AENA se guarda un comodín para recurrir a la Justicia el hachazo de la CNMC a sus tasas
La recomendación del regulador es la primera batalla de una larga guerra entre el gestor aeroportuario y las aerolíneas
El presidente de AENA, Maurici Lucena. | EP
El gestor de la red de aeropuertos, AENA, acaba de sufrir un revés por parte de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC). El regulador ha recomendado una reducción anual de las tarifas aeroportuarias del 0,59% en el periodo 2027-2031, lo que contrasta con la subida del 3,82% que planteaba AENA. Esto solo es el inicio de una larga batalla entre las aerolíneas y el gestor, y este último se guarda un comodín para hacer frente a una resolución futura desfavorable de la CNMC: una impugnación en la Audiencia Nacional.
El regulador ya ha mostrado sus cartas. Esta recomendación —a favor de los intereses de las compañías aéreas— previsiblemente se convertirá en una resolución vinculante en unos meses si las aerolíneas recurren las tarifas de AENA después de que esta haya hecho caso omiso a lo sugerido por la CNMC. De momento, la empresa participada en un 51% por el Estado piensa en el presente: «Este informe por la CNMC es uno de los trámites inherentes al proceso ordinario y que sigue su curso con normalidad hasta su finalización por resolución del Consejo de Ministros».
Aunque la aprobación de las tarifas aeroportuarias corresponde al Consejo de Administración de AENA (artículos 34.5 y 39.1 de la Ley 18/2014), esta estará pendiente de la resolución de los recursos que se interpongan contra las tarifas ante la CNMC y la impugnación de la empresa semipública de dicha resolución ante la Audiencia Nacional (donde se podría solicitar la suspensión cautelar de lo resuelto por la CNMC).
El artículo 39 de la Ley 18/2014, sobre los recursos de las compañías aéreas frente a la decisión de AENA de modificación o actualización de las tarifas aeroportuarias, especifica lo siguiente en los puntos uno y tres: «Las entidades y usuarios […] podrán recurrir ante la CNMC las decisiones de AENA sobre la modificación o actualización de sus tarifas aeroportuarias [y] las resoluciones de la CNMC en el ejercicio de esta función son vinculantes, sin perjuicio de los recursos que procedan ante la jurisdicción contencioso-administrativa».
Las aerolíneas alertan desde hace unos meses de que, si AENA aumenta las tasas, se reducirá el tráfico aéreo. Como informó este medio, el gestor ha perdido 300.000 pasajeros en vuelos nacionales por su pugna en este asunto en el último año. Desde el sector aéreo hay dos narrativas. La primera es la de las compañías, que subrayan que aumentar las tarifas aeroportuarias puede suponer un golpe en el precio del billete, un aspecto sensible para el regulador. La segunda es la de AENA, que defiende que el billete «solo subirá 43 céntimos (que representa la subida media anual de las tarifas)». Por último, otras voces autorizadas del sector remarcan que «los miles de millones en inversiones se trasladarán directamente al billete».
No es la primera vez que la CNMC corrige a AENA. La Sala de Supervisión Regulatoria ya se pronunció a favor de las aerolíneas en el último DORA (Documento de Regulación Aeroportuaria) que aprobó AENA para el periodo de 2022 a 2026 y propuso bajar un 0,44% anual las tarifas. El regulador esgrimió que la propuesta del gestor aeroportuario de aumentar las tasas un 3,29% anual hasta 2026 «no estaba justificada» y defendió «la sostenibilidad económica de la red aeroportuaria y el fomento de la recuperación del tráfico aéreo».
Ahora, las razones del regulador para bajar las tasas aeroportuarias en el actual DORA son las siguientes: «Revisar al alza las previsiones de tráfico (del 1,3% de AENA al 2,2%), en línea con las tendencias observadas y las estimaciones de organismos internacionales. Por consiguiente, el número de pasajeros alcanzaría los 366,7 millones en 2031, frente a los 346,7 millones estimados».
En segundo lugar, «reducir los gastos de explotación (opex) en 741,5 millones de euros». La propuesta de AENA plantea un crecimiento de costes muy superior al del tráfico, lo cual supondría asumir ineficiencias operativas que no estarían justificadas». Por último, «reducir el coste de capital (WACC) del 9% al 7,4%, según criterios alineados con la regulación europea y con la práctica en otros sectores económicos regulados por la CNMC».