Bruselas deberá explicar si el uso de fondos para pagar pensiones vulnera las leyes de la UE
Eurodiputados del PP preguntan también a la Comisión Europea sobre la independencia del Tribunal de Cuentas
La presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen. | EP
La Comisión Europea tendrá que responder por escrito sobre el uso de recursos vinculados a los fondos europeos Next Generation EU para financiar gasto en pensiones. El Ejecutivo comunitario deberá fijar su posición después de que varios eurodiputados del Partido Popular Europeo hayan llevado a Bruselas el choque interno surgido en el Tribunal de Cuentas durante la fiscalización de la Cuenta General del Estado de 2024. La iniciativa reactiva el debate sobre las modificaciones presupuestarias ligadas al Mecanismo de Recuperación y Resiliencia (MRR) y vuelve a situar bajo foco europeo el destino de parte de los créditos asociados al plan de recuperación.
La pregunta parlamentaria, a la que ha accedido THE OBJECTIVE, fue registrada el pasado 5 de mayo por los eurodiputados Isabel Benjumea, Raúl de la Hoz, Fernando Navarrete, Elena Nevado y Esteban González Pons. Los firmantes se apoyan en los votos particulares emitidos por varios consejeros del Tribunal de Cuentas contra la aprobación del informe de fiscalización de la Cuenta General del Estado para reclamar una nueva valoración de Bruselas sobre la utilización de recursos ligados al MRR para cubrir gasto corriente.
«¿Cómo valora la Comisión Europea que miembros del Consejo del Tribunal de Cuentas español hayan emitido un voto particular para evitar validar la aprobación del uso de fondos europeos del Mecanismo de Recuperación y Resiliencia para cubrir gasto corriente por parte del Gobierno, como así prohíbe expresamente el Reglamento?», señalan literalmente los eurodiputados en la pregunta registrada en el Parlamento Europeo.
El informe del Tribunal de Cuentas
El origen de la polémica se encuentra en la Declaración sobre la Cuenta General del Estado de 2024 aprobada recientemente por el Tribunal de Cuentas. El informe reflejó que el Gobierno había autorizado modificaciones presupuestarias por 2.389,4 millones de euros destinadas principalmente a financiar clases pasivas y complementos a mínimos de pensiones mediante reducciones de créditos asociados al Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia (PRTR).
El Tribunal cuestionó la justificación utilizada para aprobar esos movimientos presupuestarios y advirtió de que las modificaciones se sustentaron en reducciones de partidas vinculadas al mecanismo europeo de recuperación. Aunque el órgano fiscalizador no concluyó expresamente que existiera un uso ilegal de fondos europeos ni habló de fraude, sí dejó constancia de discrepancias internas relevantes mediante votos particulares emitidos por varios consejeros, una situación poco habitual en la aprobación de la Cuenta General del Estado.
Esos votos críticos son ahora la base de la ofensiva política trasladada a Bruselas. Los eurodiputados del PPE sostienen que el Reglamento del MRR prohíbe utilizar estos recursos para cubrir gasto corriente y preguntan a la Comisión si el episodio demuestra además un deterioro de la independencia de los organismos fiscalizadores españoles.
Incumplimiento de reglamentos europeos
La segunda cuestión registrada en el Parlamento Europeo va más allá del debate presupuestario y sitúa el foco sobre las instituciones de control. «¿Considera la Comisión Europea que estos votos particulares demuestran, otra vez, cómo estos organismos han perdido su independencia y están bajo el control del Gobierno, lo que les lleva a aprobar hasta el flagrante incumplimiento de Reglamentos europeos?», añaden los europarlamentarios.
La controversia se produce además después de que la Comisión Europea ya respaldara anteriormente la operativa presupuestaria española. Bruselas sostuvo en respuestas previas que las transferencias y modificaciones realizadas por España no implicaban necesariamente una financiación directa de pensiones con fondos europeos, al tratarse de mecanismos internos de gestión presupuestaria y tesorería dentro del sistema nacional.
El vicepresidente de Cohesión y Reformas de la Comisión Europea, Raffaele Fitto, aseguró que «aunque el pago de pensiones y otras formas de gasto corriente no son elegibles para reembolsos, sería posible que los Estados miembros utilicen temporalmente parte de la liquidez procedente de otros reembolsos».
Fondos europeos sin ejecutar
Sin embargo, la existencia de diferencias internas en el propio Tribunal de Cuentas introduce ahora un nuevo elemento político e institucional en el debate. La pregunta parlamentaria intenta utilizar ese choque dentro del órgano fiscalizador para reforzar las dudas sobre el encaje de esas operaciones dentro de las reglas europeas del MRR y sobre la actividad de supervisión.
El debate llega además en un momento especialmente delicado para el despliegue del fondo europeo de recuperación. Bruselas ha endurecido en los últimos meses la presión sobre los Estados miembros para acelerar inversiones, justificar hitos y reforzar los sistemas de control ante la proximidad del calendario final del programa Next Generation, cuyo grueso deberá ejecutarse antes de 2026.
La respuesta de la Comisión no implicará automáticamente la apertura de ningún procedimiento sancionador ni una investigación formal contra España, pero sí obligará a Bruselas a fijar nuevamente posición oficial sobre un debate que vincula fondos europeos, pensiones, control presupuestario y credibilidad institucional en la recta final del programa Next Generation EU.