Las autorizaciones de residencia a inmigrantes no comunitarios aumentan un 52% desde 2020
Los permisos de arraigo para regularizar inmigrantes aumentan un 26% en un año y alcanzan los 395.000 en 2025
España cerró 2025 con 7,5 millones de extranjeros con autorización de residencia en vigor. | EP
El número de inmigrantes no comunitarios con autorización de residencia en España se ha disparado un 51,7% desde 2020 hasta alcanzar los 3,49 millones de personas. Los datos oficiales del Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones analizados por THE OBJECTIVE reflejan además una fuerte aceleración de las regularizaciones mediante arraigo, cuyos permisos en vigor crecieron un 26% durante el último año.
Dentro de esa expansión, los permisos de arraigo en vigor alcanzaron los 394.110 al cierre de 2025, un 26% más que un año antes, mientras casi 214.000 extranjeros trabajan ya y cotizan a la Seguridad Social tras haber obtenido su regularización mediante este mecanismo.
Los permisos vinculados al arraigo representan ya el 21% de todas las autorizaciones temporales, protección internacional o apatridia existentes en España, solo por detrás de las autorizaciones concedidas directamente por motivos de trabajo, que concentran el 32% del total. El volumen alcanzado por el arraigo supera ampliamente otras fórmulas habituales de residencia, como la reagrupación familiar, las residencias no lucrativas o las autorizaciones vinculadas a protección internacional.
El peso del arraigo
El sistema de arraigo permite acceder a autorizaciones de residencia y trabajo a extranjeros que acrediten permanencia continuada en España y determinados vínculos familiares, sociales, laborales o formativos. En la práctica, funciona como la principal vía utilizada para transformar situaciones de irregularidad administrativa en permisos legales de residencia y empleo. La expansión de esta fórmula refleja además el creciente peso de inmigrantes que terminan incorporándose al sistema legal español después de residir durante años de manera irregular.
La estadística oficial refleja además otro fenómeno relevante: una parte importante de las autorizaciones concedidas corresponde a primeras regularizaciones o a personas que habían quedado fuera del sistema administrativo. El 33% de los extranjeros con autorización de residencia posee permisos de tipo inicial, categoría que el propio Observatorio Permanente de la Inmigración vincula tanto a primeras autorizaciones como a inmigrantes cuya documentación anterior había caducado y habían quedado en situación irregular.
La evolución coincide con la reforma del Reglamento de Extranjería aprobada por el Gobierno en 2025, que flexibilizó varias fórmulas de acceso a residencia y empleo y reforzó modalidades como el arraigo social, sociolaboral, socioformativo y familiar con el objetivo de facilitar la incorporación legal de inmigrantes ya instalados en España y reducir parte de la economía sumergida asociada al empleo irregular. El nuevo reglamento amplió además otras vías de residencia. Desde mayo de 2025 existe una autorización específica para familiares de españoles y, apenas siete meses después de su entrada en vigor, ya se habían registrado 42.792 permisos de este tipo.
La dependencia laboral de la inmigración
El Ejecutivo defiende esta estrategia como una herramienta económica, además de migratoria, en un contexto marcado por el envejecimiento poblacional y la creciente dependencia de trabajadores extranjeros para sostener sectores con déficit estructural de mano de obra. Actividades como hostelería, agricultura, logística, construcción y cuidados concentran gran parte de la demanda de trabajadores inmigrantes, especialmente en empleos con elevada rotación o dificultades de cobertura.
La creciente dependencia del mercado laboral español respecto a la inmigración se refleja también en la evolución de la afiliación. Los trabajadores extranjeros explican ya una parte muy significativa de la creación neta de empleo y sostienen sectores especialmente afectados por el envejecimiento de la población activa nacional. Diversos organismos económicos y demográficos llevan años advirtiendo de que España necesitará mantener fuertes flujos migratorios durante las próximas décadas para sostener crecimiento económico, cotizaciones sociales y sistema de pensiones ante las jubilaciones masivas de la generación del baby boom.
Récord de extranjeros
La expansión del arraigo llega además en pleno récord histórico de extranjeros documentados. España cerró 2025 con 7,5 millones de extranjeros con autorización de residencia en vigor, la cifra más alta de toda la serie estadística del Observatorio Permanente de la Inmigración. El perfil demográfico de esa inmigración también explica parte de la apuesta gubernamental por facilitar regularizaciones: la edad media de los extranjeros bajo régimen general de extranjería se sitúa en 37 años.
THE OBJECTIVE ya reveló además que distintos registros administrativos del propio Gobierno manejan cifras muy superiores al medio millón de extranjeros pendientes de regularización estable. Ese desfase refleja una de las principales características del modelo migratorio español: una parte importante de la población extranjera ya vive dentro del país antes de acceder a permisos ordinarios de residencia o trabajo, mientras el arraigo funciona como la vía utilizada para incorporar progresivamente a parte de ese colectivo al sistema administrativo y laboral formal.
El incremento de las regularizaciones intensifica además el debate político sobre vivienda, presión sobre servicios públicos y capacidad de absorción administrativa. Los críticos consideran que las sucesivas flexibilizaciones del arraigo pueden generar expectativas de futuras legalizaciones y actuar como incentivo indirecto para permanecer irregularmente en España, mientras sus defensores sostienen que el sistema permite ordenar situaciones ya existentes, aflorar empleo irregular y reducir explotación laboral.