España sigue sin repartir un tercio de los fondos UE a seis meses del plazo para adjudicarlos
El Gobierno ha renunciado a la mayoría de los préstamos Next Generation, pero reclama ahora más financiación
La presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, y el presidente del Gobierno español, Pedro Sánchez, durante la presentación del Plan de Recuperación financiado con los fondos Next Generation EU. | EP
España ha conseguido activar el mayor volumen de fondos europeos de su historia reciente, pero no ha logrado convertirlos en ejecución efectiva al ritmo exigido por Bruselas. De los más de 94.000 millones de euros convocados en el marco del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia, a fecha de marzo de 2026, solo se han resuelto 66.982 millones, según los datos oficiales del Ministerio de Economía. El desfase deja cerca de un tercio de los recursos aún sin repartir en un momento en el que la Comisión Europea ha endurecido su posición y descarta ampliar los plazos del programa.
Frente a la opción de flexibilizar el calendario, Bruselas ha trasladado a los Estados miembros que no avalará estrategias de ejecución concentradas en la recta final ni prórrogas que alteren el diseño del mecanismo. El objetivo es evitar un gasto acelerado in extremis que cumpla formalmente los plazos, pero reduzca el impacto económico real de los fondos. En la práctica, se cierra la vía que el Gobierno español había planteado para ganar margen temporal ante los retrasos acumulados.
Los datos, analizados por THE OBJECTIVE, reflejan ese cuello de botella. Así, aunque la tasa de resolución alcanza el 71%, cerca de un 30% de los fondos convocados sigue sin resolverse. En términos absolutos, más de 27.000 millones de euros permanecen pendientes de adjudicación. Estos millones, que deben repartirse en apenas medio año, son recursos que todavía no han llegado a empresas, Administraciones o proyectos concretos, lo que retrasa su impacto sobre la actividad económica.
Burocracia y fondos europeos
En el caso de los fondos Next Generation, las convocatorias implican la apertura de las líneas de ayudas o licitaciones. Mientras tanto, resolver supone asignar esos recursos a beneficiarios concretos. Solo a partir de ese punto puede iniciarse la ejecución real de las inversiones. El atasco se produce, precisamente, en ese paso intermedio, donde se concentran los tiempos administrativos, la verificación de requisitos y la evaluación de proyectos. Incluso dentro de los fondos ya asignados —79.854 millones de euros— persiste una brecha relevante respecto a los expedientes efectivamente resueltos.
La estructura administrativa explica parte de estas dificultades. Los fondos se canalizan a través de distintos niveles de gestión —Administración General del Estado, comunidades autónomas y entidades locales—, lo que introduce complejidad en la tramitación y alarga los plazos de resolución. A ello se suma la necesidad de articular proyectos maduros en sectores con elevada carga técnica y regulatoria, lo que exige procesos de evaluación más exigentes.
Por áreas de actuación, los fondos resueltos se concentran en la modernización del tejido industrial (25%), la agenda urbana y rural (20%) y las infraestructuras sostenibles (14,5%). Son sectores con alta capacidad de absorción, pero también con mayores exigencias técnicas, lo que puede ralentizar la adjudicación y ejecución efectiva de los proyectos.
Si la ejecución de las transferencias de los fondos Next Generation ha sido incompleta, la del capítulo de préstamos ha sido todavía menor, después de que el Gobierno haya renunciado a solicitar la mayor parte de la financiación a la que podía optar España, pero que no era a fondo perdido, es decir, que había que devolver —las transferencias también habrá que reembolsarlas a largo plazo, ya que supusieron un esfuerzo de endeudamiento colectivo de la Unión Europea, aunque los préstamos suponían una línea de ayudas adicionales con condiciones ventajosas—.
La oposición ha reprochado al Ejecutivo que haya renunciado a 60.454 millones de euros de préstamos y que solo haya conseguido recibir millones, muy lejos de los cerca de 80.000 a los que se podía optar en total. Por ejemplo, el PP ha criticado que se hayan perdido 3.500 millones para inversiones mediante préstamos para la adaptación al cambio climático, entre los cuales figuran 1.805 millones del Perte del agua y otros 1.635 millones del Perte de descarbonización.
Tras la renuncia masiva, el Gobierno ha propuesto que Bruselas se endeude de nuevo de forma colectiva, emitiendo cinco billones de euros en bonos comunes, lo que, según ha asegurado el vicepresidente primero y ministro de Economía, Carlos Cuerpo, permitiría ahorrar unos 25.000 millones de euros en pago de intereses a lo largo de cinco años, ya que la deuda de la UE sería percibida como un activo seguro por los mercados. Esta petición ha sido leída como un intento de refinanciar las obligaciones actuales a menor coste y de poder acceder a financiación europea barata tras haber alcanzado prácticamente el plazo de vencimiento de los Next Generation sin que se hayan solicitado apenas préstamos. Del mismo modo, el fondo soberano ha recibido críticas por suponer una supuesta jugada del Ejecutivo para poder acometer más tarde de lo previsto las inversiones previstas, elevando de este modo en 10.000 millones los préstamos para que la ejecución no sea tan baja.
La última bala de Sánchez
En este contexto, la petición del presidente Pedro Sánchez para ampliar los plazos de ejecución ha decaído. La Comisión Europea ha optado por reforzar el control sobre el ritmo de despliegue y evitar que los Estados trasladen el grueso del gasto a la fase final del programa. La prioridad pasa a ser la calidad y la buena ejecución y el impacto de las inversiones dentro del calendario previsto, más que el volumen ejecutado en el último momento.
Una ejecución más lenta de lo previsto reduce el impacto económico del programa y limita su capacidad para impulsar la inversión, la productividad y el empleo. Los fondos Next Generation fueron concebidos como un estímulo intensivo en un periodo acotado. Retrasar su despliegue diluye ese efecto y condiciona su alcance transformador. El Ejecutivo ha defendido hasta ahora el éxito del plan en términos de movilización de recursos y número de beneficiarios. Sin embargo, la distancia entre lo comprometido y lo efectivamente adjudicado refleja una tensión creciente entre el diseño del programa y su aplicación práctica.
Bruselas ha fijado las pautas para acelerar la ejecución sin recurrir a prórrogas. Con cerca de un tercio de los fondos aún sin repartir, España afronta el reto de transformar la activación de los fondos europeos en resultados efectivos dentro de un calendario que, por ahora, no se ampliará.