La UCO registra el PSOE tras detectar pagos de Cerdán a Leire Díez por atacar a los jueces
El juez Pedraz indica que los socialistas abonaron más de 188.000 euros a la trama con facturas falsas
Santos Cerdán y Leire Díez. | Imagen generada por IA
Terremoto en el PSOE. La Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil ha registrado este miércoles durante más de 12 horas la sede de la calle Ferraz para investigar presuntos pagos a la trama que lideraba la exmilitante socialista Leire Díez para influir en los casos judiciales que cercan al partido y a algunos de sus dirigentes. El juez de la Audiencia Nacional Santiago Pedraz detecta que la formación le abonó 188.000 euros con facturas falsas. El origen del encargo tuvo lugar en los días de reflexión que se tomó Pedro Sánchez tras la imputación de su esposa, Begoña Gómez.
En un auto al que ha tenido acceso THE OBJECTIVE, Pedraz atribuye al entonces secretario de Organización del PSOE Santos Cerdán «la coordinación y ejecución de una serie de actuaciones, penalmente relevantes, con el propósito principal de desestabilizar de forma sistemática y continuada cualquier procedimiento judicial o actuación policial que pudiera impactar directa o indirectamente en los intereses del PSOE o del Gobierno».
Cerdán afirmó en sede judicial que se había reunido en dos ocasiones con Leire Díez en abril de 2024, durante los días de reflexión que se tomó Sánchez. La denominada fontanera del PSOE aseguró poseer información de los seguimientos que la «policía patriótica» llevaba a cabo contra el líder socialista y algunos de sus familiares. Acudió a Ferraz con el empresario Javier Pérez Dolset, que también ha sido imputado. A la cita asistieron diversos dirigentes socialistas, entre ellos Antonio Hernando, actual secretario de Estado de Telecomunicaciones.
Las causas del PSOE
El juez detalla que se montó un plan «con el ofrecimiento a funcionarios de la Guardia Civil investigados y fiscales, de remuneraciones o favores a cambio de información o actos contrarios al ejercicio de sus cargos» para «atacar» la correcta dirección de las investigaciones que acorralan al PSOE.
Pedraz afirma que los socialistas encargaron la tarea a Leire Díez, que abrió comunicaciones con otros investigados en la causa para tratar de conseguir información sensible sobre el coronel de la Guardia Civil Antonio Balas; la juez Beatriz Biedma, que investigó al hermano de Sánchez; el magistrado Juan Carlos Peinado, que investiga a Begoña Gómez; o el fiscal de Anticorrupción, Alejandro Luzón.
La denominada fontanera del PSOE contó, presuntamente, con el «impulso intelectual y financiero» de Cerdán. Para desbaratar las investigaciones judiciales, el exdirigente socialista, investigado también por presuntos amaños de obra pública a cambio de mordidas, habría acordado con Leire Díez una remuneración de 4.000 euros mensuales con cargo a los fondos del partido.
La operativa incluía al exvicepresidente de la Junta de Andalucía Gaspar Zarrías, que «prestaría su sociedad como vehículo para dichos pagos y asesoría jurídica». El abogado Ismael Oliver, que ejerció un tiempo la defensa del exasesor ministerial Koldo García, «sería el vehículo de pago de las cantidades destinadas a Leire a través de sus sociedades». Pedraz ha imputado a ambos y a la actual gerente del PSOE, Ana Fuentes, colocada en el puesto por Cerdán.
Pesquisas en la Guardia Civil
Zarrías reconoció el titular del Juzgado de Instrucción número 9 de Madrid, Arturo Zamarriego, que pagó 16.000 euros a la fontanera del PSOE para que investigase la supuesta implicación del comisario jubilado José Manuel Villarejo en la investigación de la trama de los ERE, por la que fue condenado. El exdirigente socialista solicitó sus servicios tras la reunión que esta mantuvo con Cerdán en Ferraz durante los cinco días de reflexión de Sánchez. Zamarriego, que inició una causa por tráfico de influencias y cohecho, ya atribuía a Leire Díez «un plan delictivo» contra fiscales, jueces y guardias civiles.
Las pesquisas se insertan dentro del caso SEPI. Pedraz acusa a Leire Díez y a otras dos personas de haber formado una estructura paralela a la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI) entre 2021 y 2023 para favorecer contratos y rescates gracias a sus «relaciones y capacidad de influencia». La UCO considera que mediaron, al menos, en cinco operaciones que cifran en 132,9 millones de euros y que en esa tarea se sirvieron de la ayuda de «diversos cargos públicos».
La fontanera del PSOE fue detenida el pasado diciembre junto al expresidente de la SEPI Vicente Fernández, hombre de confianza de la exministra María Jesús Montero, y el empresario Joseba Antxon Alonso, socio de Cerdán. Todos quedaron en libertad con medidas cautelares. Los investigadores descubrieron en sus teléfonos móviles que participaban en un grupo de WhatsApp denominado Hirurok (los tres, en vasco) y que su labor le habría reportado unos ingresos de 750.000 euros que fueron destinados principalmente a la adquisición de inmuebles.
La UCO también ha acudido este miércoles a la Dirección General de la Guardia Civil para recabar testimonios distintos responsables de la Unidad de Régimen Disciplinario en busca de información sobre presuntos expedientes abiertos durante los últimos años contra agentes y mandos que investigaban casos de corrupción que afectaban al PSOE. las fuentes consultadas por este diario señalan que las pesquisas internas se iniciaron hace dos años a petición del director adjunto operativo (DAO) del instituto armado, el teniente general Manuel Lamas, por presuntas filtraciones a la prensa en el caso Koldo.
Los agentes ya irrumpieron en Ferraz el pasado 20 de junio para clonar la cuenta de correo electrónico corporativa de Cerdán por el presunto amaño de contratos de obra pública. Ese día, además de la sede del PSOE, los agentes se personaron en las oficinas de ADIF, la Dirección General de Carreteras y el Ministerio de Transportes para buscar pruebas sobre la presunta trama de corrupción de la que formarían parte Cerdán, Koldo García y José Luis Ábalos.