La gran mentira de Sánchez sobre Montero: España fracasa en la gestión de los fondos UE
Un 30% aún sin resolver a cinco meses del plazo europeo y después de renunciar a 60.000 millones en préstamos
El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y la exvicepresidenta primera, María Jesús Montero, en un pleno del Congreso.
El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, reivindicó el pasado jueves la gestión de María Jesús Montero al frente del Ministerio de Hacienda. Lo hizo, de forma contundente, durante el acto de despedida de la ministra previo a su salida del Ejecutivo para iniciar una nueva etapa política en Andalucía. El jefe del Ejecutivo destacó sus «casi ocho años de trabajo incansable al servicio de España», definiéndola como «la mejor política que [ha] conocido» y subrayó que ha sido «un pilar fundamental del Gobierno».
Aseguró además que Montero «se ha encargado de que España contase siempre con los recursos necesarios para capear crisis inéditas», reforzar los servicios públicos y proteger a la ciudadanía. En ese balance, Sánchez incluyó de forma expresa el despliegue del Plan de Recuperación, al afirmar que la ministra ha gestionado «con acierto» los fondos europeos y ha dotado a las Administraciones de más recursos financieros que nunca.
Sin embargo, los datos oficiales analizados por THE OBJECTIVE y los informes de control dibujan un escenario totalmente distinto. A cinco meses del plazo límite fijado por la Comisión Europea —31 de agosto de 2026—, España encara la fase final del programa con una parte sustancial de los recursos aún sin ejecutar, tras haber renunciado a una parte relevante de la financiación prevista y con debilidades estructurales en el sistema de gestión.
Este balance se produce, además, en un contexto de fragilidad en la política económica. El Gobierno mantiene prorrogados los Presupuestos Generales del Estado de 2023 al no haber logrado aprobar unas nuevas cuentas, lo que limita la planificación en un momento crítico del despliegue de los fondos europeos. La prórroga obliga a operar con un marco previo al desarrollo masivo del plan, sin adaptar plenamente los instrumentos presupuestarios al volumen extraordinario de inversión comprometido.
El propio diseño del plan ha tenido que modificarse sobre la marcha. España renunció a finales de 2025 a 60.000 millones de euros en préstamos europeos, cerca del 75% de los créditos disponibles, reduciendo su uso a unos 22.000 millones frente a los más de 80.000 inicialmente previstos. El Gobierno justificó esa decisión en que el Tesoro podía financiarse en condiciones similares en los mercados y en la menor demanda empresarial de estos instrumentos. Sin embargo, la oposición calificó esta renuncia de «fracaso», al considerar que supone desaprovechar una capacidad de inversión equivalente a varios puntos de PIB.
Los datos del Ministerio de Hacienda muestran que se han convocado 93.000 millones de euros y adjudicado en torno a 65.000 millones a beneficiarios finales, lo que implica que aproximadamente un 30% del volumen movilizado sigue sin resolverse en la recta final del programa. Esta diferencia es clave: los fondos convocados o adjudicados no equivalen a ejecución efectiva, ya que la Comisión Europea exige que las inversiones estén realizadas y justificadas antes del cierre del plan.
Este plan de Bruselas contempla transferencias a fondo perdido, pero también liquidez en condiciones ventajosas. A pesar de que el Gobierno de España es uno de los que se ha posicionado en la UE a favor de la emisión conjunta de bonos para poder elevar el endeudamiento sin perjudicar la posición financiera de cada miembro, lo cierto es que el capítulo de préstamos, unos 83.000 millones de euros, es donde menos ejecución se ha producido. El mes pasado, el PP denunció que cerca de 60.000 se habían devuelto porque el Ejecutivo no sabía «cómo ejecutarlos», y lanzó el polémico «fondo soberano» para evitar que la cifra de devolución real fuera más cercana a los 70.000 millones, permitiendo así posponer la ejecución final de las inversiones.
Cuentas detecta deficiencias de gestión
El calendario europeo convierte el tramo final en el más exigente. El sistema debe absorber en pocos meses un volumen de recursos muy elevado, en un contexto en el que la evolución previa ha sido irregular. La brecha entre fondos comprometidos y ejecutados introduce un riesgo claro de cuellos de botella en la fase final, con capacidad limitada para transformar ese dinero en inversión real dentro de plazo.
A ello se suman las deficiencias detectadas por el Tribunal de Cuentas. En su fiscalización sobre los programas vinculados a los fondos europeos en el área social, el organismo identifica carencias relevantes en el modelo de gestión. Entre ellas, la ausencia de un refuerzo generalizado de plantillas, la falta de unidades específicas para canalizar el volumen extraordinario de recursos y limitaciones en los sistemas de control y seguimiento.
El conjunto de estos factores cuestiona el relato de éxito planteado por el Gobierno. La gestión de los fondos europeos no se mide únicamente por el volumen de dinero convocado o adjudicado, sino por su ejecución efectiva, su impacto económico y la capacidad del sistema para gestionarlos con garantías. En estos tres planos —ejecución, absorción y control— los indicadores muestran debilidades relevantes.
A cinco meses del cierre del programa, España afronta así su fase más crítica con una parte significativa de los fondos aún sin resolver, la renuncia a financiación prevista inicialmente y un sistema de gestión que no ha desplegado plenamente las capacidades exigidas. En este contexto, la afirmación de «acierto» en la gestión no se corresponde con la fotografía que ofrecen los datos oficiales y los organismos de control.