Bruselas sitúa a España entre los países con menor competencia en contratación pública
La Comisión Europea alerta de más contratos con un único licitador y mayor uso de procedimientos poco competitivos
La presidenta de la Comisión Europea, Ursula Von der Leyen. | EP
España figura entre los países europeos con peores indicadores de competencia en contratación pública. Los indicadores del Single Market Scoreboard apuntan a problemas de competencia, apertura y eficiencia administrativa. El principal indicador de alerta es el porcentaje de contratos adjudicados con un único licitador, según el análisis efectuado por THE OBJECTIVE. España registra un 33% de expedientes con una sola oferta válida en los contratos reportados a la plataforma europea TED, frente al 28% de media de la Unión Europea. Bruselas utiliza este parámetro como uno de los principales termómetros de competencia efectiva, ya que cuando una administración recibe una única propuesta, desaparece la presión competitiva sobre precios y condiciones económicas.
Los datos nacionales apuntan incluso a niveles superiores de falta de competencia. La Oficina Independiente de Regulación y Supervisión de la Contratación (OIReScon) sitúa en el 44,8% el porcentaje de contratos adjudicados con una única oferta en el sector público estatal español, con una media de apenas 2,77 licitadores por expediente y rebajas económicas cercanas al 10,7%.
Los datos comunitarios reflejan además un mayor recurso a procedimientos menos abiertos. España presenta un 8% de contratos sin convocatoria pública previa, frente al 6% europeo. Aunque este tipo de procedimientos está previsto legalmente para supuestos excepcionales, distintos organismos supervisores llevan años alertando de un uso recurrente de fórmulas que reducen la concurrencia empresarial.
Contratos negociados sin publicidad
La Comisión Europea considera además que la baja concurrencia limita la capacidad del sistema para generar ahorro y detectar precios de mercado competitivos. Cuando las licitaciones reciben pocas ofertas, aumenta el riesgo de concentración empresarial y se reduce la presión sobre las administraciones para obtener mejores condiciones económicas. Bruselas utiliza estos indicadores como una referencia para evaluar la eficiencia y el grado de apertura de los mercados públicos nacionales dentro del mercado único europeo.
Los análisis publicados por THE OBJECTIVE a partir de datos de OIReScon muestran que el volumen adjudicado mediante procedimientos negociados sin publicidad superó los 21.000 millones de euros en el último trimestre de 2025. Desde comienzos de 2022, el importe acumulado de contratos adjudicados por esta vía ronda ya los 35.500 millones.
La concentración del gasto público en los últimos meses del año constituye uno de los factores que más preocupa a los supervisores. La necesidad de ejecutar crédito presupuestario antes del cierre del ejercicio favorece mecanismos más rápidos y menos competitivos, desplazando parte de los procedimientos ordinarios de contratación.
Oferta económica y criterios subjetivos
La Comisión Europea también sitúa a España por debajo de la media comunitaria en apertura del mercado público. El volumen de contratos publicados en TED —la plataforma oficial europea de licitaciones— representa apenas el 3,2% del PIB español, frente al 5,8% de media en la UE. Este indicador mide el grado de exposición de los contratos a la competencia europea y la capacidad del sistema para atraer operadores distintos.
Mientras, en España solo el 19% de los procedimientos se resuelven priorizando la oferta más barata, frente al 54% de media europea. El dato refleja un modelo donde los criterios técnicos y subjetivos tienen una relevancia muy superior a la habitual en otros países comunitarios.
El Tribunal de Cuentas y la propia OIReScon han advertido además del impacto que tiene la baja competencia sobre la capacidad de control del gasto público. Cuando los contratos reciben pocas ofertas, la Administración pierde referencias de mercado para evaluar si el precio adjudicado resulta razonable o si existen márgenes suficientes de ahorro.
Baja competencia
Los problemas de competencia se trasladan también al ámbito de los recursos especiales en contratación. Desde 2019 se han presentado cerca de 28.000 recursos contra licitaciones públicas en España. Sin embargo, apenas tres de cada diez terminan modificando o anulando las decisiones recurridas, mientras que una parte relevante son desestimados, inadmitidos o archivados, según los datos agregados de OIReScon.
La Comisión Europea incorpora igualmente indicadores de participación empresarial que sitúan a España por debajo de la media comunitaria. Las pequeñas y medianas empresas representan alrededor del 55% tanto de los adjudicatarios como de las ofertas presentadas, mientras que la media europea supera el 70%. La baja presencia de pymes constituye uno de los factores que Bruselas asocia con mercados públicos menos competitivos y más concentrados.
Por su parte, España tarda de media 110 días en resolver contratos públicos, frente a los 74 días del conjunto de la UE. La lentitud incrementa los costes administrativos, reduce el atractivo para empresas pequeñas y dificulta la entrada de nuevos operadores. El Tribunal de Cuentas Europeo ya advirtió de que el porcentaje de contratos con un único licitador en la UE prácticamente se duplicó en la última década, pasando de alrededor del 23% al 42%.