El juez sitúa el inicio de la «trama» de Leire Díez en los cinco días de reflexión de Sánchez
La Audiencia Nacional cree que en abril de 2024 se empezó a «desestabilizar» las causas judiciales contra el PSOE
La periodista y presunta fontanera del PSOE, Leire Díez. | Diego Radamés (Europa Press)
El juez de la Audiencia Nacional Santiago Pedraz investiga una presunta «trama» creada para «desestabilizar de forma sistemática y continuada» las causas judiciales que afectan al PSOE y al Gobierno y señala que el «punto de inflexión» habría sido el periodo de reflexión que se tomó Pedro Sánchez en abril de 2024 tras la imputación de su esposa, Begoña Gómez.
En un auto al que ha tenido acceso Europa Press, el juez atribuye un «papel superior» al entonces secretario de Organización del PSOE, Santos Cerdán, quien «habría trabado una relación con Leire Díez que le llevó a encargarle, según se infiere de sus comunicaciones, la coordinación y ejecución de una serie de actuaciones».
Unas actuaciones que, añade Pedraz, serían «penalmente relevantes» y tendrían como «propósito principal desestabilizar de forma sistemática y continuada cualquier procedimiento judicial o actuación policial» que pudiera afectar directa o indirectamente a los intereses del PSOE o del Gobierno.
El magistrado instructor señala que el 24 de abril de ese año, «pocos días después» de que el juez Juan Carlos Peinado abriera diligencias contra Begoña Gómez, el presidente del Gobierno publicó la denominada «Carta a la Ciudadanía», en la que «se establecía a sí mismo un periodo de reflexión» que concluiría el día 29.
Según añade, «es precisamente en ese periodo de reflexión» cuando Cerdán habría señalado una reunión en la sede del PSOE en la calle Ferraz de Madrid, celebrada el día 26.
A esa reunión, cuya convocatoria el juez atribuye a Cerdán, asistieron el entonces dirigente socialista, Leire Díez, el empresario Javier Pérez Dolset, el entonces responsable de comunicación Ion Antolín y Juan Manuel Serrano.
«Me voy de urgencia a Madrid. Me ha mandado Santos ir. Tenemos información que ayudaría al presidente», transmitió Díez a Vicente Fernández, expresidente de la SEPI, según un mensaje intervenido que el juez recoge en la resolución.
«Esta reunión se considera el punto de inflexión en lo que respecta a la actividad investigada», señala el magistrado, para añadir que desde ese momento el grupo liderado por Cerdán y coordinado por Díez habría tenido como «objetivo último proteger los intereses» afectados por las causas judiciales.
Pedraz expone que «existen serios indicios incriminatorios» que apuntan a que, a través de Cerdán, el PSOE habría sostenido la actividad investigada tanto desde el punto de vista financiero como logístico.
«Remuneraciones a cambio de información»
Además, el juez pone el foco en «pagos sin revelar el ordenante» realizados a través de sociedades de los investigados, con el presunto concierto de Ana María Fuentes, gerente de la Secretaría de Organización del PSOE, también investigada. Según el instructor, Fuentes habría emitido órdenes de encargo para elaborar «mendaces facturas» que permitieran transferir fondos a Leire Díez.
El juez sospecha que la supuesta trama ofreció «remuneraciones a cambio de información o actos contrarios al ejercicio de sus cargos» a funcionarios de la Guardia Civil, investigados y fiscales, con el objetivo de «atacar la correcta dirección de las investigaciones».
Como ejemplo, Pedraz cita las «sucesivas denuncias infundadas» contra la magistrada instructora del caso de David Sánchez —hermano del presidente—, así como contra la Fiscalía Anticorrupción o la UCO. Y añade que también se estableció como premisa atacar la dirección de las investigaciones judiciales, incluyendo las del juez Peinado.
«Para ello, Leire Díez habría contado con el impulso y el soporte intelectual y/o financiero de Cerdán», quien, según el auto, «habría acordado remunerarla por tales servicios con 4.000 euros mensuales con cargo a fondos del partido». El magistrado atribuye a Gaspar Zarrías el papel de facilitar su sociedad «como vehículo para dichos pagos», del mismo modo que el abogado Ismael Oliver habría hecho con otras empresas.
Según el auto, los hechos investigados se remontan a los primeros meses de 2024, y el juez considera que Cerdán y Díez mantenían una relación previa, apuntando a otra presunta trama relacionada con irregularidades en contratos de la SEPI, en la que habrían aprovechado «sus capacidades para orientar procedimientos administrativos y obtener de ello rédito económico».