Un millón de temporales y funcionarios interinos pugnan por una plaza fija o una indemnización
El Supremo limita la fijeza automática en el sector público y el TJUE duda de que España sancione el abuso de eventuales
Las asociaciones de interinos consideran que parte de las decisiones del Gobierno no solucionan el problema de fondo. | Europa Press
Cerca de un millón de funcionarios interinos y trabajadores temporales mantienen abierta una de las mayores batallas laborales y judiciales del sector público español. El debate ya no gira únicamente en torno a la posibilidad de lograr una plaza fija tras años encadenando contratos temporales, sino también sobre el alcance de las indemnizaciones que podrían reclamar decenas de miles de empleados públicos por abuso de temporalidad después de las últimas resoluciones europeas y de la nueva doctrina del Tribunal Supremo.
El conflicto, analizado por THE OBJECTIVE, afecta a perfiles muy distintos dentro de las administraciones públicas. Bajo la etiqueta de «interinos» conviven funcionarios temporales de educación, justicia o comunidades autónomas; personal estatutario de la sanidad pública; trabajadores laborales temporales de ayuntamientos, universidades y empresas públicas; y empleados declarados «indefinidos no fijos» por los tribunales. Muchos llevan hasta 15 años ocupando plazas estructurales sin consolidar su situación laboral mientras las administraciones retrasaban oposiciones o utilizaban fórmulas temporales para cubrir necesidades permanentes.
España sigue manteniendo una de las mayores tasas de temporalidad pública de Europa pese a las reformas impulsadas desde 2021. Distintas estimaciones oficiales y sindicales sitúan en cerca de un millón los trabajadores temporales dentro de las administraciones públicas. Sanidad y universidades concentran algunos de los niveles más elevados, con porcentajes que en determinados ámbitos rondan el 45% y el 48%.
La doctrina del Supremo
La nueva doctrina del Tribunal Supremo intenta ahora limitar el alcance de una regularización masiva de interinos, aunque reconoce que las administraciones incurrieron durante años en abuso de temporalidad. El alto tribunal rechaza convertir automáticamente en fijos a todos los empleados temporales porque considera que eso podría vulnerar los principios constitucionales de igualdad, mérito y capacidad en el acceso al empleo público. Sin embargo, sí abre la puerta a reconocer la fijeza en determinados casos concretos de trabajadores laborales temporales que hubieran superado procesos selectivos para acceder a plazas permanentes.
La resolución deja fuera a una parte importante del colectivo, especialmente funcionarios interinos que nunca superaron oposiciones completas. Esa limitación ha provocado una fuerte contestación dentro de plataformas de afectados, asociaciones de interinos y colectivos jurídicos que sostienen que la Justicia española sigue sin aplicar plenamente la doctrina del Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) sobre abuso de temporalidad.
El caso Obadal se ha convertido en el símbolo de ese conflicto. La cuestión prejudicial elevada por la propia Sala de lo Social del Tribunal Supremo preguntaba al TJUE si la figura española del «indefinido no fijo», las indemnizaciones limitadas o los procesos abiertos de estabilización cumplían realmente con la normativa europea para sancionar el abuso de temporalidad. La respuesta del Tribunal europeo fue especialmente dura con el modelo español.
La batalla de los interinos
El TJUE concluyó que mantener al trabajador en la figura del «indefinido no fijo» no elimina la precariedad porque sigue siendo una relación temporal y porque el empleado puede perder el puesto cuando la plaza salga a oposición. También cuestionó que las indemnizaciones topadas o los procesos de estabilización abiertos a cualquier candidato sirvan realmente para reparar el abuso sufrido durante años por quienes encadenaron contratos temporales sucesivos.
La sentencia europea intensificó además la presión política y social sobre el Gobierno con protestas en las calles. Plataformas como FijezaYa y asociaciones de interinos y colectivos vinculados han multiplicado las movilizaciones y concentraciones durante los últimos meses para exigir cambios legislativos que permitan reconocer la fijeza o establecer indemnizaciones suficientemente disuasorias. Estas plataformas han difundido de forma constante análisis jurídicos del caso Obadal, resoluciones judiciales y llamamientos a movilizaciones frente al Congreso para exigir el cumplimiento de las sentencias europeas y evitar nuevas sanciones de Bruselas contra España.
La Comisión Europea mantiene abierto desde hace años un procedimiento de infracción contra el Estado español. Mientras, el Tribunal de Justicia de la Unión Europea ha cuestionado en varias resoluciones si las medidas aprobadas por el Gobierno sancionan de forma suficientemente eficaz ese abuso. Bruselas vinculó además parte de las reformas del empleo público a los compromisos asociados al Plan de Recuperación y a los fondos europeos, mientras plataformas de interinos afectados sostienen que España seguirá sometida a una fuerte presión judicial y política desde las instituciones europeas si no endurece las medidas contra la temporalidad estructural en las administraciones públicas.
Los intentos del Gobierno
El Gobierno intentó reducir la temporalidad mediante la Ley 20/2021 y los grandes procesos extraordinarios de estabilización asociados a los compromisos con Bruselas. El Ejecutivo prometió reducir la temporalidad pública hasta el 8% mediante oposiciones masivas, concursos de méritos y consolidación de plazas ocupadas durante años por trabajadores temporales. Miles de empleados lograron estabilizar su situación, pero las cifras siguen mostrando una enorme dependencia del empleo temporal en sanidad, universidades y administraciones autonómicas.
Las asociaciones de interinos consideran además que parte de esas estabilizaciones no solucionan el problema de fondo porque muchos trabajadores afectados pueden perder finalmente su puesto frente a nuevos aspirantes en procesos abiertos. El TJUE cuestionó precisamente ese modelo al señalar que convocar oposiciones ordinarias abiertas a candidatos externos no constituye necesariamente una sanción eficaz frente al abuso de temporalidad.
La nueva doctrina del Supremo introduce la posibilidad de indemnizaciones adicionales para reparar el daño derivado de años de precariedad e incertidumbre laboral. Distintos despachos especializados y plataformas de afectados anticipan una oleada de reclamaciones tanto por plaza fija como por daños económicos derivados del abuso de temporalidad. La presión sobre las finanzas públicas será evidente.
Comunidades y ayuntamientos
El impacto preocupa especialmente a las comunidades autónomas, ayuntamientos y servicios sanitarios, que concentran gran parte del empleo temporal en España. Diversas asociaciones jurídicas y despachos especializados sostienen que las nuevas reclamaciones podrían elevar las compensaciones más allá de las indemnizaciones tradicionales por despido e incluir daños morales o perjuicios derivados de años de precariedad y abuso de temporalidad. La nueva doctrina del Supremo amenaza además con incrementar la litigiosidad en las administraciones públicas ante la posible oleada de demandas por estabilización e indemnizaciones.
La batalla de interinos y temporales se ha convertido así en un importante problema en el sector público. Las administraciones siguen funcionando con un millón de trabajadores temporales mientras la Justicia europea exige sanciones más eficaces. Por su parte, el Supremo intenta contener una regularización masiva y las plataformas de afectados intensifican la presión política y judicial para reclamar estabilidad laboral o compensaciones económicas cada vez mayores.