España afronta ya un déficit de 2.677 millones por las bajas laborales y el absentismo
El Tribunal de Cuentas alerta de un riesgo de desequilibrio financiero por el incremento de las incapacidades temporales
Ilustración de Alejandra Svriz.
El sistema de bajas laborales en España acumula ya un déficit estructural de 2.677 millones de euros. Así lo advierte el Tribunal de Cuentas en su fiscalización de la Cuenta General del Estado de 2024, analizada por THE OBJECTIVE, donde alerta de que la gestión de la incapacidad temporal por contingencias comunes presenta un «riesgo potencial de desequilibrio económico financiero» si la situación continúa prolongándose en el tiempo.
La advertencia llega en un contexto de fuerte incremento de las bajas laborales y de creciente preocupación empresarial por el absentismo. El saldo negativo de las mutuas colaboradoras refleja que las cotizaciones y recursos asignados ya no cubren adecuadamente el coste del sistema, en paralelo a un aumento sostenido de prestaciones y procesos de incapacidad temporal.
El Tribunal no presenta el problema como un ajuste contable puntual y habla expresamente de un «déficit estructural», una definición especialmente relevante porque implica que el desequilibrio responde a una tendencia persistente y no a una situación excepcional. La institución añade además que, de mantenerse esta evolución, existe un riesgo de deterioro económico-financiero en el sistema.
Bajas laborales en el sector público
Parte de la presión sobre las cuentas coincide además con las diferencias existentes entre el régimen de cobertura del sector público y el del sector privado. Mientras la mayoría de asalariados del régimen general sufren recortes retributivos durante parte de las bajas laborales, en amplios sectores de la Administración pública se recuperó desde 2018 el cobro íntegro del salario durante la incapacidad temporal. La Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (Airef) concluyó que este cambio elevó alrededor de un 40% la probabilidad de iniciar procesos de baja en el sector público.
Los análisis del organismo independiente apuntan además a que, aunque la duración media de las bajas descendió, el volumen agregado de jornadas no trabajadas terminó aumentando por el mayor número de procesos iniciados. La propia Airef vinculó también parte del incremento posterior a la reforma laboral y al aumento de contratos indefinidos, al reducirse el coste percibido de acogerse a una incapacidad temporal.
El aumento de las incapacidades temporales también ha disparado el coste asumido por la Seguridad Social y las mutuas colaboradoras. La Aireg calcula que el gasto en incapacidad temporal alcanzó los 16.500 millones de euros en 2024, convirtiéndose en la segunda mayor partida del sistema tras las pensiones. El número de procesos por contingencias comunes pasó, además, de 4,7 millones en 2017 a cerca de 8,6 millones en 2024, con un fuerte incremento de bajas vinculadas a salud mental y patologías musculoesqueléticas.
El agujero de la Seguridad Social
La presión financiera derivada de este aumento de prestaciones se suma además a la delicada situación patrimonial de la Seguridad Social. El Tribunal de Cuentas recuerda en el mismo informe que el sistema arrastra un patrimonio neto negativo de 106.138 millones de euros al cierre de 2024, una situación que se mantiene desde 2017 y que ha obligado al Estado a sostener financieramente a la Tesorería General mediante préstamos y transferencias acumuladas superiores a 212.000 millones.
El deterioro de las cuentas públicas coincide además con un escenario demográfico especialmente complejo. La jubilación progresiva de la generación del baby boom y el aumento del número de pensionistas elevan la presión sobre las cotizaciones sociales justo cuando el sistema debe absorber mayores costes derivados de incapacidad temporal, prestaciones y gasto sanitario asociado.
La fiscalización incorpora además otras incidencias relevantes relacionadas con la gestión de la Seguridad Social y las cotizaciones. El órgano detecta que siguen sin registrarse correctamente intereses de demora vinculados a deudas por cotizaciones sociales, lo que supone una falta de contabilización de alrededor de 781 millones de euros. A ello se añade una infravaloración de derechos de cobro en entidades como la Seguridad Social, el SEPE y Fogasa superior a 2.643 millones.
Desfase presupuestario
El informe también revela que las entidades del sistema dejaron pendientes de imputar más de 2.370 millones de euros en obligaciones correspondientes a prestaciones y gastos de 2024 que se trasladarán a ejercicios posteriores. Una parte significativa corresponde precisamente a prestaciones de incapacidad temporal de octubre y noviembre no reconocidas presupuestariamente dentro del ejercicio.
El Tribunal cuestiona expresamente esta práctica porque rompe el principio de anualidad presupuestaria y provoca un desplazamiento sistemático de gastos de un ejercicio a otro. Según el órgano fiscalizador, este mecanismo genera distorsiones recurrentes en la imagen real de las cuentas públicas y afecta a la representatividad del resultado presupuestario consolidado del Estado.
Las cifras reflejan además un deterioro más amplio del equilibrio financiero de la Cuenta General del Estado. El Tribunal calcula que el resultado presupuestario consolidado de 2024 está sobrevalorado en 4.090 millones de euros por errores de imputación temporal de ingresos y gastos. También advierte de obligaciones pendientes de aplicar a presupuesto por más de 5.365 millones y de pagos a justificar fuera de plazo que alcanzan 1.627 millones.