El Gobierno desvió 2.400 millones de fondos europeos para pagar pensiones de funcionarios

El Tribunal de Cuentas ha detectado que el Gobierno utilizó fondos europeos para financiar gasto en pensiones de funcionarios. En su análisis de la Cuenta General del Estado de 2024, al que ha accedido THE OBJECTIVE, el órgano fiscalizador identifica dos modificaciones presupuestarias por un total de 2.389,4 millones de euros destinadas a reforzar las pensiones de Clases Pasivas —el régimen que cubre a los antiguos funcionarios— y los complementos a mínimos.

La operación se financió mediante bajas en créditos del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia (PRTR), es decir, retirando recursos inicialmente previstos para inversiones y reformas vinculadas a los fondos europeos. El Tribunal no declara ilegal la medida, pero advierte de que su soporte jurídico «debería haber quedado mejor justificado», al tratarse de recursos procedentes del Mecanismo de Recuperación y Resiliencia.

El señalamiento por parte del Tribunal de Cuentas introduce un elemento crítico en la gestión de los fondos europeos. Estos recursos están diseñados para financiar proyectos transformadores y reformas estructurales, no para cubrir gasto corriente. Su utilización para pagar pensiones implica un cambio en su finalidad que exige una justificación reforzada.

Pago de pensiones de funcionarios

En términos presupuestarios, lo que se produce es una reasignación interna de crédito. Se reducen partidas del Plan de Recuperación para dotar otras vinculadas a obligaciones consolidadas del sistema de pensiones. Esta práctica permite cubrir necesidades inmediatas sin aumentar el gasto total, pero reduce la capacidad real de ejecutar inversiones comprometidas con Bruselas.

El informe sitúa esta decisión en un contexto de fuerte dependencia de las modificaciones presupuestarias. En 2024 no se aprobaron nuevos Presupuestos Generales del Estado, lo que obligó a gestionar el ejercicio mediante ajustes continuos. Como resultado, los créditos definitivos superaron en más de 77.000 millones de euros a los iniciales.

Este modelo introduce flexibilidad en la gestión, pero también reduce la transparencia sobre el destino final de los recursos. El uso de fondos europeos para cubrir gasto estructural añade un riesgo adicional, al tratarse de recursos sujetos a condiciones específicas de ejecución y control por parte de la Unión Europea.

Uso de fondos europeos

Las partidas de Clases Pasivas y los complementos a mínimos requieren ajustes recurrentes para garantizar su cobertura. La solución adoptada —recurrir a créditos del PRTR— permite absorber el impacto a corto plazo, pero desplaza el ajuste hacia otras áreas del presupuesto. El Tribunal enmarca esta incidencia dentro de un conjunto más amplio de debilidades en la gestión contable y presupuestaria. Entre ellas, destaca la existencia de más de 5.300 millones en obligaciones pendientes de reconocer.

A esto se suma la situación estructural de las cuentas públicas. El endeudamiento consolidado del Estado alcanza los 1,46 billones de euros, tras crecer un 4% en 2024, mientras que la Seguridad Social mantiene un patrimonio neto negativo superior a los 106.000 millones. Estos datos reflejan un sistema tensionado, en el que el gasto estructural condiciona cada vez más la planificación presupuestaria.

El Tribunal no cuestiona la legalidad de la operación, pero sí fija un criterio relevante: cuando se utilizan fondos del Mecanismo de Recuperación, el nivel de exigencia jurídica debe ser mayor. No basta con habilitar la modificación presupuestaria; es necesario justificar de forma precisa su compatibilidad con los objetivos del plan europeo.

Funcionarios en Clases Pasivas

La advertencia apunta a un problema de fondo. La capacidad de ejecución de los fondos europeos no depende solo del volumen convocado, sino de su uso efectivo y coherente con los compromisos adquiridos. En este caso, el trasvase hacia pensiones de funcionarios abre dudas sobre esa coherencia y sobre el margen real para desplegar las inversiones previstas.

El sistema de Clases Pasivas cubre actualmente a algo más de 715.000 pensionistas, en su mayoría antiguos funcionarios de la Administración General del Estado, docentes y personal militar incorporado antes de 2011, cuando el régimen quedó cerrado a nuevas altas. Se trata de un colectivo en descenso progresivo, pero con prestaciones medias superiores a las del sistema general, lo que mantiene una presión relevante sobre el gasto público.

El coste anual de estas pensiones será de 24.000 millones de euros en 2026, dentro de un gasto total en pensiones que ya rebasa los 220.000 millones en el conjunto del sistema. En ese contexto, el refuerzo de crédito mediante modificaciones presupuestarias no es excepcional, pero el recurso a fondos del Plan de Recuperación introduce un cambio cualitativo en la financiación de estas prestaciones, al apoyarse en recursos europeos diseñados para inversiones y no para gasto estructural.