La CNMC analiza el oligopolio creado por el Gobierno en el sector petrolero en 2026
El regulador supervisa posibles barreras de entrada y competencia desleal en el mercado de hidrocarburos
La presidenta de la CNMC, Cani Fernández. | EP
La Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) supervisa la situación que está teniendo lugar en el mercado petrolero en España desde principios del pasado febrero. Una orden del Ministerio de Hacienda ha limitado prácticamente a un selecto grupo de ocho operadoras la venta de combustible a gasolineras y transportistas. El regulador, según ha podido saber THE OBJECTIVE, «ha tomado conocimiento» de posibles barreras de entrada y competencia desleal en el mercado de hidrocarburos.
Desde hace unos meses, solo ocho compañías —Repsol, Moeve (antes Cepsa), BP, Galp, Meroil, Disa, Esergui y Dyneff— son consideradas para el sistema como «confiables», según ha trascendido de fuentes del sector. De hecho, no existe ningún listado oficial por parte de la Agencia Tributaria, lo que provoca una situación anómala en este mercado. El resto de empresas, 50, son «no confiables» para Hacienda y tienen que conseguir un aval o seguro de caución del 110% de la cuota de IVA de los dos últimos meses para poder operar.
Adquirir esa condición requiere de un músculo financiero del que la mayoría carece. Esto, según señalan en el sector, la limitación de oferta de producto a las estaciones de servicio supondrá la subida de precios del carburante. Ocurre además en un momento de tensión geopolítica con la amenaza real de una crisis de suministro de crudo. Este escenario ha creado una paradoja porque el organismo que se encarga de garantizar el petróleo en España, la Corporación de Reservas Estratégicas de Productos Petrolíferos (Cores), tiene a los ya mencionados 50 miembros tachados de sospechosos.
Hacienda es consciente de la dureza de su norma y trató de suavizarla a los pocos días de aprobarla con dos modificaciones. Así incluyó rebajar la cantidad de extracciones de 1.000 millones de litros a 500 millones para ser «confiable», para abrir la puerta a más compañías, y el periodo de contabilización de ese volumen de ventas ya no era el año natural anterior, sino los 12 meses naturales inmediatamente anteriores a la fecha de la solicitud. Pero a finales de ese mes el Congreso tumbó esa iniciativa, que iba incluida en un extenso real decreto con otras medidas distintas.
Fuentes del sector remarcan que en todo 2025 solo se han otorgado dos nuevos títulos de operador a dos empresas que se encargan de almacenamiento y biocombustibles, mientras que en 2026 no se ha concedido ninguna nueva licencia. Esta situación se da pese a la inhabilitación durante los últimos años a todas aquellas empresas sospechosas por parte de Transición Ecológica y se ha quitado el Redef a aquellos que no cumplían para Hacienda.
Entre el consumidor final y las operadoras con acceso a los depósitos fiscales para vender el combustible están los miles de intermediarios que son las gasolineras. Estas ni siquiera saben —o tienen acceso para saber— quiénes son «confiables» o «no confiables» en su propio sector. En concreto, hay cuatro tipos de estaciones de servicio: CoCo (propiedad y gestión de la petrolera), CoDo (propiedad de la petrolera y gestión de un particular), DoDo (propiedad de un particular y gestión del particular) y, por último, DoCo (propiedad de particular y gestión de una petrolera).
Dividir el mercado en confiables y no confiables no es la única medida criticada por el sector petrolero. Por ejemplo, la Agencia Tributaria mantiene el título clave para operar en el sector de los hidrocarburos a la petrolera del empresario huido de la Justicia, Alejandro Hamlyn, que se encuentra en Dubái (Emiratos Árabes Unidos) en búsqueda y captura. La empresa ha sido condenada por la Audiencia Nacional por fraude de IVA de 154 millones de euros y ha sufrido recientemente un embargo por parte de Hacienda de 152 millones de euros.
Por último, el regulador sigue de cerca el sector de los hidrocarburos. Sin ir más lejos, ha impuesto recientemente sanciones o desestimado incoar multas a las grandes compañías. Por ejemplo, el 3 de febrero de 2026, la CNMC multó con un total de 20,5 millones a varias empresas del Grupo Repsol y les prohibió participar en contratos públicos por incrementar los precios de venta mayorista a las gasolineras independientes (low-cost) —las que les compran el carburante— y, por el otro, aplicar descuentos a sus clientes en la venta minorista mediante tarjetas de fidelización y pago. Por otro lado, el 21 de abril el regulador acordó no incoar un procedimiento sancionador por posibles acuerdos en sus políticas de precios y posible abuso de su posición de dominio colectiva y archivar las actuaciones contra BP, Cepsa (actual Moeve) y Repsol.