El PSOE citó a Díez y Dolset tras saber que tenían «información que ayudaría al presidente»
La exmilitante fue convocada a Ferraz junto al empresario un día después de la carta de ‘reflexión’ de Pedro Sánchez

Leire Díez. | Carlos Luján (Europa Press / ContactoPhoto)
El PSOE puso a funcionar su ‘cloaca’ para desmontar causas judiciales contra el partido sólo 24 horas después de que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, enviase su famosa ‘carta a la ciudadanía‘ en la que se planteaba un periodo de reflexión sobre su continuidad en Moncloa. La decisión llegaba días después de que se abriese la investigación contra Begoña Gómez por parte del juez Juan Carlos Peinado. Leire Díez y el empresario Javier Dolset, también imputado en el ‘caso SEPI’ y a quien se ha registrado su domicilio este mismo miércoles, fueron convocados de urgencia a Madrid. Así figura en el auto judicial de la Audiencia Nacional por el que se han ordenado actuaciones en la sede del PSOE y en otros puntos. Cabe recordar que fue en esa reunión donde la trama le entregó al partido las cintas sobre las saunas del suegro de Pedro Sánchez.
«Me ha mandado Santos ir. Tenemos información que ayudaría al presidente». Esa fue la manera en que comunicó Leire a su socio Vicente Fernández, expresidente de la SEPI, la convocatoria «de urgencia» en Ferraz. Así figura en el auto judicial del juez Santiago Pedraz por el que la Audiencia Nacional ha ordenado los registros a la sede del PSOE y a otros puntos de interés para la investigación.
«El 24 de abril de 2024, pocos días después de la apertura de las diligencias por parte del Juzgado de Instrucción número 41 de Madrid, el presidente del gobierno publicó la denominada ‘Carta a la Ciudadanía’, en la que se fijó a sí mismo un periodo de reflexión que concluiría el 29 de abril de 2024, tras el cual anunciaría su decisión sobre su continuidad al frente del ejecutivo», señala la UCO.
La reunión convocada por Ferraz tuvo lugar el 26 de abril de 2024. A ese encuentro asistieron Leire Díez, Javier Pérez Dolset y Juan Manuel Serrano, junto a varios miembros de la estructura orgánica del partido, entre los que se encontraban el propio Santos Cerdán e Ion Fernando Antolín, director de comunicación del PSOE. Patricia López, ahora fallecida, no pudo asistir por motivos personales, aunque tenía conocimiento de su existencia y de su contenido.
Dicha reunión se considera «el punto de inflexión de la investigación». A partir de ese momento, el grupo liderado por Cerdán y coordinado por Leire Díez, e integrado además por Dolset y el socialista andaluz Gaspar Zarrías, habría comenzado a desarrollar una« serie de acciones orientadas a desestabilizar las causas judiciales con afectación al PSOE o al gobierno, con el objetivo último de proteger los intereses comprometidos por dichos procedimientos».
Las actuaciones investigadas revelan que la organización desplegó una actividad continuada y estructurada, articulada a través de diversas líneas de actuación coordinadas entre sí. En el marco de dicha actividad, habrían llevado a cabo distintas acciones susceptibles de tener relevancia penal.”
«Las actuaciones practicadas permiten apreciar que la organización desplegó una actividad continuada y estructurada, articulada a través de diversas líneas de actuación coordinadas entre sí y orientadas a la consecución de sus fines. En el seno de tales actuaciones, habrían llevado a cabo distintas acciones susceptibles de revestir relevancia penal».
La UCO en Ferraz
Golpe al PSOE. El juez de la Audiencia Nacional Santiago Pedraz ha imputado este miércoles su ex secretario de Organización Santos Cerdán; a su actual gerente, Ana Fuentes; y al exvicepresidente de la Junta de Andalucía Gaspar Zarrías en la causa que investiga el presunto amaño de contratos públicos de la trama Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI) que presuntamente lideraba Leire Díez. Lo hace el mismo día en que la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil ha acudido a Ferraz a pedir información sobre la exmilitante socialista y documentación que pueda llevar a una presunta financiación irregular de sus cloacas.
El juez ha ordenado a la UCO requerir diversa documentación y archivos electrónicos en Ferraz. Se trata de una investigación contra una trama dirigida a desestabilizar los procedimientos judiciales que afectaban al PSOE o al Gobierno. Detrás de las pesquisas se encuentran una posible derivaba sobre una contabilidad B del partido para pagar los servicios de Leire Díez, informan a THE OBJECTIVE fuentes jurídicas. También se han registrado inmuebles de Zarrías, de Cerdán y del empresario Javier Pérez Dolset, cercano a la denominada fontanera del PSOE.
El titular del Juzgado Central de Instrucción número 5 imputa a Cerdán, Leire Díez, Pérez Dolset, Zarrías y al abogado Ismael Oliver por delitos de organización criminal, plurales delitos de cohecho, revelación de secretos, inducción al falso testimonio, acusación falsa, falsedad en documento mercantil, prevaricación, tráfico de influencias y delito contra las instituciones del Estado. También investiga al abogado Jacobo Teijelo y al guardia civil Juan Sánchez Yepes por delitos de revelación de secretos, cohecho y contra las instituciones del Estado.

