Justicia externaliza la custodia y tratamiento de oposiciones en pleno debate por filtraciones
Bolaños encarga un contrato de 2,55 millones tras alegar falta de medios para gestionar los exámenes a funcionario
El contrato de Justicia abarca prácticamente todas las fases operativas de las oposiciones. | EP
El Ministerio de Justicia ha adjudicado un contrato —con un valor estimado de 2,55 millones incluyendo prórrogas— para externalizar la gestión operativa de sus oposiciones por 930.000 euros. Los servicios requeridos incluyen desde el tratamiento de datos hasta la custodia y transporte de los exámenes a diferentes cuerpos de funcionarios.
El contrato, analizado por THE OBJECTIVE, se divide en tres lotes que abarcan prácticamente todas las fases operativas. El primero, relativo al tratamiento de datos y elaboración de listados de aspirantes, ha sido adjudicado a ODEC Centro de Cálculo y Aplicaciones Informáticas por 436.918 euros. Este lote incluye la captura y gestión de solicitudes, la generación de bases de datos y la producción de listados de admitidos, excluidos y resultados.
El segundo lote, correspondiente a la impresión de cuestionarios y hojas de respuesta, se ha adjudicado a Impaor por 266.000 euros. Este servicio abarca la producción física de los exámenes. Así, incluye su diseño técnico, impresión y preparación para su distribución en las sedes donde se celebran las pruebas.
Vigilancia de las oposiciones de Justicia
El tercer lote, el más sensible desde el punto de vista de la seguridad, se lo ha llevado Loomis por cerca de 229.000 euros. Incluye la recogida, transporte, custodia y entrega de los cuestionarios de las oposiciones y hojas de respuesta. Se trata de una empresa especializada en transporte de efectivo y seguridad.
La suma de los tres lotes se sitúa en torno a los 930.000 euros, prácticamente el total del presupuesto base, lo que evidencia la ausencia de rebajas significativas en la adjudicación. La concurrencia fue desigual según el tipo de servicio. En el lote de tratamiento de datos solo se presentó una empresa, adjudicataria sin reducción de precio. En el de impresión la competencia fue limitada, mientras que en el de custodia sí se registraron varias ofertas, con diferencias moderadas entre ellas.
Los pliegos técnicos destacaban la seguridad del proceso: exigían sistemas de trazabilidad, control de accesos y confidencialidad en todas las fases. Además, se reclaman protocolos específicos para evitar aperturas no autorizadas, manipulaciones o fugas de información. El diseño del sistema busca garantizar la integridad del material desde su producción hasta su utilización en las pruebas, con mecanismos para rastrear cada fase del circuito.
Seguridad del proceso
El Ministerio justifica la externalización del proceso de las oposiciones a los cuerpos de funcionarios de la Administración de Justicia en la falta de medios propios. La documentación del expediente reconoce que, debido al volumen de aspirantes y a la complejidad técnica del proceso, no dispone de recursos personales ni materiales suficientes para asumir estas tareas. La gestión masiva de datos, la corrección automatizada de exámenes tipo test y las exigencias de confidencialidad obligan, según el departamento, a recurrir a empresas especializadas.
Este modelo no es exclusivo de Justicia y se reproduce en otros ámbitos de la Administración, especialmente en servicios tecnológicos o de impresión. Sin embargo, en este caso el alcance es mayor al incluir también la custodia física de los exámenes, una de las fases más sensibles del proceso selectivo.
La adjudicación de Justicia se produce en un contexto de creciente controversia sobre la fiabilidad de las oposiciones. En los últimos meses, THE OBJECTIVE ha informado de incidencias en distintos procesos selectivos que han afectado a organismos de la Administración General del Estado, comunidades autónomas y servicios públicos como sanidad y educación. Las polémicas han abarcado desde retrasos y fallos organizativos hasta dudas sobre la custodia del material de examen.
Denuncias por filtraciones
En algunos casos se han denunciado e investigado posibles filtraciones de preguntas antes de la celebración de las pruebas o irregularidades en su distribución. También han surgido sospechas sobre el uso de dispositivos electrónicos durante los exámenes, como pinganillos u otros sistemas de comunicación encubierta, que permitirían a determinados aspirantes recibir información en tiempo real. Aunque estas situaciones no siempre han sido confirmadas, han obligado a reforzar controles y han intensificado el debate sobre la seguridad del sistema.
La fragmentación del servicio del proceso de oposiciones de Justicia en tres lotes implica que distintas empresas intervienen en fases sucesivas del proceso, multiplicando los puntos de acceso al material sensible y requiriendo mecanismos de coordinación y supervisión más complejos. Cada operador gestiona una parte del circuito, lo que obliga a la Administración a garantizar que el control efectivo se mantiene en todo momento.
La normativa de contratación pública establece que la responsabilidad última del proceso sigue siendo de la Administración, incluso cuando la ejecución se delega en terceros. La clave, por tanto, no es tanto la externalización en sí, sino la capacidad de supervisión sobre los operadores que intervienen en el servicio. De ello depende que se preserve la igualdad entre aspirantes y la integridad del procedimiento.