Las anomalías e incidencias en los contratos públicos generan 28.000 recursos desde 2019

Las empresas han presentado casi 28.000 recursos contra decisiones administrativas sobre contratos públicos desde 2019, según diversos informes de la Oficina Independiente de Regulación y Supervisión de la Contratación (OIReScon). La cifra refleja un cuestionamiento constante de las decisiones adoptadas en los procesos de adjudicación, principalmente. Sin embargo, buena parte de los recursos y reclamaciones son finalmente no admitidos.

Los trabajos del supervisor independiente analizados por THE OBJECTIVE muestran que el 44% de los 27.881 recursos se desestima y cerca de un 30% se inadmite o se archiva, lo que deja más de siete de cada diez reclamaciones sin efecto práctico o sin llegar siquiera a analizarse en profundidad.Solo alrededor de tres de cada diez logra modificar total o parcialmente la decisión inicial.

Las impugnaciones afectan a los momentos clave del procedimiento. Adjudicaciones, exclusiones y pliegos concentran la mayoría de los recursos. En el caso de las exclusiones, más del 60% se rechaza, mientras que en las adjudicaciones el porcentaje supera la mitad. Esta distribución indica que las decisiones centrales del proceso se mantienen incluso tras ser cuestionadas.

Recursos rechazados

A ello se suma un nivel elevado de inadmisiones, especialmente en actos de trámite, donde muchos recursos no cumplen los requisitos formales o se presentan fuera del marco adecuado. El propio supervisor de los contratos públicos apunta a que parte de estas situaciones puede responder a un uso inadecuado del recurso por parte de los operadores económicos.

Más allá del volumen de recursos, el informe identifica un número significativo de incidencias a lo largo de toda la cadena de contratación. Estas anomalías no se concentran en una fase concreta. Afectan tanto a la preparación de los contratos como a la adjudicación y a la ejecución. Este dato refuerza la idea de que los problemas no son puntuales ni aislados, sino estructurales y distribuidos en todo el proceso.

Una de las claves está en cómo se decide quién gana un contrato. Junto a los criterios automáticos, como el precio, existe un peso relevante de criterios subjetivos basados en valoraciones técnicas o cualitativas. Estos elementos permiten evaluar aspectos que no se pueden medir de forma directa, pero también introducen un margen de discrecionalidad. El resultado no depende únicamente de una fórmula objetiva, sino del juicio del órgano de contratación. Cuando el peso de estos criterios es elevado, la decisión final puede inclinarse en función de interpretaciones que no siempre son transparentes.

Contratos con un único licitador

A esta situación se suma un problema de competencia. Una parte relevante de los contratos públicos se adjudica con un único licitador, lo que reduce la competencia y limita la capacidad del mercado para ajustar precios o mejorar condiciones. Cuando solo hay una oferta, el proceso pierde una de sus principales garantías de eficiencia y aumenta el riesgo de que el resultado final no refleje un entorno competitivo real.

Este margen de valoración conecta con otro de los riesgos clásicos asociados a la contratación pública: los posibles amaños o adjudicaciones dirigidas. La corrupción relacionada con grandes contratos ha quedado patente en el suministro de mascarillas durante la pandemia y la adjudicación de grandes obras, asuntos vinculados a la trama Koldo. Sin necesidad de que exista una irregularidad probada en cada caso, el diseño de los pliegos o la ponderación de criterios puede condicionar el resultado. Es en esta fase donde se fija gran parte del desenlace del contrato, antes incluso de que se presenten las ofertas.

A esta situación se suma la falta de homogeneidad en la aplicación de las normas. El supervisor detecta diferencias entre administraciones y órganos de contratación, lo que introduce incertidumbre para las empresas. Las mismas reglas no siempre se interpretan igual, lo que dificulta anticipar el resultado de un proceso. Esta variabilidad añade complejidad y refuerza la percepción de que el sistema no funciona de forma uniforme.

Adjudicaciones con modificados

La ejecución de los contratos aparece como otro de los puntos críticos. Una vez adjudicado, el pliego entra en una fase donde el control es más débil. La OIReScon detecta problemas en el seguimiento que permiten introducir modificaciones posteriores. Estas alteraciones pueden afectar al precio, a los plazos o al contenido del contrato. Aunque están previstas en la normativa, su uso en un contexto de control limitado abre la puerta a desviaciones respecto a lo inicialmente adjudicado.

La contratación pública sigue siendo una herramienta clave del gasto público. Por ello, los problemas detectados por el supervisor no son menores. Afectan a cómo se diseñan los contratos, cómo se adjudican y cómo se ejecutan. La acumulación de incidencias y recursos apunta a la necesidad de reforzar tanto la claridad de los criterios como los mecanismos de control, especialmente en la fase final del proceso. El informe de supervisión de 2025 muestra un sistema que funciona, pero con fricciones constantes.