La Policía busca en el ordenador de Zapatero pruebas de su participación en la trama
Los investigadores solicitaron que entregara voluntariamente su portátil, aunque sospechan que ha sido formateado
El expresidente José Luis Rodríguez Zapatero en un mitin arropando a María Jesús Montero. | PSOE-A
Agentes de la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) de la Policía Nacional se personaron el pasado martes, a primera hora de la mañana, en el domicilio particular del expresidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, ubicado en el municipio madrileño de Las Rozas. El objetivo prioritario de la comitiva policial no era otro que notificarle formalmente su citación en calidad de investigado ante el Juzgado Central de Instrucción número 4 de la Audiencia Nacional, capitaneado por el magistrado José Luis Calama. El exlíder socialista deberá comparecer en sede judicial el próximo 2 de junio para responder por una batería de presuntos delitos de extrema gravedad: pertenencia a organización criminal, tráfico de influencias, apropiación indebida, falsedad documental y blanqueo de capitales.
Pese a este escenario adverso para la recopilación de pruebas físicas, los especialistas de la Sección de Ciberdelincuencia ya se encuentran analizando a contrarreloj el terminal de Zapatero. Fuentes próximas al caso aseguran a THE OBJECTIVE que, aunque a priori se sospecha firmemente de la eliminación de rastros, las tecnologías actuales de recuperación forense permiten albergar esperanzas. Los agentes no descartan poder recuperar información eliminada a través del análisis de memoria latente, metadatos indexados o copias de seguridad residuales en servidores vinculados que resulten cruciales para desentrañar la participación del expresidente en el reparto de las comisiones.
Según ha podido saber en exclusiva THE OBJECTIVE, el despliegue policial estuvo marcado por una tensa negociación técnica en el interior del inmueble. Los investigadores de la UDEF acudieron a la cita desprovistos de una orden judicial de entrada y registro para la vivienda familiar. El motivo de esto no responde a un descuido operativo o formal de la unidad, sino a una decisión restrictiva del propio instructor: el magistrado José Luis Calama había rechazado previamente la solicitud de entrada y registro que la unidad policial le había planteado sobre la mesa de su despacho en la Audiencia Nacional. Ante esta negativa del juez, que buscaba medir los tiempos y la proporcionalidad institucional, los agentes policiales ejecutaron un plan alternativo en el mismo umbral de la vivienda: solicitaron directamente a Rodríguez Zapatero la entrega voluntaria de su ordenador portátil personal.
El expresidente del Gobierno accedió a entregar su dispositivo. No obstante, en el seno de la cúpula investigadora de la UDEF existe un profundo y justificado escepticismo respecto al volumen y la calidad de la información que los peritos informáticos forenses van a poder extraer del disco duro del político. Los investigadores albergan la sospecha fundada de que el portátil en cuestión podría haber sido minuciosamente vaciado y formateado con anterioridad a la personación policial. Esta sospecha de la Policía no es caprichosa, sino que obedece a una estricta línea cronológica del procedimiento.
El presunto testaferro de la trama y hombre de máxima confianza de Zapatero en esta operativa opaca, Julito Martínez Martínez, fue detenido por la Policía en diciembre del año pasado por un delito de blanqueo de capitales derivado, presuntamente, de los fondos desviados del rescate a la compañía Plus Ultra. Esto, sumado a un posible chivatazo al expresidente Zapatero, desencadenó presumiblemente una operación oculta de limpieza digital para eliminar correos, agendas, contratos y chats comprometedores.
Este periódico ha tenido acceso al contenido del auto donde se detallan las diligencias dictadas para el operativo, un documento de alto voltaje donde el juzgado central acota el cerco sobre el exjefe del Ejecutivo. En el escrito, la descripción del objetivo policial y la tipificación penal asociada no dejan margen a la libre interpretación jurídica: «La realización de diligencias de entrada y registro por la comisión de los presuntos delitos de pertenencia a organización criminal, tráfico de influencias, apropiación indebida, falsedad documental y blanqueo de capitales en varios domicilios, para que se ejecuten a partir de las 6.00 del 19 de mayo de 2026».
La literalidad del texto del auto evidencia que la UDEF pretendía irrumpir en el inmueble a primera hora del alba para neutralizar cualquier maniobra de destrucción in situ de soportes lógicos de información. Aunque el juez Calama optó por la prudencia formal al denegar el allanamiento del domicilio de un expresidente —medida de excepcional trascendencia política—, validó plenamente la tesis incriminatoria de la Fiscalía y de la UDEF al ordenar su comparecencia inmediata para el próximo mes de junio. Los indicios acumulados en la causa apuntan a que el entramado societario utilizado para canalizar los fondos del rescate público habría desviado comisiones millonarias hacia cuentas en el extranjero controladas por los hombres de paja de la red.