El órgano que garantiza el petróleo en España tiene a 50 'socios' no confiables para Hacienda

A principios de marzo, la ministra de Transición Ecológica, Sara Aagesen, y su número dos, Joan Groizard, se reunieron con una señora de avanzada edad. Hablaba en voz baja frente a las cámaras y parecía no tener confianza con sus otros dos interlocutores: Juana María Navarro Lázaro, presidenta de la Corporación de Reservas Estratégicas de Productos Petrolíferos (Cores) y encargada de que se mantenga el suministro de petróleo en España. Una misión que se vuelve aún más relevante en este clima de tensión en Oriente Próximo.

Navarro fue elegida en el año 2020 para el puesto. Según la normativa, era para los próximos cinco años. Es decir, su mandato habría caducado. Fuentes del sector petrolero remarcan que no ha habido ninguna orden ministerial sobre su reelección y entienden que se encontraría en funciones. Sin embargo, el Ministerio lo niega. Por otro lado, fuentes conocedoras del funcionamiento interno de Cores señalan que «la reelección no es necesaria ni obligatoria».

Esta realidad añade más controversia a un organismo —tutelado por el Ministerio de Transición Ecológica— que tiene a 50 de sus 58 miembros etiquetados de «no confiables» para el Ministerio de Hacienda. Una decisión que surgió entre las múltiples medidas del Gobierno para combatir el fraude de IVA (impuesto sobre el valor añadido), pero que provoca, paradójicamente, que se incluya en la misma bolsa a compañías que cumplen rigurosamente con sus obligaciones fiscales con otra que, por ejemplo, está condenada por la Audiencia Nacional por fraude de impuestos y tiene a su dueño huido de la Justicia en Dubái.

Por otro lado, uno de los vocales de la junta directiva (de 12 miembros) de Cores es el controvertido subdirector de hidrocarburos, José Luis Cabo. Durante su etapa al frente de esta subdirección, que tiene la competencia de conceder licencias de fuel, ha tenido lugar el mayor estallido de casos de fraude de hidrocarburos. Un escenario que ha provocado un agujero de cientos de millones de euros para el Estado en los últimos años. Cabo mantuvo su puesto tras la salida de la ministra Teresa Ribera y la llegada de Sara Aagesen.

Los únicos ocho operadores «confiables» en España son: Repsol, Moeve (antes Cepsa), BP, Galp, Meroil, Disa, Esergui y Dyneff. Estos últimos tienen limitada la operativa en el mercado al por mayor de hidrocarburos porque tienen ahora nuevos obstáculos financieros, lo que ha provocado que el sector petrolero denuncie «competencia desleal» y augure subida de precios por «ser un oligopolio de facto».

Paralelamente, el Ministerio ha cerrado el grifo para dar los títulos de Redef (licencia necesaria para vender combustible de los depósitos fiscales a las gasolineras). En 2023 —el ejercicio en el que el fraude alcanzó su mayor dimensión—, el Ministerio concedió 17 nuevos títulos. En 2024, la cifra se redujo a nueve y a solo dos en 2025. En lo que va de 2026, por ahora no se ha registrado ninguna nueva incorporación, pese a que hay una demanda de empresas que quieren obtenerlo.

Toda esta situación se da en plena crisis de suministro por la guerra de Irán. En el último informe de la Agencia Internacional de la Energía (AIE) se alertó de que «más de diez semanas después del inicio de la guerra en Oriente Próximo, las crecientes pérdidas de suministro en el estrecho de Ormuz están agotando las reservas mundiales de petróleo a un ritmo récord […] con el tráfico de buques petroleros en el estrecho de Ormuz aún restringido, las pérdidas acumuladas de suministro de los productores del Golfo ya superan los mil millones de barriles, con más de 14 millones de barriles diarios de petróleo paralizados, lo que representa una crisis de suministro sin precedentes».

España, al igual que el resto de países pertenecientes a la Unión Europea, tiene suscritas las obligaciones de mantenimiento de existencias de seguridad de productos petrolíferos, así como la participación en las acciones colectivas en caso de crisis de suministro desde su doble condición de miembro de la Agencia Internacional de la Energía y miembro de la Unión Europea.

La Asamblea General está constituida por los representantes de todos los miembros de Cores, es decir, todos los operadores al por mayor de productos petrolíferos (los 58 mencionados) y los comercializadores de gas natural que operan en España. El Gobierno anunció el 17 de marzo una liberalización de 11,5 millones de barriles de petróleo (12,3 días de consumo nacional). Una primera, inmediata, tuvo un volumen equivalente a cuatro días de consumo. Pero desde entonces no ha habido novedades.