Sanidad topa en solo 8,23 euros al mes el gasto farmacéutico de los inmigrantes irregulares
Los extranjeros sin residencia legal pagaban el 40% del precio de los medicamentos sin ningún límite mensual
Ilustración de Alejandra Svriz.
El Gobierno ha introducido por primera vez un tope mensual al copago farmacéutico de los extranjeros sin residencia legal en España. El cambio aparece en el Real Decreto-ley 11/2026, analizado por THE OBJECTIVE y publicado ayer —miércoles— en el Boletín Oficial del Estado (BOE). La reforma supone una modificación del sistema vigente desde 2018. Así, las «personas extranjeras no registradas ni autorizadas como residentes» seguirán pagando el 40% del precio de los medicamentos, pero no abonarán más de 8,23 euros al mes aunque el coste real de sus tratamientos sea muy superior.
Hasta ahora, este colectivo estaba sometido al sistema fijado por el Real Decreto-ley 7/2018, la norma que recuperó el acceso universal a la sanidad pública para inmigrantes en situación administrativa irregular tras la moción de censura contra Mariano Rajoy. Aquella regulación estableció para ellos un copago farmacéutico del 40% del precio de venta de los medicamentos, pero sin ningún límite máximo mensual acumulado.
La reforma sitúa además a los extranjeros sin residencia legal en el mismo tramo farmacéutico que los trabajadores activos con menores ingresos. El nuevo decreto fija para ambos colectivos un límite máximo mensual de 8,23 euros, frente a los 18,52 euros previstos para rentas de entre 9.000 y 17.999 euros y los 61,75 euros establecidos para ingresos de hasta 34.999 euros anuales. Los pensionistas mantienen un sistema distinto, generalmente con aportaciones del 10% y topes específicos según renta.
Copago farmacéutico
El cambio aparece expresamente recogido en el BOE dentro del nuevo sistema de topes máximos de aportación farmacéutica. El texto incluye, junto a los trabajadores con menores rentas, a las «personas extranjeras no registradas ni autorizadas como residentes en España», incorporándolas por primera vez a este nivel de protección farmacéutica.
El elemento político de la reforma resulta especialmente sensible porque ni el Ministerio de Sanidad ni Moncloa destacaron públicamente este cambio durante la presentación oficial de la medida. La nota difundida por Sanidad presentó la reforma como un mecanismo para «blindar la equidad» y proteger a rentas medias y bajas, mientras que la referencia del Consejo de Ministros detalló otros aspectos del nuevo sistema de copago. Sin embargo, ninguna de las comunicaciones oficiales mencionó expresamente el nuevo límite máximo aplicable a extranjeros sin residencia legal, pese a figurar literalmente en el texto legal aprobado por el Gobierno.
El Ejecutivo sí reconoce un importante impacto presupuestario derivado de toda la reforma. Según la Memoria del Análisis de Impacto Normativo citada por Sanidad, el nuevo modelo tendrá un coste estimado de 265,63 millones de euros. El documento, sin embargo, no desglosa cuánto corresponderá específicamente al nuevo límite farmacéutico aplicado a extranjeros sin residencia legal ni qué parte asumirán las comunidades autónomas, responsables del grueso del gasto farmacéutico del sistema sanitario.
Regularización de inmigrantes
La reforma llega además en pleno debate político sobre la regularización extraordinaria de inmigrantes impulsada por el Gobierno. Apenas hace dos meses entró en vigor el Real Decreto 180/2026, la norma que desarrolló reglamentariamente el acceso sanitario de los extranjeros sin residencia legal y consolidó su reconocimiento estable dentro del sistema sanitario público. Ese decreto eliminó la caducidad del documento acreditativo sanitario y estableció que el derecho se mantendrá vigente hasta que la persona acceda a cobertura sanitaria por otra vía.
La tramitación de aquella norma dejó además una de las cifras más sensibles del debate migratorio reciente. El dictamen del Consejo de Estado sobre el Real Decreto 180/2026 recogió que la memoria económica calculaba cargas administrativas vinculadas a una declaración responsable aplicable a 1.224.576 personas. Diversas interpretaciones técnicas y análisis posteriores vincularon ese volumen al número de extranjeros sin residencia legal incorporados al sistema sanitario público español.
Este dato adquirió relevancia además en paralelo al debate sobre la regularización extraordinaria promovida por el Ejecutivo, en el que en distintos momentos se manejaron cifras cercanas a 500.000 potenciales beneficiarios. La inclusión de más de 1,2 millones de personas en las estimaciones sanitarias volvió a abrir el debate sobre el volumen real de población extranjera sin residencia legal que utiliza servicios públicos en España y sobre el coste que asumen las comunidades autónomas.
Impacto económico
La cifra sitúa en el foco el impacto económico y territorial de la asistencia sanitaria vinculada a población extranjera sin residencia legal. Varias comunidades autónomas llevan años reclamando más financiación estatal para compensar el incremento de usuarios y la presión asistencial derivada tanto del envejecimiento de la población como del aumento del número de inmigrantes.
La ausencia de un desglose territorializado del impacto económico añade ahora una nueva fuente de tensión entre el Gobierno central y las autonomías. El resultado de la reforma es evidente: un extranjero sin residencia legal con varios tratamientos médicos ya no seguirá pagando indefinidamente el 40% del precio de los medicamentos. Desde ahora, dejará de pagar cuando alcance los 8,23 euros mensuales.