramente por debajo de la media de las propuestas presentadas. En la práctica, el contrato se resolvió en una competencia a la baja, en la que algunas grandes compañías no ajustaron sus ofertas al nivel exigido.
Ahora, Neoris España deberá operar en un sistema de nacionalidad sometido a una fuerte presión por las nuevas entradas. En 2024 se registraron 246.663 solicitudes de nacionalidad por residencia. A cierre de 2025, solo 19.230 de esos expedientes seguían pendientes, lo que indica que la gran mayoría se resolvió durante el último año, bien mediante concesión, denegación o archivo.
El sistema ha demostrado capacidad para absorber volúmenes elevados en plazos relativamente cortos. Entre 2020 y 2025 se han registrado más de 1,14 millones de solicitudes y más de 1,07 millones de concesiones, según los datos de Justicia. Sin embargo, el problema actual es distinto: el récord de 2025, con 295.107 nuevas solicitudes, ha generado un nuevo cuello de botella. En los próximos años, la regularización de 500.000 inmigrantes, que en la mayoría de los casos pedirán la nacionalidad, agravará aún más la situación.
Ley de Memoria Democrática
A este flujo hay que añadir el impacto de la Ley de Memoria Democrática, conocida como ley de nietos, que ha generado un volumen muy elevado de solicitudes, especialmente desde el exterior. No obstante, estos expedientes, que pueden superar los dos millones, no deben confundirse con los de nacionalidad por residencia, ya que responden a una lógica jurídica distinta y, en gran medida, se tramitan a través de circuitos administrativos diferentes.
Mientras los 256.000 expedientes pendientes corresponden a la vía de residencia —gestionada fundamentalmente en el ámbito interno—, las solicitudes vinculadas a la Ley de Memoria Democrática se canalizan principalmente a través de consulados y procedimientos específicos. Esto implica que el volumen real de solicitudes de nacionalidad es superior al reflejado en las estadísticas de residencia.
Regularización y efecto arrastre
El contexto migratorio reciente introduce un nuevo factor de presión sobre el sistema. La regularización extraordinaria impulsada por el Gobierno podría afectar a alrededor de 500.000 inmigrantes en situación irregular, que obtendrían autorización de residencia. Este paso es determinante, ya que la residencia legal constituye el requisito previo indispensable para solicitar la nacionalidad por esta vía.
Además, la normativa española establece condiciones diferenciadas según el origen del inmigrante solicitante. En el caso de ciudadanos de países iberoamericanos, Filipinas y Guinea Ecuatorial, pueden solicitar la nacionalidad tras solo dos años de residencia legal y continuada en España, frente a periodos más prolongados en otros supuestos. Este diseño introduce un efecto de aceleración en el acceso al procedimiento, lo que anticipa que una parte relevante de ese nuevo contingente podrá solicitar la nacionalidad en un horizonte relativamente corto, intensificando la presión futura sobre el sistema.
En este contexto, el refuerzo tecnológico apunta a una aceleración del proceso a corto plazo. La experiencia reciente —con volúmenes de resolución superiores a los 250.000 expedientes anuales— muestra que una parte significativa del inventario actual podría resolverse en los próximos meses si se mantiene ese ritmo. Sin embargo, la entrada de nuevos potenciales solicitantes vinculados a la regularización anticipa que la presión sobre el sistema no será coyuntural, sino estructural en los próximos años.