Los contratos a dedo del Gobierno se disparan y multiplican por cinco su importe en un año

El importe de los contratos a dedo de los diferentes organismos de la Administración General del Estado (AGE) casi se ha multiplicado por cinco en apenas un año. El importe adjudicado ha pasado de apenas 486,7 millones de euros en el primer trimestre de 2025 a 2.398,6 millones en el mismo periodo de 2026. Es la cifra más alta en un primer trimestre de toda la serie. El dato, analizado por THE OBJECTIVE, se produce tras un cierre de 2025 en el que este tipo de procedimiento, en principio excepcional, concentró más de 21.000 millones.

Durante buena parte de 2025, estos contratos se movieron en cifras moderadas, con importes trimestrales inferiores a los 700 millones. Ese patrón relativamente estable se rompió en el último tramo del año, cuando el volumen se disparó por encima de los 21.000 millones de euros. El Gobierno repartió un récord de 23.000 millones en contratos a dedo durante todo 2025, según los datos de la Oficina Independiente de Regulación y Supervisión de la Contratación (OIReScon).

El procedimiento negociado sin publicidad es una vía excepcional dentro de la contratación pública, limitada a supuestos como la urgencia, la inexistencia de competencia por razones técnicas o la necesidad de acudir a un proveedor específico. Su diseño responde a la necesidad de resolver situaciones concretas en las que los procedimientos ordinarios no resultan viables, aunque en la práctica ha ido ganando peso como fórmula recurrente dentro de la contratación pública.

Abuso de los contratos a dedo

El mecanismo permite contratar sin publicar un concurso abierto. En lugar de convocar una licitación a la que puedan concurrir todas las empresas interesadas, la administración contratante invita directamente a determinados operadores económicos y negocia con ellos las condiciones del contrato. La utilización de este mecanismo suele generar debate porque reduce el grado de competencia respecto a los procedimientos abiertos.

La concentración del gasto en contratos sin publicidad se intensifica en el cierre del ejercicio, cuando la Administración acelera la adjudicación para evitar la pérdida de crédito disponible, recurriendo a procedimientos negociados que permiten acortar plazos y formalizar expedientes con mayor rapidez, lo que explica su uso masivo en el último trimestre de 2025, cuando se superaron los 21.000 millones en apenas tres meses.

Este incremento tiene un impacto directo sobre la concurrencia, ya que la contratación sin publicidad reduce el número de empresas que compiten por cada expediente y limita la presión sobre precios y condiciones, desplazando el peso del sistema hacia mecanismos menos competitivos en un contexto de baja rivalidad empresarial en el que una parte relevante de los contratos se adjudica a un único licitador.

Licitaciones y adjudicaciones

El recurso a estos procedimientos se produce en paralelo a un incremento general de la actividad contractual. Durante el primer trimestre de 2026, las administraciones públicas registraron 52.132 expedientes de licitación por un importe de 32.833 millones de euros, el nivel más alto de la serie para ese periodo, con un crecimiento del 27% interanual. Este aumento se apoya especialmente en el sector publico estatal, que alcanza 12.188 millones licitados, un 64% más que un año antes, lo que explica buena parte del dinamismo del conjunto del sistema.

Pese a este aumento del volumen, el nivel de adjudicación se mantiene más estable. En el mismo trimestre, el importe adjudicado se sitúa en 18.115 millones de euros, con más de 56.000 contratos y lotes formalizados, una cifra alineada con ejercicios anteriores y que apunta a un desfase entre el ritmo de licitación y el de resolución efectiva de los expedientes.

Durante los últimos cuatro trimestres, la contratación pública acumula 150.362 millones de euros en licitaciones y 113.132 millones en adjudicaciones, con crecimientos moderados del 4,9% y del 0,7%, respectivamente, lo que refleja un sistema que incrementa su volumen de actividad sin trasladar ese crecimiento de forma proporcional al cierre de contratos.

Falta de planificación

En este contexto, el salto entre el primer trimestre de 2025 y el de 2026 —de menos de 500 millones a cerca de 2.400 millones en contratos a dedo— introduce una distorsión relevante en la distribución del gasto. No se trata de un aumento puntual, sino de un cambio en el peso relativo de estos procedimientos dentro del conjunto de la contratación, especialmente en fases concretas del ejercicio. Esta dinámica frena la posibilidad de planificación tanto para las empresas como para la propia Administración y refuerza la dependencia de mecanismos de tramitación rápida, como los contratos a dedo, en los periodos de mayor carga.

Los datos apuntan a un modelo en el que el aumento de la actividad contractual convive con una ejecución desigual en el tiempo, y donde los procedimientos sin publicidad o a dedo aumentan de forma muy importante pese a su prevista excepcionalidad. Esta fórmula va en detrimento de la competencia y frena las rebajas de precios.